Un hombre de 61 años falleció en la madrugada de este sábado a raíz de un siniestro de tránsito ocurrido en el acceso a la ciudad de Quebracho, camino a la radial, a aproximadamente un kilómetro al oeste de la Ruta 3.
De acuerdo a la información recabada por EL TELEGRAFO, próximo a las 5.35personal policial fue alertado del hecho y, al arribar al lugar, constató la presencia de un motociclista sin signos vitales, junto a una moto Zanella matriculada en el departamento de Salto. En primera instancia no se logró ubicar a testigos presenciales ni se constató la presencia de otros vehículos involucrados.
La víctima fue identificada como José Gervasio Méndez Castro, de 61 años, y personal de ASSE confirmó su fallecimiento en el lugar.
La escena fue preservada hasta el arribo de efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes y recogieron diversos indicios que permitieron presumir la posible participación de otro vehículo en el siniestro.
Posteriormente, un conductor se presentó de forma voluntaria en dependencia policial. En el marco de la investigación, hay una persona identificada e implicada en el hecho, quien deberá declarar ante la Fiscalía de 2º Turno el próximo lunes 15.
La investigación continúa en la órbita judicial, por lo que oficialmente no se brindarán más detalles al respecto.
Múltiples desperfectos reportaron los dos vehículos que entraron en colisión en la tarde de este viernes en la intersección de las calles Florida y Guayabos.
Datos primarios obtenidos por EL TELEGRAFO en el lugar indican que por la primera de las calles mencionadas, en dirección oeste, se desplazaba el automóvil Ford Ka matrícula IAE 3546, conducido por un hombre mayor de edad, el que al llegar al cruce con Guayabos, impactó contra el automóvil Toyota Corolla IAE 4257, que circulaba en dirección sur, también conducido por un hombre mayor de edad.
La violencia del impacto determinó que los rodados registraran múltiples desperfectos, llevando la peor parte el que se desplazaba por Florida, al cual se le desprendió la piel del paragolpes delantero completo junto con el faro izquierdo. Intervino personal del Área de Respuesta Ciudadana, (ARP). Al no haber lesionados, se orientó a las partes sobre los pasos a seguir, destacándose que ambos vehículos contaban con el correspondiente seguro automotor.
Una motociclista sufrió fractura de tobillo cuando perdió el equilibrio conduciendo su vehículo por calle Joaquín Suárez, y fue a dar al exterior de una vivienda de la zona.
Sobre las 16.30 la mujer circulaba por Joaquín Suárez al norte y en determinado momento perdió el dominio del rodado y se desvió de la calle para ir a dar a la banquina y entrar al terreno de una vivienda, cayendo en el frente de la casa.
El accidente tuvo lugar en Joaquín Suárez entre Andresito y Éxodo, instancia en la que los vecinos, al percatarse del siniestro, acudieron inmediatamente en auxilio de la víctima. Se trasladó al lugar una unidad de emergencia móvil de SIET, cuyo personal constató que la mujer, de 68 años, había sufrido fractura de tobillo izquierdo, por lo que fue trasladada a Comepa para su atención.
Intervino en el hecho personal de la Seccional Tercera de Policía, procediéndose a la incautación del vehículo Yumbo Max matrícula ICU 4148 para efectuar las pericias técnicas y ante la carencia de seguro.
Por calle Zelmar Michelini hacia el sur circulaba el automóvil Nissan March, matrícula IAH 1336, conducido por un hombre. Al llegar a la intersección con Florida, entró en colisión con el automóvil Hyundai matrícula KRA 3170, también conducido por un hombre, quien transportaba un bebé de cinco meses. Este hecho dio lugar a que se solicitara intervención a una unidad de emergencia móvil para constatar el estado del bebé. Personal de la unidad de SIET constató que el pequeño no tenía lesiones, y por lo tanto fue dado de alta en el lugar.
Tomaron intervención en el accidente efectivos de Movilidad Urbana y del Area de Respuesta Ciudadana (ARP), en tanto la alcoholimetría practicada a los conductores arrojó resultados negativos.
Una investigación iniciada hace varios meses por unidades de la Policía Nacional permitió desarticular una estructura laboral presuntamente irregular que operaba en Paysandú y Salto, y que mantenía a más de medio centenar de trabajadores extranjeros en condiciones de alta vulnerabilidad.
En una conferencia realizada en la Jefatura de Policía de Paysandú, las autoridades brindaron detalles de la denominada Operación “Incaico”, que culminó –hasta el momento– con la formalización e imposición de prisión preventiva por 90 días a un ciudadano argentino, señalado como responsable de la organización de la cuadrilla de trabajadores.
En la instancia participaron el jefe de Policía, comisario general Alejandro Sánchez, el coordinador ejecutivo Leonardo Haiache do Prado y el fiscal de Segundo Turno, Joaquín Suárez, quienes expusieron de manera conjunta el alcance, los resultados preliminares y la proyección de una investigación que –según todos subrayaron– continúa abierta y que podría derivar en nuevas imputaciones.
TRABAJO SILENCIOSO DESDE JUNIO
El jefe de Policía explicó que la operación tuvo origen meses atrás, a partir de información proveniente de diferentes áreas de la Policía Nacional y de una denuncia anónima que alertaba sobre la posible presencia de ciudadanos peruanos en situación de vulnerabilidad laboral dentro del departamento.
“Esta es una investigación que arrancó allá por el mes de junio, con informaciones cruzadas… y comenzamos a trabajar directamente en esta operación que la denominamos ‘Incaico’ porque en primera instancia recibimos una denuncia anónima que indicaba que algunos ciudadanos peruanos podrían estar en situación de vulnerabilidad”, indicó Sánchez.
Agregó que, ante ese indicio inicial, se comenzó un análisis coordinado que fue sumando actores y permitiendo diseñar un operativo capaz de intervenir simultáneamente en distintos puntos. “Allí comenzamos a trabajar, liderada la investigación por el doctor Joaquín Suárez de Fiscalía de Segundo Turno, y más exactamente el martes, después de muchas horas de trabajo y análisis, con apoyo de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado, Interpol –que tuvo un rol importantísimo–, la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Trabajo, se llevaron a cabo tres allanamientos”. El jerarca destacó además las dificultades del despliegue operativo. “Quiero resaltar el compromiso y profesionalidad de todos los policías y funcionarios de las instituciones del Estado que trabajaron en un día complejo, con inclemencias climáticas y en terrenos muy difíciles. Aun así, se lograron los primeros objetivos, y a partir de allí comenzó la fase más intensa de la investigación”.
ALLANAMIENTOS EN SIMULTÁNEO
El fiscal Joaquín Suárez explicó que la operación se inició con dos allanamientos simultáneos, uno en un predio rural y otro en un inmueble industrial de Paysandú. Un tercer procedimiento se realizó en el departamento de Salto.
“Los allanamientos comenzaron con dos simultáneos: uno en un campo dedicado a la actividad cítrica y forestal, y otro en un inmueble industrial de la ciudad. Producto de estas actuaciones se individualizaron 52 trabajadores de origen extranjero, 14 de nacionalidad peruana y 38 de nacionalidad argentina, entre los cuales se encontraban también una mujer y un adolescente”, precisó.
De acuerdo con lo relevado por los equipos estatales, todos se encontraban en un contexto de vulnerabilidad que demandó una respuesta inmediata y coordinada. “Desde el primer momento tomamos como enfoque la protección de estas personas. Ayer, por ejemplo, se tomó declaración a 11 trabajadores peruanos, quienes ya prestaron testimonio en calidad de víctimas ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paysandú de 4º Turno, mediante Cámara Gesell”, explicó Suárez.
De forma paralela, y siempre bajo supervisión judicial, se dispusieron medidas de cierre de fronteras para personas vinculadas a la empresa investigada, aún no formalizadas, con el objetivo de asegurar su presencia en el país mientras continúan las diligencias.
La novedad más relevante se dio en la audiencia celebrada ante el Juzgado de Cuarto Turno, donde la Justicia accedió al planteo fiscal y dispuso la formalización de un ciudadano argentino, considerado uno de los responsables de la conducción de la cuadrilla. Se le imputó la presunta comisión del delito de reducción de personas a la servidumbre o trabajo forzoso, figura asociada a la trata laboral.
Asimismo, se decretó la prisión preventiva por 90 días, medida que el fiscal explicó como excepcional pero necesaria. “La formalización no implica una condena, y se mantiene la presunción de inocencia. Sin embargo, la sede compartió la valoración de Fiscalía respecto a riesgos concretos de fuga, de entorpecimiento de la investigación y la necesidad de asegurar la protección de las víctimas”.
En los procedimientos participaron equipos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, incluido el propio inspector general Luis Puig, la subinspectora general Andrea Bouret y dos equipos inspectivos.
Suárez destacó la importancia del aporte de estos equipos: “Sus conclusiones primarias sobre las condiciones ambientales y generales de trabajo fueron claves para sustentar decisiones inmediatas y orientar la investigación”.
El Ministerio constató múltiples irregularidades tanto ambientales como formales y 29 intimaciones de regularización por lo que se dispuso “la clausura preventiva de viviendas, comedores y servicios higiénicos, al considerarse inhabitables”.
De acuerdo con la información oficial, los trabajadores eran captados desde el exterior, trasladados hasta la frontera y luego conducidos hacia los lugares de actividad en Uruguay, con alojamiento proporcionado por la empresa. Suárez indicó que se detectaron “elementos de control sobre el desarrollo de la actividad y condiciones completamente inadecuadas, lo que agrava la situación”.
ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS
La Unidad de Víctimas de Fiscalía estuvo presente desde el inicio, brindando información sobre derechos, asistencia emocional, coordinación de alimentación y alternativas de alojamiento.
Suárez subrayó que varios de los ciudadanos peruanos expresaron su voluntad de regresar a su país, motivo por el cual se les tomó declaración anticipada. En el caso de los trabajadores argentinos, se avanza en la coordinación para registrar sus testimonios con las mismas garantías.
A pesar de los avances, las autoridades insistieron en que la investigación continúa activa y que se analizan más responsabilidades. “Hay múltiple evidencia documental y digital incautada durante los allanamientos, y hay diligencias ya planificadas. Lejos de ser un cierre, es un punto de avance relevante dentro de una investigación que recién está tomando forma”, afirmó Suárez.
El jefe de Policía, por su parte, remarcó el rol del Estado en su conjunto. “El Estado estuvo presente desde el primer momento, con todas sus instituciones trabajando en coordinación para proteger a las personas y garantizar que situaciones como estas sean investigadas con el rigor que corresponde”, concluyó.
Un siniestro de tránsito motivó la intervención policial en la tarde de la víspera, pasadas las 18.30, en la intersección de Independencia y Río Negro.
Según información recabada por EL TELEGRAFO, una mujer circulaba al norte por Independencia conduciendo una Fiat Strada, matrícula IAF 3787, en la cual viajaban también dos niños como acompañantes. Al llegar a la bocacalle con Río Negro continuó la marcha dado que contaba con preferencia de paso, momento en que fue impactada violentamente por un Suzuki, matrícula SBZ 8640, guiado por un joven de 18 años que se desplazaba hacia el Este.
Como consecuencia del choque, el automóvil se desvió de su trayectoria e impactó contra un árbol de la vereda, presentando importantes daños en todo su frente.
Asimismo, la camioneta presentó daños en el costado izquierdo, principalmente en la zona de la puerta del conductor y el guardabarros. Efectivos policiales acudieron al lugar y constataron lo sucedido. Al no registrarse personas lesionadas, los uniformados orientaron a los involucrados sobre los trámites administrativos y de seguros a seguir.
En el marco del cierre de la operación “Incaicos”, que se viene desarrollando desde hace varios meses, la Policía sanducera llevó adelante en la jornada del martes dos allanamientos simultáneos en distintos puntos del departamento, con el objetivo de desarticular una red que operaba con graves irregularidades laborales y presunta explotación de trabajadores migrantes.
Según pudo saber EL TELEGRAFO, los procedimientos –uno en un predio rural y otro en un inmueble de tipo industrial– permitieron constatar la presencia de al menos 52 ciudadanos extranjeros, entre ellos 14 peruanos y 38 argentinos, incluidos una mujer y un adolescente, quienes habrían estado cumpliendo tareas en condiciones precarias, sin registro y bajo supervisión de personas ya identificadas por la investigación judicial.
“La investigación comenzó por una denuncia anónima por presuntas irregularidades laborales que afectan a trabajadores migrantes en un establecimiento rural del departamento.
Ayer se hicieron dos allanamientos —uno en un predio rural y otro en un inmueble industrial— con intervención de la Jefatura de Policía de Paysandú, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Interpol Uruguay y la Unidad de Víctimas. Se identificaron 14 peruanos y 38 argentinos, dentro de los que se incluyen una mujer y un adolescente”.
El fiscal agregó que en el día de hoy se recibió declaración, bajo modalidad de Cámara Gesell, a 11 trabajadores de nacionalidad peruana, en carácter de víctimas de presunta explotación. Asimismo, confirmó que se impusieron medidas limitativas de cierre de fronteras a dos imputados aún no formalizados, vinculados a la dirección de la empresa investigada, con el objetivo de asegurar su presencia y sujeción al proceso.
Permanece detenido
En los procedimientos también se logró la detención de una persona, cuya situación procesal será definida en una audiencia judicial prevista para mañana. Otras personas fueron emplazadas a declarar mientras continúa el análisis de documentación incautada, registros laborales y testimonios de presuntas víctimas.
De acuerdo con fuentes consultadas, la magnitud del caso motivó una estrecha coordinación entre Fiscalía, Jefatura de Policía de Paysandú, MTSS, Interpol Uruguay y equipos especializados en atención a víctimas, dada la posible vulneración de derechos laborales, eventual trata con fines de explotación y la participación de extranjeros en condiciones de informalidad.
El fiscal adelantó que hoy está prevista una conferencia de prensa, donde se brindarán más detalles sobre la operación, las líneas de investigación que permanecen abiertas y los pasos a seguir en el proceso judicial.
Las autoridades informarán además sobre las condiciones en que fueron hallados los trabajadores, el rol de los responsables de la empresa investigada y el alcance que podría tener el caso, considerado uno de los más relevantes del último tiempo en materia de irregularidades laborales con migrantes en la región.
Un hombre de 58 años, identificado por sus iniciales O.R.K.M., fue formalizado con 90 días de prisión preventiva por la presunta comisión del delito de almacenamiento de material pornográfico que involucra a personas menores de edad. La decisión fue adoptada por el Juzgado Letrado en lo Penal de Cuarto Turno el pasado 5 de diciembre, tras una audiencia en la que se expusieron los avances de la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada en 2024. Según información proporcionada a EL TELEGRAFO, el caso comenzó a tomar forma cuando la denuncia inicial derivó en una serie de actuaciones a cargo del Departamento de Delitos Sexuales del Área de Investigaciones, con el apoyo de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género. A partir del análisis preliminar del caso, la Fiscalía solicitó medidas de investigación más profundas, que derivaron en un allanamiento al domicilio del indagado.
En la vivienda se incautaron diversos soportes y dispositivos electrónicos, entre ellos computadoras, unidades de almacenamiento portátil y teléfonos celulares, que serán sometidos a pericias técnicas especializadas con el fin de determinar la cantidad, tipo y antigüedad del material encontrado, así como posibles vínculos con otras investigaciones en curso, tanto a nivel departamental como nacional. Las fuentes consultadas indicaron que el procedimiento se llevó adelante en horas de la mañana, en un operativo que contó con la presencia de personal técnico y funcionarios capacitados en la preservación de evidencia digital, dada la sensibilidad del material involucrado. Desde la Jefatura de Policía de Paysandú se destacó la relevancia de estas actuaciones, subrayando que constituyen “una herramienta fundamental en la protección de niñas, niños y adolescentes, así como en el combate a cualquier forma de explotación sexual”.
Asimismo se remarcó que la investigación se enmarca en una línea de trabajo que ha permitido, en los últimos años, identificar situaciones que anteriormente quedaban ocultas debido al manejo virtual del material ilícito. La causa continúa ahora bajo la órbita de la Fiscalía y del propio Juzgado de Cuarto Turno, que mantendrán las actuaciones en estricta reserva dada la naturaleza del delito y la necesidad de preservar la integridad de eventuales víctimas. Durante los 90 días de prisión preventiva, la Fiscalía deberá avanzar en el análisis de la evidencia digital, determinar responsabilidades y evaluar si corresponde solicitar una acusación formal. Fuentes allegadas al caso señalaron que las pericias técnicas pueden extenderse varias semanas, dado el volumen de dispositivos incautados y la necesidad de rastrear el origen del material, su eventual distribución y posibles conexiones con otras personas. La Jefatura reiteró, además, la importancia de realizar denuncias ante cualquier indicio relacionado con explotación sexual o difusión de material que involucre a menores, recordando que la colaboración ciudadana ha sido clave para detectar situaciones que, de otro modo, podrían permanecer impunes.
En el marco del cierre de la operación “Incaicos”, que se ha venido desarrollando desde hace varios meses, la Policía sanducera llevó adelante en la jornada de ayer una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos del departamento, con el objetivo de desarticular una red que operaba en condiciones irregulares y presunta explotación laboral.
Según pudo saber EL TELEGRAFO, en los procedimientos se constató la presencia de al menos 50 ciudadanos extranjeros, en su mayoría de nacionalidad peruana, incluido un menor de edad, quienes habrían estado trabajando en condiciones precarias y en negro, bajo la supervisión de individuos que ya están siendo investigados por la Fiscalía.
Los operativos permitieron la detención de varias personas, mientras que otras resultaron emplazadas a declarar en el correr de esta jornada, a medida que avanza el análisis de la documentación incautada y los testimonios recabados por los equipos de investigación. De acuerdo con fuentes consultadas, la magnitud del caso llevó a las autoridades a coordinar acciones entre la Fiscalía de 2.º turno, la Jefatura de Policía de Paysandú y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que viene monitoreando de cerca la situación dada la posible vulneración de derechos laborales y la intervención de extranjeros en situación de informalidad.
Está prevista la realización de una conferencia de prensa en la sede de la Jefatura de Policía de Paysandú durante la presente jornada. La hora será confirmada oportunamente, aunque se espera que las autoridades brinden detalles sobre el alcance de la operación, las condiciones en que se encontraban las personas afectadas y los pasos a seguir en el proceso judicial.
Un grave siniestro de tránsito ocurrido en una ruta de Brasil durante una tormenta dejó en estado reservado a la esposa del intendente de Colón (Entre Ríos). La mujer fue intervenida quirúrgicamente y trasladada a Porto Alegre para recibir atención especializada.
El intendente José Luis Walser resultó ileso, al igual que sus hijos, excepto una menor de edad que aguarda una intervención médica.
La Municipalidad de Colón informó que el siniestro ocurrió durante un viaje oficial y pidió oración por la pronta recuperación de la familia afectada.
El director de Agesic, Daniel Mordecki, alertó que la ciberdelincuencia se volvió un canal horizontal que da soporte a delitos como narcotráfico, trata de personas, robos y contrabando, que recurren al mundo digital para operar.
Señaló que, aunque Uruguay está “bien ranqueado”, las amenazas crecen de forma sostenida. En la primera mitad de 2025 se registraron más incidentes que en todo 2024, mientras las estafas aumentaron 2.000%, desplazando a las rapiñas.
Mordecki sostuvo que el mito del “hacker experto” es falso y que muchas estafas se realizan siguiendo simples tutoriales. Destacó la necesidad de respuestas específicas para acoso, bullying, estafas a adultos mayores y otros fenómenos.
Informó que un grupo interinstitucional, integrado por Interior, Industria, ANEP, Ceibal, BROU y el Banco Central, trabaja en prevención, mitigación y persecución del delito digital.
Aunque el país está bien posicionado, advirtió que la ciberseguridad exige reforzarse constantemente ante el aumento global de amenazas.
Un hombre de 28 años sufrió lesiones que requirieron de atención médica en un accidente de tránsito próximo a las 12.30 de la víspera, en uno de los cruces que registra más hechos de este tipo. En base a los datos recabados por EL TELEGRAFO, se dirigía a bordo de la motocicleta Yumbo City, con matrícula ICQ 106, por avenida Soriano al Este. En tanto, por calle Montevideo al sur se dirigía la camioneta Fiat Strada Volcano, empadronada como IAG 9844, que conducía una mujer, la cual al llegar a la avenida continuó la marcha, por lo que rozó a la moto.
A raíz de esto el motociclista cayó sobre la vereda sureste, a pocos metros del ingreso de un comercio, donde quedó su moto con importantes desperfectos. Asimismo, el hombre experimentó varios traumatismos y un corte con profuso sangrado en la zona de la cadera, provocado al caer sobre un caño metálico recortado junto a la base de un cartel publicitario. De acuerdo al testimonio de vecinos de la zona a este medio, fueron sorprendidos por los gritos de dolor del motociclista, quien fue prontamente fue asistido por particulares que dieron aviso al 911; a la vez que volvieron a insistir en la necesidad de contar con semáforos en el peligroso cruce.
Por su parte, al arribo de efectivos del Grupo de Respuesta Táctica se solicitó una ambulancia. Una vez examinado por médicos de UCEM, el motociclista fue diagnosticado con politraumatismos y derivado al servicio de urgencias del Hospital Escuela del Litoral “Galán y Rocha”.
Una mujer de 52 años resultó con lesiones al sufrir un accidente de tránsito minutos antes de las 12 de la víspera en el cruce de bulevar Artigas y Charrúas. En base a los datos recabados, se dirigía por Charrúas al oeste a bordo de la motocicleta Zanella ZB 110 cc, patente ICU 3923. Al llegar a la intersección señalada y ser habilitada por el semáforo continuó la marcha, ocasión en que colisionó contra la puerta derecha de la camioneta Ford F100, con matrícula IAA, que se dirigía hacia el norte. De acuerdo a lo indicado por el conductor de ésta última, pensó que le daba el tiempo para cruzar sin problemas, y al ver el cambio de luz del semáforo aplicó los frenos pero no logró evitar el siniestro. Como consecuencia, la mujer requirió asistencia médica. Al arribar, efectivos de la Comisaría Quinta –en apoyo a sus pares– pidieron la colaboración de una ambulancia. Examinada bajo lluvia por un facultativo de SIET, la motociclista fue diagnosticada con politraumatismos, por lo cual fue trasladada hacia el servicio de urgencias del Hospital Galán y Rocha.
Un hombre y una mujer resultaron ilesos en un siniestro de tránsito en el kilómetro 22 de la ruta 90. De acuerdo a lo recabado por EL TELEGRAFO, el hecho ocurrió próximo a las 18.30 de la víspera al oeste de Estación Porvenir cuando la pareja circulaba a bordo de la camioneta Renault Oroch, con matrícula MAK 4757, por la citada ruta al Este. En determinado momento fueron sorprendidos por un ciervo que salió de entre los pastizales a la vera de la ruta, al cual no lograron evitar embestir. El animal impactó con su cuerpo en el parabrisas, del lado del acompañante, al cual le causó daños y se perdió de vista. Pese al susto, los ocupantes de la camioneta no presentaron lesiones, aunque a la llegada de personal de la Comisaría Cuarta se pidió la presencia de una ambulancia para un chequeo. Por su parte, los policías indicaron los trámites administrativos a seguir.
Una mujer debió recibir asistencia médica tras un choque ocurrido en la zona Este de la ciudad, en la tarde de la víspera. Según datos recabados por EL TELEGRAFO, el hecho se produjo cuando circulaba en la motocicleta Mondial, matrícula ICN 223, por Felipe Argentó al sur. Al llegar a la intersección con Ayacucho continuó la marcha y se produjo el choque con el automóvil Renault 19, con matrícula NAS 1790, que era conducido por un hombre y se dirigía al oeste. El impacto –evidenciado en la parte delantera derecha del auto– causó que la motociclista experimentara lesiones, por lo que fue solicitada una ambulancia de SIET. Examinada, en primera instancia, fue valorada con politraumatismos y trasladada hacia el Hospital Galán y Rocha. En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera.
