Opinión

En los últimos días se ha conocido la noticia de que el exintendente departamental de Soriano y actual candidato a la reelección, Guillermo Besozzi, fue imputado por reiterados delitos de peculado (es decir, apropiación de dinero u objetos de los que están en posesión por su cargo de funcionario público), de tráfico de influencias, de concusión (funcionario público que abusa de su cargo para obtener un beneficio propio o de un tercero), de omisión de denunciar delitos, de abuso de funciones, y de cohecho calificado (aquel que, por retardar u omitir un acto relativo a su cargo o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo, recibe un beneficio). Hay, además, una treintena de personas también imputadas por esa trama de corrupción. Si bien todo indica que los hechos de apariencia ilícita están documentados, la investigación surge de hace varios años, aunque recién ahora surge la imputación al exintendente, a menos de un mes y medio de las elecciones municipales, para las cuales se postula.
Por otra parte, el desempeño de la fiscal actuante, Stella Alciaturi, fue puesta en duda por quienes afirmaron que la misma había realizado en el pasado posteos en las redes sociales que mostraban sus simpatías por el Frente Amplio. La fiscal de Corte Mónica Ferrero inició una investigación por estos posteos, según informó el periodista Eduardo Preve y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Fiscalía. Como si eso fuera poco, Nelson Rosa, integrante de la defensa del exintendente Besozzi, fue destituido de su cargo de juez en febrero de 2024 tras apropiarse de 20.000 dólares de una cuenta del Poder Judicial, informó el semanario Búsqueda. Según el portal de noticias M24 Rosa afirmó que “fue “humanamente imposible” responder a los tiempos que se propusieron para trabajar y preparar la defensa. Además de asegurar que la detención no correspondía, el exjuez apuntó en conversación con Subrayado a la falta de “igualdad de armas” que hubo al tener “sólo nueve horas para estudiar una carpeta de investigación hecha en cuatro años”.

El tema no es nuevo. En uno de nuestros editoriales del año 2024 hacíamos referencia a diversos episodios de corrupción política y reflexionábamos en el sentido que, “frente a esta situación, vienen a la cabeza de los ciudadanos dos instituciones que podrían dar una solución a la corrupción que practican muchos políticos uruguayos: el Poder Judicial por un lado (uno de los poderes del Estado) y la Fiscalía General de la Nación (FGN, responsable de la investigación y persecución penal de crímenes, delitos, faltas y atención de víctimas y testigos) por el otro. Lamentablemente tanto uno como el otro han faltado y faltan no solo a sus cometidos institucionales sino también al más mínimo decoro en el ejercicio de sus funciones, desamparando también a los ciudadanos “de a pie” a quienes se supone deberían servir. Con inocencia uno podría decir que falta sentido común en ambos ámbitos, pero cuando uno “afina el lápiz” en el análisis descubre que se trata de un plan muy claro y ajustado: proteger a toda costa a los políticos corruptos contando para ello con varios recursos, desde la prolongación innecesaria e injustificada de procesos hasta la imposición de penas que, en caso de no ser trágico, llamarían a la risa. Pensemos simplemente en los recientes casos del departamento Artigas que involucran a la familia Caram y a la exdiputada Valentina dos Santos.

En el caso concreto de Fiscalía, en octubre de 2023 esta misma página editorial se titulaba “La Fiscalía es un colador” y en ella se criticaba que la prensa accedía a información confidencial que en todos los casos perjudicaba a los dirigentes de la colación gobernante y no de la posición. En esa ocasión escribimos que La FGN tiene la palabra y no puede seguir jugando con los derechos y garantías de quienes viven en nuestro país. Por acción o por omisión, su desempeño ha sido, por lo menos, un motivo de vergüenza para el prestigio institucional de Uruguay. Es hora de que aparezcan los responsables y se tomen las medidas necesarias de una vez por todas”. La imparcialidad y la objetividad tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial son tan sólo recuerdos lejanos de un país que no existe más.

Es oportuno recodar que hace algunos años la magistrada Mariana Mota fue señalada porque habría participado en la Marcha del Silencio que cada 20 de mayo por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones sociales y políticas. El hecho fue revelado por el semanario “Búsqueda”. Según el semanario, “la jueza Mota estuvo conversando en la oportunidad con el doctor Óscar López Goldaracena (senador suplente de la lista 1001, padre intelectual de la anulación de la Ley de Caducidad y abogado de varias causas penales contra militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura)”. Si bien finalmente la Suprema Corte de Justicia archivó el caso de Mota y no la sancionó, fue clara al expresar que había incurrido en una inobservancia del artículo 12 del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial según el cual “El juez debe procurar evitar las situaciones que directa o indirectamente justifiquen apartarse de la causa”. Y tal deber ético no resultó observado por la Dra. Mota en la emergencia, en la obvia medida que su conducta puso en tela de juicio su imparcialidad provocando se solicitara su apartamiento de la causa”. La diferencia de la situación de la jueza Mota con los actuales casos de politización de jueces y fiscales es que ahora nadie, en el Poder Judicial o en la Fiscalía, tiene el coraje de tomar medidas. Por acción o por omisión estamos en la época del “vale todo” y los políticos lo saben y aprovechan.

Tampoco escapa a la moda de los “fiscales militantes” la exfiscal Gabriela Fosatti, quien investigó la causa Astesiano otorgando determinadas prerrogativas al expresidente Luis Alberto Lacalle en relación con las conversaciones que contenía su celular y que tampoco hacen a la calidad democrática del país. Al poco tiempo Fosatti abandonó la fiscalía para sumarse a militar en el Partido Nacional y posteriormente con el precandidato colorado Andrés Ojeda. Es verdad que en este caso Fosatti no estuvo sola y contó con la ayuda del exministro del Interior Luis Alberto Heber formulando declaraciones y asumiendo conductas que presionaban tanto a la Justicia como a la Fiscalía, lo que también sucedió en el caso del exsenador Gustavo Penadés, en el cual también se vio involucrado el expresidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde. En este último caso la organización Amnistía Internacional destacó que existen “diversas señales que muestran un debilitamiento que impacta de manera integral en el ejercicio de derechos civiles y políticos, así como también de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población del país, afectando el Estado de Derecho y sus instituciones”.

Si bien desde el Renacimiento, la Justicia se representa habitualmente como una mujer con los ojos vendados, con la espada en una mano, y la balanza, como imagen de equilibrio y equidad, en la otra, lo cierto es que el Poder Judicial en nuestro país y la Fiscalía dejan mucho que desear en ese sentido. Más que órganos imparciales que confluyen en instancias judiciales para correcta la aplicación de la justicia como valor y la ejecución de las decisiones adoptadas por los mismos, se trata de verdaderos clubes partidarios donde las cosas se deciden para beneficiar o perjudicar al adversario de turno. → Leer más

Desde el pasado fin de semana, se ha informado sobre la existencia de varias amenazas de bomba, así como también sobre la amenaza de un atentado. Se trata de hechos que nos son poco comunes y que han ocasionado múltiples inconvenientes en el funcionamiento habitual de diferentes shoppings de la capital, así como, en la víspera, en los distintos servicios y sedes de la Universidad de la República (UdelaR) en todo el país.
Según lo informado oficialmente por la UdelaR, en la madrugada del miércoles 26 de marzo, el Rectorado de la Universidad de la República recibió una amenaza de atentado por correo electrónico. De acuerdo con lo que trascendió a la prensa, en la misiva, una persona amenazaba con dirigirse a alguna sede de la UdelaR para matar a la mayor cantidad posible de personas.

En consecuencia, las autoridades universitarias radicaron la denuncia policial, lo que desencadenó la inmediata actuación del Ministerio del Interior. Asimismo, se decidió suspender las actividades centrales hasta las 13 horas y se exhortó a suspender las actividades en todos los locales universitarios hasta la misma hora, en la medida en que las razones de servicio lo permitieran y no afectaran la atención esencial. En la práctica, esto implicó el desalojo de las diferentes facultades y servicios universitarios, con la suspensión de las actividades académicas y el cierre de los edificios.
Previamente, se habían recibido amenazas de bomba en un liceo de Montevideo y, durante el fin de semana, otras dos en Montevideo Shopping y una en el shopping de Punta Carretas. También se registraron amenazas en el centro comercial Portones Shopping y en el edificio anexo de la Facultad de Medicina, a lo que se sumó la advertencia de atentado recibida por el Rectorado de la UdelaR, mencionada anteriormente.
Si bien en ninguno de estos lugares la Dirección Nacional de Bomberos encontró explosivos y, afortunadamente, hasta el momento tampoco han ocurrido incidentes con armas en sedes universitarias, dada la trascendencia de estos hechos, las autoridades se han referido oficialmente a la situación.

En la conferencia de prensa realizada en la víspera, el director nacional de Policía, José Manuel Azambuya, informó que se están investigando todas las hipótesis y que la fuerza está en plena alerta debido a estos hechos, a la vez que se trabaja en conjunto con Fiscalía para monitorear e investigar las amenazas. “Entendemos que no podemos permitir que se perturbe la paz pública, ya sea en centros comerciales o centros de enseñanza. Hasta ahora no descartamos ni relacionamos estos hechos con algún grupo. Todas las hipótesis están siendo investigadas, y la Policía está en plena alerta”, explicó el director de la Policía Nacional.

Aunque, debido al desarrollo de las investigaciones, las autoridades no han proporcionado mayor información, se sabe que la Policía y la Fiscalía están trabajando en varias hipótesis para determinar la procedencia y autoría de las llamadas y amenazas recibidas.
A primera vista, parecería que, en los tiempos actuales, no debería ser tan difícil seguir el rastro de una llamada telefónica o de una dirección IP desde donde se envía una amenaza por correo electrónico. Sin embargo, lo cierto es que se trata de asuntos complejos y que, en la vida real –al menos en Uruguay– estas cuestiones suelen no esclarecerse con la celeridad que habitualmente vemos en las series y películas policíacas.
Tampoco es infrecuente la ocurrencia de amenazas de este tipo en nuestro país. Según informó Subrayado, en 2024 la Policía recibió 15.335 llamadas por bromas o insultos, de las cuales 101 fueron por amenazas de bomba. En el mismo período, hubo 9 llamados al 911 para advertir sobre la presencia de bombas en lugares que no eran centros educativos. De esos casos, cuatro fueron calificados como falsas alarmas y en otros cinco se encontraron elementos sospechosos, pero en ningún caso se hallaron explosivos.

La normativa establece que el Ministerio del Interior puede bloquear líneas telefónicas para evitar que se comuniquen al 911; el año pasado fueron bloqueados 12 números de teléfono o celulares. Además, la Ursec puede cortar definitivamente la línea como consecuencia de este tipo de llamados, que despliegan operativos y afectan el tiempo de respuesta de Bomberos.

Por otro lado, la normativa vigente prevé que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) imponga una multa de entre 10 UR y 100 UR (de $18.000 a $181.000) a quienes utilicen los servicios de emergencias para hacer llamadas falsas o bromas.
Sin embargo, no siempre se trata de simples bromas sin mayores consecuencias. Como se recordará, el año pasado un adolescente de 14 años, detenido en un allanamiento en el departamento de Rocha, fue formalizado por atentado contra la integridad del territorio nacional –una infracción gravísima a la ley penal– después de afirmar que iba a ocurrir un ataque en “un lugar que reuniera mucha gente”.

Los sanduceros tampoco podemos olvidar el brutal asesinato de nuestro coterráneo y muy apreciado vecino David Fremd, conmemorando nueve años del hecho el pasado 8 de marzo, aunque en este caso no hubo amenaza previa. David murió solo por el hecho de ser judío, algo inimaginable en el Uruguay de ese momento, pero que hoy, debido a la fuerza de los hechos, nos obliga a considerar como plenamente posible.
Entonces, ¿son bromas o hechos que debemos asumir como posibles las amenazas de bombas y atentados recibidas estos días? ¿Por qué ocurren tantas en tan poco tiempo? ¿Qué se pretende con ellas? ¿Alguien se está divirtiendo con estas, quizás, “falsas alarmas” o se está probando el sistema de respuesta, sobrecargándolo y estresándolo, obligando a la Policía y a los Bomberos a movilizarse constantemente, como conjeturó el exministro del Interior Nicolás Martinelli? Y si fuera esto último, ¿con qué objetivo? Son preguntas válidas que nos hacemos hoy los ciudadanos uruguayos y que requieren respuestas certeras, basadas en investigaciones exhaustivas, seguidas de la identificación de los responsables y la aplicación de las sanciones correspondientes con todo el peso de la ley. Y en este caso sí, la sanción no puede ser una broma, sino contundente como para dejar claro que con la seguridad pública no se juega.

Porque este tipo de situaciones también daña la imagen del país hacia el exterior y, fundamentalmente, porque queremos seguir viviendo con la tranquilidad de que nuestros jóvenes estarán seguros en las aulas y de que cualquier persona pueda ir a hacer sus compras o trabajar en un comercio sin temor a no volver. Claramente, no es ese el Uruguay que queremos. → Leer más

La Universidad Tecnológica (UTEC) dio a conocer “UTEC 2030, una hoja de ruta para consolidar el impacto de la Universidad Tecnológica en el país”, al que presenta como el resultado “de un proceso que combinó análisis prospectivo, revisión de evidencia, escucha e interpretación colectiva, y diálogos abiertos”, y que pretende marcar los próximos pasos en el crecimiento de una institución joven pero con un perfil muy interesante por todo lo que supone para el país, pero en especial para el Interior.

UTEC abrió sus puertas en 2014 con dos carreras y 40 estudiantes. Solo diez años después cuenta con 31 propuestas educativas de pregrado, grado, posgrado y formación continua, con presencia en 11 departamentos y una comunidad de más de 4.500 estudiantes provenientes de 260 localidades de todo el país. Su crecimiento territorial ha impactado en la composición y distribución del estudiantado.

Como prueba de ello, indica el informe que en 2023 “el 40% de los estudiantes de la UTEC estaban vinculados al ITR (Instituto Tecnológico Regional) Suroeste, el 30% al ITR Centro-Sur, el 20% al ITR Norte y el 10% al ITR Este”, datos que demuestran “el impacto progresivo de la expansión territorial de UTEC”, en la medida que hay una correlación entre la temporalidad histórica del desarrollo de la oferta educativa en cada región. Dicho de otra manera, los ITR más viejos son los que más incidencia tienen. En 2024, 6 de cada 10 estudiantes matriculados residían en localidades donde UTEC tiene presencia física, con lo que se evidencia que el impacto excede el punto geográfico donde se ubica una sede de la institución.
Reconoce, sin embargo, que a pesar de estos avances, “departamentos como Artigas, Flores, Treinta y Tres, Rocha y Lavalleja representaron menos del 4% de la matrícula total de la UTEC en 2023”.

En este UTEC 2030 la institución se plantea al ambicioso desafío de “consolidarse como un socio clave en el desarrollo sostenible, inclusivo y productivo del Uruguay”, y en esta hoja de ruta se marcan los caminos a transitar, el plan estratégico es “el marco que orientará el crecimiento de la universidad en un contexto de transformaciones aceleradas, alineando su visión con las demandas emergentes del país”.
El documento plantea una serie de metas a concretar en la fecha aludida, entre ellas la de “alcanzar los 10.000 estudiantes y duplicar el número de egresados, expandir la presencia física de UTEC de 11 a 15 departamentos y llevar la educación superior tecnológica a comunidades históricamente postergadas”. Otras de las metas planteadas en el documento es “consolidar a UTEC como un actor clave en investigación en el Interior” y anticipa que “se fortalecerá la investigación con misión en todas las regiones, impulsando la transferencia tecnológica y el desarrollo de soluciones en tecnologías de la información, inteligencia artificial, robótica, logística, bioeconomía, biociencias alimentarias, energía, turismo e industrias creativas, entre otras”.

Pretende, además, consolidar “cinco agendas territoriales de I+D+i (investigación, desarrollo, innovación) alineadas con las necesidades del país y se promoverán espacios de referencia global en agua y tecnologías emergentes, posicionando a UTEC y Uruguay en la frontera del conocimiento y la innovación”. Del mismo modo se estableció como una meta a cumplir hacia el final de esta década la de “impulsar ecosistemas locales de innovación y emprendimiento, fomentar el desarrollo de emprendimientos y proyectos de triple impacto (social, económico y ambiental), articulando activamente con redes locales y regionales”, a la vez que “se fortalecerán los parques científicos y tecnológicos con presencia de UTEC, se expandirá la incubadora de iniciativas, y se promoverá la vinculación con actores globales para potenciar el impacto de la innovación y el emprendimiento en cada región”.
Estamos hablando de metas ambiciosas, pero especialmente de metas que se han planteado sin conocer las cartas con las que se contará para la partida, cartas que se van a repartir cuando se vote el próximo presupuesto nacional. Que le lleguen esas cartas dependerá de que se dé una primera señal para concretar la última de las metas referidas en el informe, que es la de “consolidar a UTEC como una política pública transformadora”.
Sin un gesto que ratifique que es esa la intención del gobierno, y más que del gobierno deberíamos decir “del Estado”, quizás todo este castillo se encuentre con que tiene una base no lo suficientemente sólida para la construcción que se está pensando. A la postre, como allí mismo declara, “UTEC 2030 es un llamado a gobiernos, academia, sector productivo y sociedad civil a sumar esfuerzos para ampliar oportunidades y construir un país más equitativo y con mayor bienestar para todos”.

Pero, además de toda esta planificación, hay otro objetivo que UTEC ha sabido cumplir con eficiencia, porque sin todo ese desarrollo que se ha logrado no se podría entender el esfuerzo que ha hecho la Universidad de la República (UdelaR) por incrementar su presencia en el Interior del país, una presencia que se históricamente se reconoció como un debe, que como tal siempre estuvo en los planes, pero que no se activó efectivamente hasta que nació esta segunda universidad pública con su impronta de establecerse prioritariamente fuera de las fronteras de la capital del país. → Leer más

Recientemente, y ante el inicio del nuevo período de gobierno, las principales cámaras empresariales alinearon sus propuestas para este período, sin que se reflejara en esta instancia ningún elemento removedor que no estuviera sobre el tapete en instancias anteriores, incluso en los sucesivos gobiernos que ha tenido el país desde hace más de una década.
Precisamente el temario incluyó la competitividad, las relaciones laborales y el objetivo de lograr un crecimiento económico más acelerado, entre otros temas, a la vez que paralelamente hasta ahora no hubo anuncios del gobierno que hayan generado preocupaciones, sobre todo porque en realidad todavía no los ha habido en general, y solo se cuenta con algunas pautas procedentes de dirigentes que emitieron su postura personal sobre determinadas problemáticas.

Esa fue la conclusión de los presidentes de la Cámara de Industrias, Comercio, Construcción y Asociación Rural (Leonardo García, Julio César Lestido, Alejandro Ruibal y Patricio Cortabarría, respectivamente), e incluso hubo coincidencias con el objetivo de mayor crecimiento de la actividad o con el planteo –no oficial– del ministro de Economía, Gabriel Oddone, de recorrer el camino de la desindexación en la próxima ronda de Consejos de Salarios. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y los ministros Oddone, Juan Castillo (Trabajo) y Fernanda Cardona (Industria) escucharon las voces empresariales en la mesa principal del almuerzo en el que participaron junto a los empresarios. Así, el discurso de Cortabarría mencionó los costos productivos y el endeudamiento del sector. En el primer caso apuntó a los combustibles y marcó que el gasoil y la nafta tienen los precios más altos de la región, impulsados en parte por la carga impositiva. “Esos sobrecostos erosionan la capacidad de competir”, indicó el presidente de la Asociación Rural. En segundo término, expuso que el endeudamiento del sector agropecuario había atravesado por una fase de estabilidad durante seis o siete años. En ese período las deudas se habían mantenido en el entorno de los U$S 2.000 millones, para pasar ahora a los U$S 4.000 millones, señaló.

Por su lado el titular de la Cámara de Industrias (CIU), Leonardo García, expuso que la gremial comparte un diagnóstico con el actual Poder Ejecutivo. “Uruguay tiene un problema de crecimiento que viene desde hace mucho tiempo. Y también un problema de competitividad”, precisó, al poner sobre el tapete una problemática que a esta altura ya es un déficit crónico del Uruguay, que ha sido trasladado a todos los gobiernos, solo que las respuestas hasta ahora han sido insuficientes por condicionamientos de la economía y cortoplacismos que no han permitido avanzar en estos intentos.

De todas formas, los empresarios se preocuparon de transmitir en la oportunidad su visión de que no puede existir un país que crezca sin una industria desarrollada y fuerte, y que para eso es necesario mejorar aspectos que contribuyan a mejorar la competitividad, como la rebaja de las tarifas públicas, la mejora de la eficiencia estatal y los incentivos fiscales.

Otro capítulo estuvo dedicado a las relaciones laborales. “Tanto los empresarios como los sindicatos tenemos que cambiar el paradigma de cómo nos relacionamos. No podemos seguir trabajando en una conflictividad permanente”, afirmó García, para acotar que la CIU defiende que en la negociación salarial se diferencien las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas en comparación con las compañías de mayor porte.
Lestido, por la Cámara de Comercio, también reivindicó un viejo reclamo empresarial: que los Consejos de Salarios se limiten a la fijación de los salarios mínimos por rama de actividad y las categorías laborales y que los sobrelaudos y otras condiciones de trabajo se negocien de manera bipartita.

Otro punto de coincidencia fue sobre la reducción de la jornada laboral. “Es imprudente pensar en reducir la carga horaria semanal. Provocaría un impacto negativo tanto en la competitividad como en el empleo”, dijo García. En la misma línea opinó Lestido. Desde su visión, la reducción de 48 a 40 horas de trabajo semanales sin pérdida de empleo resultaría en un aumento de costos para las empresas. “Algunas podrán trasladar (la reducción) a los precios, afectando el poder de compra de los consumidores. Muchas, sin esa posibilidad, verán comprometida su sustentabilidad y podrían volcarse a la informalidad”, sostuvo. También se mostró de acuerdo en avanzar en la desindexación salarial.
Ruibal, por la Cámara de la Construcción, expresó que el plan del actual gobierno se sustenta en el crecimiento económico y recordó que tanto Oddone como Cardona se refirieron a ese aspecto en sus discursos de asunción como ministros.

Más allá de algún reparo que pueda haber para alguno de estos puntos, en general hay coincidencia entre los economistas –no así en los políticos, más proclives a jugar para la tribuna y pensando en la siguiente elección– en cuanto al diagnóstico de los principales problemas de la economía del país, porque no hay elementos nuevos, solo que hasta ahora, salvo algún retoque menor, no se ha salido del diagnóstico y de algunas medidas aisladas que solo han arañado la cáscara de los problemas.

Las coincidencias sobre la falta de competitividad, los combustibles caros, el valor agregado caro en dólares, la ineficiencia del Estado, son todos argumentos en los que no hay discrepancias, pero las respuestas siguen faltando a la cita, y pasan los años y el país se debate en la inercia de lo que hay que hacer pero no se hace y las soluciones que se siguen dilatando.

En estos temas incursiona asimismo el economista Ignacio Munyo, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), en artículo del semanario Búsqueda, quien da cuenta sobre todo de la gran incidencia del escenario global sobre nuestra economía. Y sostiene que Uruguay creció cuando básicamente el viento soplaba a favor, “cuando sopló fuerte en contra sufrimos recesión y cuando el viento no sopló y fue neutro y hubo que remar, el crecimiento promedio es un uno por ciento anual, o sea estancamiento, que es de hecho, el de la última década”.
Es decir, por encima de la gestión de gobierno, siempre ha incidido el escenario internacional, como el viento a favor que tuvimos hasta el año 2014 aproximadamente, y luego el común denominador ha sido el estancamiento en una fase neutra, lo que da cuenta de los graves problemas estructurales del país, que prácticamente siguen sin tocarse.

Es este por lo tanto el gran tema, el del país caro que no tiene competitividad por una diversidad de aspectos que siguen vigentes, entre ellos el tamaño e ineficiencia del Estado, que es uno de los grandes factores estructurales que no puede desmontarse de la noche a la mañana, y que quiérase o no, es el gran obstáculo que van a tener Oddone y su equipo para el éxito de su gestión, como la han tenido los gobiernos anteriores.
Lo que nos deja como conclusión que, más allá de gestiones mejores o peores, cuando la economía de Uruguay creció, fue, como señala Munyo, solo porque tuvimos viento internacional a favor como contrapeso de nuestros serios problemas estructurales. Que están hoy presentes, como siempre, lamentablemente. → Leer más

Mañana, martes, la Intendencia de Canelones iniciará un programa piloto que implementará un dispositivo de control urbano. Recorrerá la ciudad de Las Piedras junto al Ministerio del Interior, educadores sociales y otros actores, con el objetivo de derivar a las personas en situación de calle a diferentes dispositivos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) o de ASSE, además de proceder con la limpieza del espacio público.

Las estimaciones oficiales indican que en dicha ciudad canaria hay al menos 500 personas que duermen en la vía pública. Según la intendenta Gabriela Garrido, el propósito del operativo es “invitar a las personas a retirarse” para poder limpiar plazas y veredas. En entrevistas posteriores, la intendenta aclaró que la medida busca respetar los derechos de las personas en situación de calle, “pero también los derechos de los vecinos a tener veredas limpias, plazas ordenadas y poder circular con tranquilidad por la ciudad”.

Si una persona se niega a retirarse, la Intendencia podría aplicar la ley de faltas, derivando el caso a Fiscalía. En caso de que se aplique la ley, la persona deberá realizar trabajo comunitario; si no lo hace, se le podría imponer un día de cárcel.

La medida, que puede resultar polémica dependiendo de quién opine, ha sido discutida en el ámbito parlamentario con diferente intensidad y discrepancia. Por esta razón, el avance en una solución ha sido lento, ya que las discusiones continúan realizando diagnósticos ya conocidos y reiterados. Se repite, por ejemplo, que se trata de un fenómeno multicausal, relacionado con el consumo problemático de sustancias, las dificultades en salud mental y la situación de las personas que abandonan las cárceles sin vínculos familiares que los sostengan.

Esto ya es conocido por la comunidad. Lo que se observa es la falta de soluciones ante una problemática que crece y se transforma en conductas que generan riesgos de convivencia.

Es crucial reconocer que la asistencia a las personas en situación de calle no debe ser exclusivamente médica, sino también social. Por ello, se han sumado colectivos multidisciplinarios con resultados dispares, mientras, como se ha reiterado, el trabajo efectivo será interinstitucional, ya que un solo organismo estatal no podrá enfrentar este problema con éxito.

Mientras se discute la forma de abordar la situación, el fondo de la cuestión es aún más profundo. El narcotráfico sigue avanzando en el país, impulsado por una creciente demanda ante una oferta cada vez mayor en Uruguay. El problema de las adicciones es tal que no se llega a visualizar al país como uno de los principales consumidores de cocaína, por ejemplo.

La Junta Nacional de Drogas depende de la Prosecretaría de Presidencia, dirigida por Jorge Díaz. El exjuez y exfiscal de la Nación comentó en una entrevista con VTV que ese organismo tiene dos funciones: “trabajar en la reducción de la oferta y en la reducción de la demanda”. Mientras tanto, en Uruguay se lleva años gestionando la “reducción de riesgos y daños” mediante programas específicos en fiestas y eventos donde el consumo de sustancias aumenta.

El énfasis, según el jerarca, estará en la atención del consumo problemático, con la participación de todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Para ello, será necesario dotar al sistema de los recursos económicos, humanos, logísticos y edilicios que no fueron tenidos en cuenta en las últimas décadas, cuando el problema aumentó.

El punto de inflexión está en el mensaje: ¿cómo hablar de algo que hace daño a la salud y la vida de las personas, pero que, a su vez, es suministrado por el propio Estado? El actual gobierno se ha comprometido a llevar adelante una campaña de prevención, pero este aspecto no tendrá un impacto inmediato en las comunidades, ya que se comienza tarde. Existe una tendencia a reclamar por el tratamiento sin haber pasado previamente por la prevención, porque las campañas de bien público no han considerado adecuadamente el tema de la drogadicción ni la situación de calle.

El año pasado, el Mides contabilizó más de 4.000 personas en situación de calle. De ese total, más de 1.200 viven fuera de Montevideo, lo que representa un aumento del 30% con respecto a 2023.

En el área metropolitana, la problemática tiene mayor visibilidad debido a que esta población pernocta en las zonas costeras, que son también las más visitadas por turistas y uruguayos residentes en el exterior. Estos últimos comentan sobre el notorio incremento de campamentos en espacios públicos y barrios céntricos.

Esas observaciones no pasan desapercibidas, porque en este país la población no crece significativamente, no hay grandes cifras de desempleo ni mayores grietas sociales, según las estadísticas oficiales. Por eso, coinciden los comentarios que apuntan a las opciones personales que llevan al consumo problemático de sustancias, lo que evidencia profundas necesidades de atención en salud mental.

Esta forma de convivencia no es sostenible y está generando problemas entre los residentes de los barrios y quienes pernoctan en diversos espacios. Las autoridades de gobiernos sucesivos han dejado pasar el tiempo, y hay quienes todavía se ven afectados por un fuerte lirismo. Son quienes intentan confrontar contra el estigma, la segregación o la denominada “criminalización de la pobreza”, cuando esa discusión ya está superada.

Los tiempos electorales son claves para aprovecharlos con acciones positivas. Lo importante es que quienes tienen bajo su responsabilidad el espacio público, como las intendencias, impulsen tareas que mejoren la convivencia. Es su incumbencia tomar decisiones y aplicarlas sin mayores explicaciones, porque las poblaciones de las ciudades lo exigen.

Deben hacerlo en colaboración con otros organismos, como el Mides, el Ministerio del Interior y organizaciones de la sociedad civil que ya tienen experiencia en el tratamiento de las adicciones en comunidades más pequeñas, como las de origen religioso. Si no se vela por el bienestar de la sociedad en su conjunto, se perderá de vista el concepto de “los más desprotegidos”.

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De un modo u otro, sea usted un lector versado en asuntos públicos o un ciudadano distraído, no le escapa el crítico momento que atraviesa el mundo, en especial, la economía. Aunque solo sea por los titulares, sabe que el número de conflictos no solo ha crecido, sino que la violencia de los mismos se ha intensificado, y que países ricos y pobres han conseguido el financiamiento necesario —de muchos miles de millones de dólares y/o euros— para hacer frente no solo a la compra de armamento moderno, sino también a municiones y otros materiales bélicos, como misiles y, especialmente, aviones no tripulados.
Solo a modo de ejemplo, una investigación publicada el miércoles de la semana pasada por investigadores del Instituto de Economía Mundial de Kiel (IfW) y la Universidad de Tubinga concluye que, para 2026, Ucrania habrá perdido aproximadamente 120 mil millones de dólares de su rendimiento económico debido a la destrucción y las restricciones a la producción y el comercio impuestas por la invasión rusa.
Pero el estudio fue más allá y estimó la sobrecarga económica para terceros países no implicados directamente en la guerra, otorgándole una dimensión aún más severa. En efecto, los académicos estiman que se perderán aproximadamente 260.000 millones de dólares en el rendimiento económico global durante los cinco años comprendidos entre 2022 y 2026. De esa carga, a los países de la Unión Europea les corresponde no menos de 70.000 millones de dólares. Solo el impacto que recae sobre Alemania asciende a entre 15.000 y 20.000 millones, dependiendo de las compras de equipamiento militar de última tecnología y los servicios que las respalden.

El cálculo

Para estos cálculos, importa precisarlo, se revisaron los costos de más de 150 guerras, desde 1870 hasta la actualidad. Se consideraron los impactos en el comportamiento de la macroeconomía, especialmente en la evolución del PBI y de la inflación, no solo en los años de guerra y su ferocidad, sino también en los cinco años posteriores al final de cada conflicto.
Por último, también se revisaron los efectos indirectos sobre terceros países, analizando los vínculos comerciales, tanto cuantitativa como cualitativamente, considerando además la proximidad geográfica y el desarrollo de infraestructuras logísticas.
Esta cuantificación del impacto económico de la guerra —o mejor dicho, de las guerras— nos recuerda la contundente afirmación de León Trotsky: “Puede que no te interese la guerra, pero la guerra está interesada en ti”.

EE.UU.: baja recaudación y laxitud

En uno de esos razonamientos simplistas de Trump, afirmó que, de acuerdo con los datos actuales de la economía, los anunciados aranceles que se impondrán a la brevedad permitirían, por la magnitud de sus montos, contar con recursos suficientes para financiar todos los planes postergados y aún habría fondos para otros asuntos, incluso aquellos que puedan surgir a partir de la nueva realidad fiscal, floreciente.
Sin embargo, la simple enunciación de esos rimbombantes anuncios, sin sustento alguno, es la expresión misma de la improvisación y el vacío, demostrando que no había detrás de esas manifestaciones más que humo.
Este sábado, “The Washington Post” publicó bajo un título destacado que “los ingresos fiscales podrían caer un 10% en medio de la agitación en el IRS (Servicio de Impuestos Internos)”.
“Los altos funcionarios de impuestos se están preparando para una fuerte caída en los ingresos recaudados esta primavera, ya que un número creciente de personas y empresas se niega a presentar sus impuestos o intenta eludir el pago de los saldos adeudados al Servicio de Impuestos Internos”, comienza la nota, firmada por el corresponsal especializado en asuntos económicos en el Congreso, Jacob Bogage.

Estas proyecciones son las que sustentan las estimaciones fiscales. En este sentido, “los funcionarios del Departamento del Tesoro y del IRS predicen una disminución de más del 10 por ciento en los ingresos fiscales para la fecha límite del 15 de abril, en comparación con 2024”. De acuerdo con tres miembros del IRS que hablaron bajo condición de anonimato, estos porcentajes expresados en números corrientes “equivaldrían a más de 500 mil millones de dólares en ingresos federales perdidos; el IRS recaudó 5.1 billones de dólares el año pasado. Para contextualizar, el gobierno de EE. UU. gastó 825 mil millones de dólares en el Departamento de Defensa en el año fiscal 2024”.
La causa de este cambio, según los funcionarios, “está directamente relacionada con el comportamiento de los contribuyentes y la rápida demolición de partes del IRS por parte del presidente Donald Trump”.

Estas proyecciones preocuparon, en primer lugar, a los propios funcionarios de la agencia tributaria, quienes alertaron primero a la administración, y al no encontrar respuesta, volvieron a reiterarlas y profundizarlas técnicamente ante el Congreso.
De acuerdo con un relevamiento de “The Washington Post”, estos técnicos y otros ya habían adelantado su preocupación y expresado “advertencias detalladas sobre estos resultados a la administración entrante”, incluso antes de que el presidente Trump asumiera el cargo.
Algunos miembros del círculo cercano al nuevo presidente, tratando de restar alarmismo a la preocupante proyección, recordaron que “la administración ha tomado medidas para despedir a casi 20.000 empleados de la agencia, apuntando específicamente a las nuevas contrataciones en las divisiones de servicios al contribuyente y aplicación de la ley. Ha despedido a más de 11.000 trabajadores de la agencia, aunque algunos de sus estados no están claros debido a casos judiciales que avanzan rápidamente”.

Pero expertos tributarios, conocedores del IRS, confiaron que la situación tiene otras connotaciones que tendrán consecuencias en la recaudación y en el prestigio del organismo. Al IRS se le ha ordenado “abandonar las investigaciones de corporaciones y contribuyentes de alto valor, según comentarios coincidentes de funcionarios de la agencia involucrados en esas investigaciones, porque ha tenido que reordenar los recursos para mantener operativos los sistemas internos”. Dos comisionados de la agencia han renunciado desde que Trump asumió el cargo. La jefa de cumplimiento del IRS, Heather Maloy, una de las áreas clave del control tributario, renunció el viernes pasado.

Son tiempos difíciles

Alemania prepara un presupuesto para la guerra, EE. UU. hace cambios para aligerar el control fiscal al estilo de Trump, mientras el mundo comienza a sufrir las consecuencias de una crisis tridimensional: institucional, intelectual y moral. → Leer más

Hablo de los viejos. Y no porque el trecho que les resta es corto –en definitiva ¿quién sabe cuán largo o cuán corto es el camino?– sino porque están jubilados.
En países más adultos toman medidas para garantizar el derecho ganado: pagan conformes un cierto costo en mínimos para el retiro y recortes explicables de lo que deberían efectivamente percibir. Todo con responsabilidad y seriedad; sin ideología ni demagogia.
Hay otros países donde los jubilados son usados y abusados. Solo se acuerdan de ellos en elecciones; el voto es la única fuerza real que tienen: no pueden copar la calle como estudiantes u obreros –unidos y adelante– ni hacer huelgas o paros, trabajar a reglamento u ocupar los lugares de trabajo.

Uno de los casos más ilustrativos es el de Argentina. ¿Están siguiendo los miércoles esa serie –“Los jubilados como excusa”–, en la que son protagonistas estudiantes, kirchneristas y peronistas, grupúsculos de izquierda y “las barras bravas”? Este próximo miércoles le toca a la CGT y ya lo anunciaron esos gordos, ricachones e impresentables: manifestación el miércoles y paro el jueves; tomá, solidaridad por partida doble, los jubilados de parabienes. Usados por estas barras –qué otra cosa– de oportunistas, y abusados por los kirchneristas que le robaron la plata ahorrada –con uso para otros fines–, y los Milei ahora que hacen gárgaras con el equilibrio fiscal y han optado por el recurso fácil de reventar aún más a los jubilados. Si hiciera una reforma laboral el ahorro sería muy superior; ¿qué pasa? ¿no se animan con los gordos? Por lo menos que recorten un poco los viajes que hace con su hermana, para vociferar o recibir “ premios”.
Pobres. Perdóneseme la grosería, pero aquí cabe aquello tan elocuente de que cuando la mierda tenga valor en Argentina los jubilados nacen sin culo.
Ver lo que pasa enfrente me da temblor. Y así como cuando el gobierno de Lacalle aprobó la algo tímida o prudente reforma jubilatoria respiré mas tranquilo, ahora me atoro con el anuncio del presidente Orsi de que habrá un “gran diálogo nacional” superior a cualquiera que hayan ensayado Maduro o el Kirchnerismo, para “arreglar” la seguridad social. Y de hecho, todo bajo la batuta del dirigente comunista y presidente del Pit -Cnt Marcelo Abdala; con retiro a los 60, y si es posible antes, una patada en el traste a las AFAPs, todo administrado por los funcionarios del BPS, los 24 mil millones de dólares ahorrados por los trabajadores en manos del Estado y si es posible reducir la jornada laboral y gravar –esto es, sacarle la plata– a los ricos (¿donde están?;los va a correr como ya corrió a los japoneses). Y todos echados para atrás: como por ejemplo Cristina Kirchner, uno de los faros que nos ilumina.

Mujica, con buena puntería, dijo que aprobar la propuesta del Pit Cnt (la de Abdala) era como “encanarse a si mismo”. El propio Orsi, en su estilo, dijo que no estaba de acuerdo, como también lo dijo y lo refrendó la gran mayoría de los uruguayos. Y ahora anuncia el “diálogo nacional” por la seguridad social. Pero, ¿cómo?: entonces´¿tampoco es cierto aquello de que no habrá nuevos ni aumento de los impuestos?
Una pregunta: ¿en el diálogo nacional como estará representado el 60% (6 de cada 10) de los uruguayos que rechazó el plebiscito de Abdala?
Recordatorio: los estudiantes y obreros de hoy mañana serán jubilados; y el tiempo pasa volando. → Leer más

Días atrás, el diputado sanducero por el Frente Amplio, Juan Gorosterrazú, alertó que el verdadero desafío no es solo reconocer el desempleo, “sino impulsar acciones concretas para generar soluciones”. De acuerdo con lo informado oportunamente por nuestro diario, el legislador propuso un Plan Departamental de Empleo, con la vinculación de varios actores y acciones a corto, mediano y largo plazo. “Sin dudas que hay urgencias; hoy no es momento de buscar responsables, sino que todos debemos estar buscando soluciones”, agregó.

El novel legislador insistió en avanzar con el Plan Departamental de Empleo que “proponemos, y no es una simple expresión de deseos, sino un marco de acción realista que busca articular a todos los actores involucrados en la economía de Paysandú para promover el trabajo digno, sostenible e inclusivo”. Asimismo, enfatizó que “el empleo de calidad no se construye con discursos, sino con políticas activas que aborden las desigualdades del mercado laboral y aprovechen las oportunidades de desarrollo territorial. En un contexto donde la automatización y los cambios demográficos impactan e impactarán en la oferta laboral, debemos apostar por el aumento de la productividad, la formación continua y la incorporación de tecnología en nuestras industrias y emprendimientos”. Según el diputado por el Frente Amplio, “el plan plantea el acceso equitativo e inclusivo a oportunidades laborales” con apoyo a pequeños emprendimientos “para superar la precariedad e informalidad”, al tiempo que impulsa “el desarrollo de empleos verdes, vinculados a la restauración de ecosistemas y el reciclaje de residuos”, así como el fomento de cadenas productivas, economía circular, investigación, desarrollo industrial y diversificación. La propuesta apoya “el desarrollo de empleos y emprendimientos en áreas emergentes como las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), las industrias creativas y la economía del cuidado”. La mencionada propuesta contempla “la reactivación del puerto, el transporte multimodal, la diversificación productiva y el apoyo a pequeñas y medianas empresas, el fortalecimiento de la industria cárnica, la industria forestal y maderera como motor de desarrollo en el norte del país, el impulso de nuevas formas de comercio y la promoción del turismo como motor económico, garantizando condiciones laborales dignas y estables”. El planteo expone, asimismo, “la mejora en la matriz de protección social, en educación, cuidados, servicios de salud, salud mental y vivienda”, porque “Paysandú no puede seguir dependiendo de soluciones parciales ni de discursos que se quedan en el papel o a impulsos individuales”, concluyó.

Uno de los posibles caminos para generar empleo mencionados por Gorosterrazú es la denominada “economía circular”, que, de acuerdo con el Parlamento Europeo, es “un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. En la práctica, implica reducir los residuos al mínimo. Cuando un producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía siempre que sea posible, gracias al reciclaje. Estos pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor adicional. Contrasta con el modelo económico lineal tradicional, basado principalmente en el concepto ‘usar y tirar’, que requiere de grandes cantidades de materiales y energía baratos y de fácil acceso.” Entre otras ventajas, la economía circular protege el medio ambiente, reduce la dependencia de las materias primas, aumenta la competitividad, estimula la innovación, combate el cambio climático, impulsa el crecimiento económico y crea empleo. Sin lugar a dudas, se trata de una gran cantidad de ventajas que implican beneficios, aunque también debe tenerse en cuenta que muchas veces puede ser contraproducente al encarecer o enlentecer procesos y terminar aumentando los costos, lo que perjudicaría el bolsillo de los consumidores, que es precisamente lo que se busca salvaguardar. En otras palabras, se trata de una política que debe ser adecuadamente valorada previamente, tanto en sus ventajas como en sus desventajas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado la importancia de la economía circular, expresando que “la misma puede dar lugar a la creación de millones de nuevos empleos. Se calcula que podrían crearse entre siete y ocho millones de nuevos puestos de trabajo en la economía circular, en la que se reutilizan, reciclan y reacondicionan todas las formas de residuos, como ropa, chatarra y aparatos electrónicos obsoletos.” Sin embargo, la OIT alerta sobre “la falta de investigación en los países en desarrollo, donde se encuentra la inmensa mayoría de los puestos de trabajo relacionados con la gestión y el reciclaje de residuos.” Uno de los desafíos que puede enfrentar una economía circular son sus eventuales riesgos. Como declaró Namita Datta, directora de programas del Programa Soluciones para el Empleo Juvenil (S4YE) del Banco Mundial, “más que introducir el concepto de circularidad en estas economías, hay que centrarse en abordar los empleos de baja calidad y mal remunerados del sector informal, con condiciones de trabajo peligrosas y exposición a materiales tóxicos, que están asociados a actividades circulares como la gestión de residuos, el reciclaje, la reparación y la reutilización”.

En el mes de abril de 2024, Uruguay presentó su Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC), “la cual identifica antecedentes y prioridades y propone líneas de acción para implementar una política relevante para cuidar los recursos naturales, atraer inversiones y generar empleos verdes”. El Gobierno uruguayo tomó la decisión de posicionar una política pública en esta materia como instrumento para impulsar una transformación productiva y social. Se trata de un modelo que, entre otros objetivos, aporta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Tratándose de un proceso dinámico, a partir de su implementación se identificarán nuevos actores a involucrar, nuevos sectores a abordar y prioridades a atender, por lo que su revisión y actualización serán procesos constantes.
Así las cosas, la adopción de un esquema de economía circular como el mencionado por el diputado frenteamplista podría ser una de las opciones a evaluar como una contribución a la creación de empleo y a la recuperación de la crítica situación económica del departamento, tomando para ello los recaudos previamente expuestos. → Leer más

Hoy, los candidatos del Frente Amplio, Caraballo, Díaz y Martínez, de los cuales dos ya ejercieron el cargo más importante del Departamento, es decir, estuvieron en el gobierno, vuelven a la escena política con discursos renovados. Hoy, buscando captar algún incauto, vuelven apelando a una supuesta sensibilidad y compromiso con la gente. Hablan de “volver a creer”, de “estar junto a la gente”, de “estar cerca del interior”, de “esperanza”. Ahora, incluso, aseguran que la clave es gobernar en sintonía con el gobierno nacional, como si esa opción en sus manos garantizara desarrollo y progreso. Sin embargo, los hechos cuentan otra historia.

Durante más de cinco años tuvieron la oportunidad de gobernar con el mismo signo político a nivel nacional, ¿Y qué hicieron? Nada. Cero sintonía, cero gestión, cero resultados. Pasaron cinco años pensando qué hacer, debatiendo sin rumbo, con marchas y contramarchas, hablando del “Paysandú que queremos”, un concepto que quedó atrapado en el relato, reducido a una consigna sin sustancia, un eco de promesas que nunca tuvieron anclaje en la realidad.

Mientras tanto, el Paysandú real se deterioraba: dejaron un departamento sumido en una emergencia vial, con calles destruidas y caminos rurales intransitables. Las fuentes emblemáticas de la ciudad terminaron cubiertas de arena, el espacio público se degradó y la inversión brilló por su ausencia. Ahora intentan presentarse como los defensores de la sensibilidad y la solidaridad. Pero, ¿cómo explican entonces cuando votaron en contra del financiamiento del nuevo Campus Universitario, negando oportunidades a cientos de jóvenes del interior? ¿Dónde estaba esa solidaridad estando en contra de la Residencia Universitaria, dejando a estudiantes sin la opción de un lugar único para vivir y formarse? ¿Cómo justifican su compromiso social cuando rechazaron la expropiación de tierras para realojar familias que viven en condiciones precarias?

Hablan de cercanía quienes gobernaron desde el escritorio. Hablan de sensibilidad quienes fueron indiferentes. Hablan de acción quienes sumieron a la gestión departamental en la más absoluta inocuidad. Prometieron obras que nunca hicieron: la planta de tratamiento de efluentes quedó en un anuncio reiterado, el estadio de fútbol infantil jamás pasó del dibujo y perdieron 17 millones de pesos destinados a la caminería rural por pura incapacidad de gestión, dejando caer toda la infraestructura deportiva del departamento, ¿esa es la sensibilidad? Hoy intentan volver con discursos reciclados, pero con las mismas excusas de siempre. Ofrecen promesas vacías, discursos grandilocuentes y una nueva versión del mismo relato. Pero gobernar no es declamar, es decidir y ejecutar. No es improvisar eslóganes, es transformar la realidad con obras concretas y soluciones reales. No es posar para la foto ni multiplicar gestos vacíos; es asumir la responsabilidad de cada decisión, porque el verdadero liderazgo no se mide en sonrisas, sino en cambios que mejoran la vida de la gente.
La pregunta es simple: si cuando tuvieron la oportunidad no lo hicieron, ¿Por qué habría que creerles ahora?

Braulio Álvarez

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Los reyes del despilfarro, la irresponsabilidad y la irregularidad, que se repartieron en el tiempo la pasada administración de la Intendencia de Paysandú, pretenden ahora a través de algunos ediles plantar el relato de una intendencia fundida. ¡Que tupé!

Ediles que crean relato de lo que le relatan, ya que no estuvieron presentes en las administraciones anteriores, donde el despilfarro y la irregularidad se vivían en todas las direcciones. Tales como la lancha turística que nunca tocó el agua, puesta a funcionar por el gobierno de Olivera. Con una nueva lancha, no con aquella tan irregular que no navegaba en agua sino sobre el filo de lo ilegal.

Pero en esta oportunidad me voy a referir al vertedero municipal, ya que, habiendo integrado la comisión de Higiene y Medio Ambiente en las tres últimas administraciones, dos de ellas presidiendo, y en la anterior a esta última como secretario de la misma, puedo hablar con certeza de los hechos transcurridos en dicha administración (Caraballo-Díaz y viceversa, por si a alguien no le quedó claro). Hechos, no palabras.
El 20 de agosto de 2016 tras un episodio de humo en área del vertedero, preocupa a Tecnogrup la salud de trabajadores e imagen empresarial.
El 28 de agosto avanza juicio de frigorífico Casa Blanca contra Intendencia por contaminación de vertedero. El 21 de enero de 2017 la administración pasada presenta proyecto de readecuación del vertedero por 30 millones de pesos.

El 26 de octubre de 2017 ejecutan proyecto por 30 millones. Llegó un bulldozer nuevo que se entregó destruido a la siguiente administración, y que anteriormente había costado al contribuyente un precio similar su arrendamiento para realizar servicios dentro del vertedero.
En un pedido de informes realizado por las ediles Gabriela Gómez y Guadalupe Caballero, el propio intendente del Frente Amplio respondió que el gasto fue de $3.600.000 en tendido eléctrico y $3.000.000 en cerco perimetral. Y esto fue confirmado por el director Marco García en llamado a sala al intendente, que como era su costumbre, no se presentó.
En dicha oportunidad el director expresa: se hizo el tendido eléctrico y la colocación de artefactos lumínicos, y que estaba en plena construcción el cerco perimetral.
El 22 de marzo de 2019 en declaraciones a la prensa luego de relevar al director anterior muy suelto de cuerpo, Álvarez Petraglia expresa que los hurgadores vivían dentro del basurero, y además se encontraron con algunos faltantes. Nada más y nada menos faltaba el alambrado perimetral y que habían perdido el principio de autoridad en forma muy ostensible. En posterior recorrida con la comisión de higiene y medio ambiente pudimos apreciar que tampoco quedaba nada del tendido eléctrico, sino tan solo las luminarias que luego también desaparecieron.
En realidad, de principio a fin la administración Caraballo-Díaz, no tuvo ni pudo ejercer la autoridad, apenas si un funcionario valiente como Taranto intentó imponerse y terminó apuñalado por un victimario que fue premiado por el intendente obsequiándole una excursión.
Así trabajaba el vertedero, y se pretendía que siguiera su curso, considerando el trabajo en estas condiciones como digno según se expresó por parte de la hoy oposición mayoritaria en la Junta Departamental.

Hoy al basurero municipal como tal, se le ha dado fin. Con una planificación en forma, junto a una empresa privada que formalizó el trabajo de los funcionarios empleados por ésta realizándose una auténtica dignificación del trabajo y llevando adelante una nueva estructura de lo que era el vertedero. El exintendente Olivera invitó a todos los ediles frenteamplistas a que vean por sus propios ojos y valoren el nuevo sistema. Lamentablemente se negaron a asistir. Esto nos lleva a la conclusión de que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Javier Pizzorno, edil Partido Nacional

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Trascendió esta semana que la Cámara de Diputados tiene a estudio un proyecto de ley a través del que se busca aumentar el límite de compras en el exterior a U$S 500. Esta iniciativa fue presentada por parte Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, bajo el fundamento de dar “un mayor grado de libertad” a la importación de productos. La ampliación supondría pasar de 200 a 500 dólares el límite permitido en el régimen de franquicias por el que cada persona mayor de 18 años tiene la posibilidad de comprar productos en el exterior e ingresarlos al país sin tener que abonar impuestos y otros cargos de importación bajo determinadas condiciones.

Vayamos por partes, veamos qué dice el régimen actual. En la página de Aduanas (aduanas.gub.uy) está detallado y hay incluso un videíto explicativo que se puede ver escaneando el código QR, pero básicamente para poder ampararse a la franquicia internacional exonerada de tributos los requisitos se dispone de hasta tres envíos por año civil por persona, ser ciudadano mayor de 18 años con cédula de identidad uruguaya vigente, el valor factura en el caso de compras o declaración de valor en caso de obsequios, no puede superar los U$S 200 (para envío expreso) y U$S 50 (para el caso de envíos no expreso), debe ser para uso personal (no puede tener fines comerciales, el usuario final debe ser el comprador), el peso del envío no puede superar los 20 kg. Adicionalmente, en caso de que la encomienda contenga una compra, el pago correspondiente deberá realizarse mediante el uso de tarjeta de crédito o débito internacional o instrumento de dinero electrónico internacional, emitido por una institución de intermediación financiera, empresa administradora de crédito o institución emisora de dinero electrónico regulada por el Banco Central del Uruguay, la titularidad del medio de pago deberá coincidir con la del titular de la compra y con el destinatario de la encomienda. Del mismo modo, este régimen no comprende mercaderías que se encuentren gravadas por el Impuesto Específico Interno (Imesi) ni tampoco mercaderías consideradas como prohibidas en nuestro país. Además, en caso de contener mercadería que requiera para su ingreso al país de un trámite o certificado especial emitido por otro organismo, deberá contar con el mismo (esto ocurre con mercaderías controladas).

Qué propone el proyecto a estudio. Lo explicó su autor, Conrado Rodríguez, quien en una rueda señaló que se pretende aumentar ese límite a los 500 dólares y comentó que busca “que la gente pueda tener acceso a insumos para el trabajo que no están en nuestro país y que le pueden servir a la gente para poder trabajar aquí”. Rodríguez sugirió revisar “qué tipos de productos se han comprado en el exterior para ver qué grado de competencia tienen con productos de origen nacional”, por lo que anticipó que se realizarán las preguntas correspondientes al Ministerio de Economía y Finanzas, “los vamos a convocar para contar con toda la información y no generar perjuicios”. El diputado señaló que se encuentran “productos de índole informático que mejoran la prestación que pueda hacer un trabajo para adentro de la frontera y para afuera”, así como “algunos insumos, como computadoras”. “Es beneficioso para la gente y también para el trabajo nacional. Hay que ver qué grado de impacto puede tener con otro tipo de negocios o productos”, puntualizó.

De buenas a primeras podríamos considerar loables las intenciones del legislador de conceder una ampliación en esa posibilidad con la que cuentan los ciudadanos uruguayos de realizar una importación directa, quién podría oponerse a esta ampliación del grado de libertad. Quizás lo que no sea del todo oportuno el momento en lo que plantea, un momento en al que hay una fuerte expansión del uso de estas franquicias a raíz de la aparición de un actor que está provocando una distorsión en el mercado, tanto que ha generado un fenómeno que tiene su propio nombre: “Efecto Temu”, que es como se llama una aplicación que permite compras directas en China, a precios muy bajos y sin costos de envío, es decir, condiciones que el comercio uruguayo de ninguna escala está en condiciones de afrontar, ríanse de las grandes superficies comerciales, tan reguladas. ¿Y qué está pasando con Temu?; pues que durante el año pasado las compras de los uruguayos en el exterior aumentaron un 75% en comparación con el año anterior. Se alcanzó al récord histórico con 961.152 transacciones web internacionales, publicó Ámbito. “A lo largo del año 2024, se realizaron, aproximadamente, más de 80.000 compras mensuales logrando un total de 961.152 transacciones web internacionales. Esta cifra fue la más alta desde el año 2014, cuando se realizó la regulación de encomiendas postales internacionales”. Este crecimiento explosivo está vinculado directamente con la presencia de Temu en el mercado. Pero no queda ahí, porque todo parece indicar que en 2025 ese récord se va a pulverizar, aun sin que se apruebe el proyecto de Rodríguez, porque en el primer mes de este año ingresaron 99.917 encomiendas internacionales al país, lo que significó un aumento interanual del 107%. Esto se traduce en un promedio diario de 3.223 compras, consolidando el primer mes del año como el mejor enero desde 2017.

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, Julio César Lestido, indicó que en febrero de este año desde Uruguay se efectuaron 160 mil compras a través de una tienda online china y que esto supuso un promedio de “15 millones de dólares”, que no pasaron por la economía uruguaya. Pero ¿quiénes son los perjudicados y cuál es su real aporte a la economía nacional? Pues los grandes importadores, que en un pasamanos se llevan la parte del león y a la economía nacional aportan poco y nada, porque ni siquiera dan empleo; son una oficina con una computadora y un gran depósito y nada más.

Por otra parte, cuando se dispuso la franquicia originalmente se podían hacer 5 compras de hasta 200 dólares en el año, que más adelante se redujeron a 3. Pero además debe tenerse en cuenta cuánto se podía comprar en el exterior con 200 dólares hace 15 años y cuánto actualmente, porque más allá del “fenómeno Temu” puntual, la realidad es que la plata vale mucho menos hoy que cuando se implementó el sistema. O sea que por ese lado, resultaría de plena justicia y además beneficioso aumentar la franquicia a 500 dólares, que no sería más que mantener el espíritu original de la iniciativa. Pero por supuesto que un cambio como el propuesto en el proyecto motivará durante la discusión una ronda de consulta con actores vinculados y eventualmente afectados por el cambio normativo proyectado, así como la incorporación al debate de todos estos datos. Y está bueno que se dé el debate, porque antes de asumir este gobierno las autoridades que hoy rigen el Ministerio de Economía reconocieron que uno de los grandes responsables de que Uruguay sea un país caro es el sistema de importaciones. Ahora es el momento para ver hasta dónde están dispuestos a pisar los cayos que sean necesarios para que el uruguayo medio pueda tener acceso a objetos importados sin pagar un precio exorbitante por ellos, para beneficio de unos pocos.

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Cuchilla de Peralta y Cardozo Chico son dos pequeñas localidades ubicadas en el suroeste del departamento de Tacuarembó, distantes a escasos kilómetros una de otra. Desde el año 2022 ambas poblaciones han sido víctimas de diversos actos de violencia, pero en las últimas semanas Cardozo Chico ha sido testigo de algunos hechos que demuestran un claro agravamiento de la situación: el incendio de la escuela pública de la localidad y de la casa de vecinos, además de otros hechos vandálicos. El edil de ese departamento Edgardo Gutiérrez, expresó al semanario Caras y Caretas que “todo comenzó con tirar animales muertos con cartas amenazantes en la escuela. Eso se volvió a repetir, fue creciendo, le cortaron los alambrados a un vecino, luego volvieron a hacerlo una vez más, prendieron fuego una columna de UTE, y no pasaba nada, todo seguía igual, con impunidad total. No alcanzó con eso y prendieron fuego la escuela que quedó con peligro de derrumbe y no se va a recuperar, cuando estaba impecable. Con eso tampoco pasó nada, sigue todo igual, siguieron, cortaron los alambres de los productores de la zona a unos 300 o 400 metros de la ruta que pudo ser un desastre, y tampoco pasó nada.”

De acuerdo con la página web del informativo Telenoche 4, “entre los mensajes hallados en la escena se encontraba una amenaza directa: “La próxima de la casa, no quedan ni las cenizas, si ni la usan la casa total”. Otros escritos también incluían intimidaciones de muerte y agresiones sexuales. Las viviendas afectadas pertenecen a dos familias locales, pero al momento del incendio no había nadie en su interior. Una de las personas mencionadas en los carteles fue una mujer de la localidad, quien meses atrás ya había sufrido la quema de su motocicleta. Su hija también fue amenazada en los escritos. “Todo empezó por las redes sociales. Es más, mi hija es una de las amenazadas, la nombran en la carta al igual que mi nombre. Hice la denuncia, pero no sabemos quiénes son”, relató la madre en diálogo con la prensa. La mujer, que es presidenta de la comisión de la escuela de Cardozo Chico, aseguró que la incertidumbre y el miedo han alterado completamente su vida cotidiana. “Mi día a día es con miedo, expresó”. En el año 2023 apareció una cabeza de nutria clavada en una de las paredes del centro de estudio de Cardozo Chico y además había una nota en la que se amenazaba tanto a las autoridades de la escuela como a los estudiantes, que son menores de edad.

Ante estos hechos, la filial tacuaremboense de la Asociación de Maestros de Uruguay (Ademu) solicita que se suspendan clases en Cuchilla de Peralta y Cardozo Chico por amenazas y hechos de violencia que se registran la zona. Los vecinos se movilizan para que las autoridades actúen para regresar el orden y la paz en mencionados lugares. En las últimas horas fueron atacadas dos fincas particulares. De forma extraoficial, las personas que desarrollan los actos de vandalismo estarían identificadas, algunos serían menores de edad. Los permanentes cambios de fiscales en Paso de los Toros dilatan las investigaciones y los caminos judiciales correspondientes.

La acción policial desde el año 2022 ha sido poca, mala, ha llegado tarde o nunca ha llegado. Nada nuevo bajo el sol ya que se trata de una constante de la institución policial que en todos los departamentos del país deja mucho que desear en su accionar y eficacia. Las excusas que se han manejado para Cuchilla de Peralta y Cardozo Chico son conocidas por todos los uruguayos a lo largo y ancho del país: falta de efectivos y falta de vehículos. Al fin y al cabo se trata de una muletilla utilizada por todos los partidos políticos que han ocupado el gobierno nacional, mientras el vecino honesto permanece desprotegido y a merced de los delincuentes mientras ve, con impotencia, como conocidos narcotraficantes sanduceros pasean en sus autos de lujo sin que nadie se pregunte (incluyendo los jueces y fiscales que siempre están ocupados en liberar delincuentes) cual es la fuente de ingresos de esas personas.

Lo que muestra (y demuestra) la situación planteada en Cuchilla de Peralta y Cardozo Chico es una destrucción de los valores en los cuales se cimienta la convivencia ciudadana en una sociedad civilizada. El artículo 127 de la Ley N° 18.362 del 6 de octubre de 2008 creó, con carácter de particular confianza, el cargo de Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el que dependerá directamente del Ministro del Interior. En pocas palabras, se creó un nuevo cargo con todo lo que ello supone: auto oficial, sueldos, gastos de oficina, funcionarios, etcétera, pero eso tampoco importa porque Juan Pueblo es el que siempre paga; es uno de los “nabos de siempre” como dijera el conocido periodista Tomas Linn. ¿Acaso sabe el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana donde quedan Cuchilla de Peralta y Cardozo Chico? ¿Los ha visitado luego de estos gravísimos problemas de convivencia que se vieron traducidos en delitos castigados en el papel de los códigos, pero no en la realidad? ¿A quién se protege cuando policía, jueces y fiscales miran para otro lado y sobre todo… por qué o a cambio de qué se les protege? ¿Por qué no se les castiga como debería hacerse con toda persona que viola la ley? ¿De dónde viene tanta impunidad para los que delinquen?

Sin lugar a dudas lo que ha sucedido (y sucede) en estas poblaciones del departamento de Tacuarembó es, antes que nada, un grave problema de convivencia ciudadana debido a la constante pérdida de valores que podría dar lugar a varios estudios y sesudos diagnósticos de quienes tratan de justificar todo accionar delictivo a través de todo tipo de excusas que siempre funcionan a la perfección porque no indican medidas concretas a desarrollar y tampoco señalan responsables directos; todo se diluye en frases como huecas como “abordaje multidisciplinario” o “enfoque desde diversas perspectivas” porque cuanto más instituciones se involucren menos responsabilidad deberá asumir cada una por sus acciones u omisiones. Lo cierto es que, más allá de eso, las autoridades (policía, jueces y fiscales) deben tomar medidas claras, contundentes y efectivas para combatir este tipo de delincuencia. Si no lo hacen, ayudarán a construir una impunidad institucional que agravará la situación. Nos estamos refiriendo a localidades que tiene menos de 100 habitantes cada una. ¿Es tan difícil para la Policía trabajar profesionalmente y con eficacia en un entorno poblacional de esas características?

En este momento Cuchilla de Peralta y Cardozo Chico son víctimas de atropellos que seguirán extendiéndose ante la llamativa inacción de quienes deberían protegernos de la inseguridad. Vivimos en tiempos en los cuales tanto para la policía como para los jueces o los fiscales da lo mismo ser honesto que delincuente. Todo vale igual para ellos. El gran Enrique Santos Discépolo ya lo había anticipado en la letra de su magistral tango “Cambalache”: “Si es lo mismo el que labura, Noche y día como un buey, Que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, O está fuera de la ley”. → Leer más

Cada día y a distintas horas de la jornada, cientos de miles de uruguayos abren una canilla para poner a calentar agua para el mate. Este sencillo acto, solo explicable enteramente en la cuenca del Plata y observado muchas veces como una curiosidad desde naciones del mundo con otras culturas, es un hecho tan simple y cotidiano que no siempre valoramos en su real importancia. Vivimos en un país donde podemos proveernos de agua casi en cualquier parte, dado que la red de agua potable llega a aproximadamente el 95% de la población y que también han existido y existen diferentes planes y apoyos para que los sectores más vulnerables de la población rural también pueda acceder al vital elemento.
Por otra parte, si bien es casi seguro que hasta hace algunos años todos teníamos la ilusión de que jamás podría haber falta de agua en nuestro país, hoy eso parece casi un pensamiento mágico. Lo que se suponía improbable efectivamente pasó y dio lugar a una polémica que continúa hasta el día de hoy respecto a las obras para provisión y acumulación de reservas de agua potable nada menos que para la ciudad más poblada del territorio nacional, Montevideo. No podemos olvidar tampoco que al menos desde hace una década, cada tanto un sonado caso referente a problemas en el abastecimiento de agua a la población ha llamado la atención de autoridades y la sociedad en general. En 2015, por ejemplo, la crisis por la calidad del agua potable en Maldonado también dio origen a una fuerte polémica luego que, durante varias semanas, cuando los vecinos abrían sus canillas recibían agua con mal gusto y mal olor, lo cual hacía imposible consumirla.

En la actualidad, este recurso tan valioso respecto al cual todos deberíamos tomar recaudo en cuidar, se encuentra bajo fuertes presiones producto no de la polémica política, sino de agentes mucho más difíciles de lidiar, como la contaminación proveniente de distinto tipo de actividades, entre ellas las industriales pero también agrícolas, de las cianobacterias, la falta de tratamiento de efluentes sanitarios en poblaciones importantes que descargan a curso de agua –como ocurre en la ciudad de Paysandú– o las dificultades para contar con buenas reservas en algunos puntos del país.
Como hemos planteado desde este espacio en otras oportunidades, la contaminación de cursos de agua por agroquímicos provenientes de distintas fuentes, entre ellas el uso en predios agrícolas o productivos, es un problema presente en el territorio nacional que debe ser objeto de mayores controles para evitar la degradación de recursos sumamente valiosos desde el punto de vista ecosistémico, humano y productivo. Respecto a esto último, son necesarios 15.000 litros de agua para producir un kilo de carne, por ejemplo. Claro que no hay que ser extremistas, esa agua no “desaparece” sino que continúa con su ciclo natural, e incluso aporta nutrientes a la tierra a través de la orina.

Por otra parte, las experiencias de afectación del agua para uso humano ocurridas han demostrado claramente lo sensible que somos a la degradación de este recurso vital. Ante esto y otras cuestiones elementales referidas a la necesidad de llamar la atención y proteger el recurso y la situación de más de 2.200 millones de personas que viven sin acceso al agua potable en el mundo, es que desde 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 22 de marzo Día Mundial del Agua.
Asimismo, se enfatiza en la necesidad de pasar a la acción para hacer frente a la crisis mundial del agua. Uno de los ejes del Día Mundial del Agua es contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6: agua y saneamiento para todos de aquí a 2030, algo que ya se sabe será casi imposible de alcanzar. Este año, el tema del Día Mundial del Agua será “Conservación de los glaciares”. Por otra parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado al 2025 como “Año Internacional de la Conservación de los Glaciares” y a cada 21 de marzo desde hoy como “Día Internacional de la Conservación de los Glaciares”.
Se trata de iniciativas que tienen por objeto aumentar la conciencia mundial sobre el papel decisivo de los glaciares, la nieve y el hielo en el sistema climático y el ciclo del agua, y poner de relieve las repercusiones económicas, sociales y medioambientales de los cambios en la criosfera de la Tierra. Asimismo, promueven el intercambio de mejores prácticas y conocimientos para hacer frente al derretimiento acelerado de los glaciares y sus consecuencias.

Según los datos divulgados por ONU, los glaciares actualmente se derriten más rápido que nunca debido al aumento de la temperatura por el cambio climático, haciendo que el ciclo del agua se vuelva más impredecible y extremo. No solo miles de millones de personas sufren directamente los efectos de los cambios en los flujos de agua de deshielo: crecidas, sequías, deslizamientos de tierra, subida del nivel del mar y daños a ecosistemas, sino que la conservación de los glaciares debería ser tomada como una estrategia de sobrevivencia incluso para quienes vivimos muy lejos de ellos.
En primer lugar, estas formaciones de hielo almacenan aproximadamente el 70% del agua dulce existente, constituyendo la mayor reserva de agua dulce del planeta. Por otra parte, la intensificación del derretimiento de los glaciares contribuye significativamente al aumento del nivel del mar a escala mundial, que hoy se encuentra unos 20 centímetros por encima del nivel del año 1900.
Por otra parte, conviene saber que las masas glaciarias contribuyen a la circulación oceánica, regulando el calor, el dióxido de carbono y los nutrientes que sustentan redes alimentarias por todo el planeta y también tienen la importante función de ayudar a enfriar la Tierra, ya que gracias a su superficie brillante reflejan la luz y grandes cantidades de radiación solar hacia el espacio, así como actúan como escudo natural contra el calentamiento excesivo ayudando a regular la temperatura planetaria. En contrapartida, cuando se derriten, la superficie reflectante se reduce y eso genera una mayor absorción de calor, que acelera el calentamiento global.
Es claro que el agua, incluso en estado sólido, es fundamental para la vida humana y que todos los problemas a escala local están intrínsecamente conectados con efectos no siempre visibles en lo inmediato pero que de una u otra forma nos terminan afectando a todos.

Uruguay fue un país pionero en cuanto a poner el acceso al agua potable como un derecho humano en su Constitución. También se ha pronunciado claramente frente a intentos de privatización. Hoy, los temas de gobernanza del agua como tarea prioritaria, la responsabilidad social y ética respecto a los usos y gestión de este recurso natural, la necesidad de obras que garanticen la reducción de los impactos contaminantes así como el acceso universal al agua y saneamiento –no solo en ampliación sino también sustitución de redes ya obsoletas– son cuestiones que siguen planteadas y que deben ser trabajadas sin pausa para dar garantía al desarrollo humano y social. → Leer más

En el comienzo de la presente semana un nuevo episodio de ciberseguridad encendió las alarmas, o al menos debió haberlo hecho, porque da la impresión que se le bajó mucho el perfil rápidamente. Hablamos de lo acontecido con la página web de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia).
Pocas horas después en la página web de Presidencia de la República se publicó una declaración respecto a este incidente indicando que “Actualmente el sitio funciona con normalidad” –como si lo más preocupante del caso fuese que estaba caído el sitio de la Dinacia y no el que allí se hubiera publicado información privada del presidente de la República, nada menos, su teléfono particular, así como una fotografía procedente del Sistema de Gestión de Seguridad Pública–.
Prosigue indicando que tras un análisis exhaustivo realizado por el equipo de ciberseguridad del Ministerio del Interior “no se detectó evidencia de acceso irregular al Sistema de Gestión de Seguridad Pública (SGSP). No hay datos en poder de esta secretaría de Estado que estén comprometidos”. Agrega que, paralelamente, “la Unidad de Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional y Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) se encuentra indagando acerca del origen de este incidente con el objetivo de identificar responsabilidades”, antes de reiterar su “compromiso con la seguridad de la información y la protección de los sistemas críticos del Estado”.
Sobre esta acción hay algunos detalles destacables, como el mensaje que se publicó en el sitio alternativo, que denota la motivación ideológica detrás de esta intrusión, es decir, que en principio no era una acción motivada por un pedido de rescate o de recompensa, a diferencia de acciones recientes como lo acontecido con una base de datos de Agesic o la información perdida en el episodio ocurrido en la Intendencia de Paysandú.
En un mundo tan digitalizado, problemas de este tipo no solamente van a seguir ocurriendo sino que además se volverán más frecuentes. Por estos días (ayer y hoy, precisamente) se lleva a cabo en Washington DC, Estados Unidos, la Cumbre Digital Mundial 2025 (ver código QR), organizada por el Banco Mundial, con participación de expertos de diferentes países del mundo. El evento se puede seguir en vivo desde la página de la institución, en idioma original inglés, por supuesto. Repasando el programa y los informes que se han adelantado de la jornada se puede hacer un paneo sobre los temas que, vinculados a la tecnología, ocupan la atención de expertos y autoridades. La Inteligencia Artificial ocupa, como no podía ser de otra forma, varios de los casilleros, y respecto a ella hay dos debates, uno es cómo se podría emplear para mejorar la vida de las personas y respecto a su gobernanza (quien tomará las decisiones sobre este desarrollo), pero en el escalón inmediato aparecen los temas relacionados con la seguridad informática. Uno de estos informes se titula Economía de la ciberseguridad para los mercados emergentes y el planteo básicamente es que hay que invertir en protegerse. “A pesar de que la digitalización trae enormes beneficios económicos y sociales, nuestra creciente dependencia de las tecnologías digitales también conlleva importantes riesgos. Este es el caso también para los países en desarrollo, donde el ritmo de la digitalización suele superar a las inversiones necesarias y a la atención requerida para crear resiliencia cibernética, una situación que conlleva consecuencias potencialmente perjudiciales”. Sin ánimo de discutir los avances tecnológicos, pero todo esto debería tener un título que fuese algo así como la paradoja de la digitalización, porque cuanto más estas cosas vienen a nosotros con la intención de simplificar y facilitar la vida de las personas, más terminan generando otros problemas, más complejos y caros de solucionar que los de los sistemas analógicos a los que reemplazó.
Este informe plantea que los ciberincidentes están en aumento en todo el mundo a una tasa de crecimiento anual del 21%. Califican a esta realidad como “alarmante”. Y eso solamente considera los ciberincidentes divulgados, ya que reconoce que hay un subregistro: “más del 40% de los ciberincidentes no suelen denunciarse”. Pero además afirman que esta aceleración “es más intensa en América Latina y el Caribe, y en todos los países de ingreso mediano alto”, con una repercusión económica mayor en los países en desarrollo. Refiere el estudio al caso emblemático de Costa Rica en 2022, que experimentó un ataque masivo “que paralizó a más de 20 organismos gubernamentales, incluido el Ministerio de Hacienda y Seguridad Social. Este incidente, que duró casi dos meses, dio lugar a la primera declaración de emergencia nacional en la historia a causa de un incidente cibernético, que dejó inactivos sistemas clave y representó un costo económico estimado del 2,4% del producto bruto interno bruto (PBI) anual del país”.
Como está plenamente demostrado por la vía de los hechos Uruguay no está libre de este tipo de problemas y, como dijese en su momento el anterior titular de Agesic, no hay forma de asegurarse estar protegidos al 100%. Decididamente habrá que incorporar estrategias y comenzar a considerar estos riesgos dentro del esquema de prevención del país, así como invertir en el desarrollo de protocolos de protección.
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Pocos días antes de asumir, el ministro de Economía y Finanzas, Ec. Gabriel Oddone, planteó desindexar los salarios para “apuntar a niveles más bajos de inflación” durante el período de gobierno del Frente Amplio (FA).
Oddone consideró en ese momento que “las inercias pasadas se trasladan” en materia salarial, por lo que, en el marco de un diálogo con el programa En Perspectiva, apuntó a “trabajar con un programa cuidadoso”, algo que “tiene sentido habiendo alcanzado ciertos umbrales de inflación bajos como los que tenemos”.

El secretario de Estado evaluó que para seguir “avanzando y reduciendo, hay que entrar en la discusión. Probablemente no en el universo de trabajadores de menor ingreso, pero en otros sí”, y no descartó aplicarlo en la Ronda de Salarios de este año.
Incluso, manifestó que la idea es dialogar con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, para conversar “las pautas salariales que van a estar arriba de la mesa desde junio”, aunque aclaró: “No nos hemos sentado todavía, tenemos una agenda intensa de emergencias”.
Oddone asimismo consideró que para “generar un ambiente para la formación de precios menos inercial”, se debe finalizar con las indexaciones desde el sector público.

“Está lleno de contratos en el sector público con el privado donde existen indexaciones de precios de la mano de obra, de algunos componentes de los costos y del tipo de cambio. El Estado tiene que no ser el garante de que ese nivel de precios se sostiene a largo plazo, cualquiera sea la circunstancia”, sostuvo el titular del MEF, postulando que “la gestión del riesgo de cambio de precios relativo tiene que estar cada vez más en manos del sector privado”. “Esto es clave para avanzar en un proceso de desinflación. Si no, el riesgo es que algunos precios se sigan formando bajo una vieja inercia y provoque desajuste de precios relativos que pueden afectar la competitividad”, advirtió Oddone.

Los aspectos mencionados por Oddone no son naturalmente una novedad en la economía, sino que es sin dudas uno de los mayores desafíos que enfrenta el secretario de Estado ya desde el día de su asunción, por cuanto si bien durante el último año la inflación de ha mantenido en el rango meta del Banco Central del Uruguay, la eventualidad de que se pauten acuerdos salariales que en algunos sectores superen abiertamente la evolución de la inflación, puede ser un factor distorsionante para sostener planchado en la medida de lo posible el índice de precios al consumo en nuestro país.
Estos argumentos de Oddone fueron a su vez relativizados y en buena medida cuestionados por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien se mostró en desacuerdo con el ministro por sus dichos sobre la desindexación de salarios, que también fueron cuestionados por el Pit Cnt.
“Oddone hizo una propuesta, un planteo, yo diría de carácter personal. Yo no comparto la desindexación de salarios. La propuesta que va a llevar adelante el Poder Ejecutivo va a ser la defensa del poder de compra de los salarios, que es lo importante y relevante. Más en un momento en el que tenemos inflación baja”, dijo el senador del Movimiento de Participación Popular en rueda de prensa.

Es claro que el tema salarial no es un parámetro que puede tomarse aislado, sino que tiene una repercusión directa a indirecta sobre el tramado de la economía, tanto en el sector privado como público, porque la riqueza no se genera espontáneamente, sino que deben tenerse presentes factores internos y externos que inciden sobre la economía, donde una inflación alta siempre termina perjudicando a los sectores de ingresos fijos y a la vez pone en jaque el desenvolvimiento de las empresas, que son las que generan fuentes de empleo en sus emprendimientos de riesgo.

Ergo, una “gran” jugada para la tribuna de aumento contundente de salarios, termina arrojando la pérdida de poder de compra, y afecta negativamente a quienes se dice beneficiar, incluso por la posibilidad de pérdida de puestos laborales ante los mayores costos salariales.
Un reciente análisis de la consultora PWC para el diario El País contribuye a arrojar luz sobre cómo funcionan los delicados equilibrios en una economía, y al respecto indica que el concepto de desindexar es quitar el ajuste de un precio o contrato por un índice y sustituirlo por otro tipo de ajuste, y que más allá del presente, debe tenerse en cuenta el factor inercial, porque cuando hay tendencias como la actual en que la inflación tiende a enlentecerse, siguen vigentes mecanismos de ajuste que sigue propagando incrementos de precios o contratos (entre ellos los salarios) que siguen creciendo a un ritmo superior, aún cuando la causa inicial de los incrementos se debilitó.

Es decir, la inercia en la economía indexada obraría como el volante de un motor, que tiende a mantener el ritmo de marcha, y por lo tanto alimentado la inflación mediante incrementos por sobre la tendencia inflacionaria, acentuando este factor de desequilibrio. El planteo de Oddone apuntaría a que el eventual cambio de la desindexación se haga en base a la inflación esperada para el período a considerar y no con memoria hacia atrás, para salir de la figura del perro que gira para intentar morderse la cola, y con ello echar leña al fuego de la inflación.
El punto es que la inflación se vuelve más persistente en tanto haya precios que se indexan hacia atrás, y ello explica que haya una inflación crónica, de base, por debajo de la cual es muy difícil llegar con algún grado de sustentabilidad.

En este análisis a partir del desenvolvimiento de la economía en la relación causa – efecto nos encontramos además con urgencias que tienden a incorporar factores distorsionantes, porque en la escala salarial y el escenario social existen ingresos mínimos –los denominados veinticinco mil pesistas– que por supuesto están por debajo del costo de vida, lo que comprende del 22 al 25 por ciento de toda la mano de obra. Ello da la pauta de que se espera que se achate de una u otra forma la pirámide salarial para atender a los de más abajo sin afectar de manera distorsionante la economía de las empresas y con ello al Estado, que subsiste de lo que aporta el sector privado. En esta dicotomía sobre los salarios se encuentra la postura del Pit Cnt, que sigue jugando para la tribuna y reclamando a rajatabla reajustes salariales como sea, sin mencionar de donde van a salir los recursos, ese volumen de dinero extra que se va a necesitar, y por otro lado Oddone y su equipo económico, que tienen a su cargo ponderar debidamente las escasas opciones y margen de maniobra con que se cuenta, en un país caro, que día a día pierde competitividad y que depende en grado sumo de las exportaciones para reciclar riqueza dentro de fronteras.

Para resolver estas contradicciones en la economía, hasta ahora no hay recetas infalibles desde ninguna ideología, por lo que es de esperar que aquellos a los que el presidente Yamandú Orsi ha delegado la responsabilidad de la conducción económica, tengan la lucidez que se requiere y cuenten con el respaldo político imprescindible para hacer lo que saben que tienen que hacer, para que no primen los voluntarismos y los lobbies, –entre ellos los sindicatos de los empleados estatales– que han sido factor determinante para que lleguemos a la situación en que estamos desde hace ya muchos años. → Leer más