El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (DESC) examinó el 5º informe de Uruguay sobre su cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc). Las recomendaciones de la Coalición DESC se basaron en la situación institucional y normativa del país en materia de derechos humanos y –bajo la coordinación de Amnistía Internacional Uruguay– trabajaron en el informe diversas organizaciones de la sociedad civil, tales como Fundación Bensadoun Laurent, Cladem, Ciedur, la Asociación de Psicólogos del Uruguay, entre otras. Capacitación Asistencia Producción Técnico Empresarial (CAPTE Paysandú) tuvo amplia participación en la elaboración del documento con la referente local Silvia Flores, quien destacó a EL TELEGRAFO la apertura de la coalición a integrar organizaciones locales con inquietudes tangibles y claras.
Las organizaciones presentaron un informe alternativo al Comité DESC, con el objetivo de ofrecer información complementaria a la proporcionada por el Estado. Dichas recomendaciones se encuentran en la plataforma Simore, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las organizaciones serán recibidas nuevamente en Presidencia el lunes 16 de abril.
El documento, basado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, tomó en cuenta la experiencia desarrollada por las instituciones y dio cuenta “del déficit institucional en la materia, las dificultades procesales para la tramitación de casos colectivos, la situación de discriminación que experimentan en ámbitos laborales, educativos y de la salud, las mujeres, adolescentes y niñas, agravado en función a la diversidad sexual, al origen étnico-racial, al origen nacional o alguna situación de discapacidad”.
Entre las recomendaciones, el informe resaltó la necesidad de “una legislación que favorezca la legitimación de comparecencia de organizaciones sociales y colectivos atendiendo a las emergencias de las situaciones y, a su vez, habilite con amplitud la presentación de pretensiones colectivas”, con la aplicación indistinta de la figura del amparo. Enfoca el documento a la instalación de tribunales expertos en derechos económicos, sociales y culturales, con capacitación acorde de sus magistrados y la difusión pública. (Más información en edición impresa)
