A principios de esta semana, la Unión Europea y Uruguay firmaron un nuevo acuerdo para implementar la hoja de ruta del hidrógeno verde, que contará con una subvención de dos millones de euros del bloque europeo a nuestro país. El objetivo es “apoyar los sectores renovables” y “facilitar las inversiones”, dando un paso significativo para reafirmar los objetivos y generar las condiciones necesarias para que este camino de cooperación en intereses compartidos se materialice.
La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, anunció la firma durante el V Foro de Inversión Europea en Montevideo. En esa instancia, precisó que “nuestro objetivo es apoyar a Uruguay en su desarrollo de los sectores renovables y facilitar las inversiones. Muchas empresas europeas están inclinadas a invertir y a contribuir a este desarrollo”. Además, destacó como un hito de gran relevancia la aprobación del acuerdo marco bilateral con el Banco Europeo de Inversiones, que permitirá financiar proyectos públicos de energía en Uruguay.
Simson añadió que “el Banco Europeo de Inversiones está muy interesado en invertir en la producción de hidrógeno verde en Uruguay, en el marco de su Agenda Europea Global Gateway. En la Unión Europea tenemos el compromiso de generar un cambio de paradigma y pasar de los combustibles fósiles a los renovables”. En apoyo a este acuerdo, la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, afirmó que se espera que en 2040 el país produzca un millón de toneladas de hidrógeno de cero emisiones.
“Esto significará una inversión de 18.000 millones de dólares y más de 30.000 puestos de trabajo para nuestro país”, acotó la ministra, subrayando la importancia que la Unión Europea le da a Uruguay en el tema de energías renovables. Europa es el mayor inversor extranjero, con más del 40% del total de inversión extranjera directa. Facio también explicó que “como las inversiones para la producción de hidrógeno son muy grandes, no tendría sentido hacerlas solo para lo que nuestro país puede llegar a consumir, sino para exportar y así apalancar también el consumo local”.
Este tema debe ser valorado especialmente en Uruguay, donde, como en otros países en desarrollo, se ha instalado históricamente un círculo vicioso que refuerza las causas y efectos de los problemas estructurales y coyunturales. Además, las urgencias a menudo postergan lo importante, en un intento por sortear las crisis inmediatas, lo cual condiciona el futuro.
Es indudable que la apuesta por las energías renovables, al igual que el sector forestal, representa una de las pocas líneas estratégicas en las que los partidos han sobrellevado sus diferencias, pese a los distintos enfoques. Desde la Ley de Desarrollo Forestal de 1987, tanto el Frente Amplio como los partidos tradicionales han apoyado el desarrollo del sector forestal. Aunque persisten falencias en la industrialización de la materia prima, este sector ha experimentado una expansión notable, generando riqueza y derrame de recursos en la economía.
De manera similar, el desarrollo de las energías renovables ha seguido siendo una política de Estado, más allá de los gobiernos. Cada administración le ha impreso su propio sello, lo que ha permitido diversificar la matriz energética en diversas áreas.
En el actual gobierno, una de las acciones destacadas en el plano energético es la hoja de ruta del hidrógeno verde, liderada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Este sector tiene un potencial productivo de 2.000 millones de dólares para 2040, con una proyección de exportación clave.
El MIEM y otros organismos han dado a conocer el documento que recoge la estrategia a largo plazo de Uruguay para la producción y exportación de hidrógeno verde y sus derivados. Se proyecta que, para 2040, esta industria generará alrededor de 2.000 millones de dólares y más de 30.000 empleos de calidad.
La implementación del hidrógeno verde, junto con la movilidad eléctrica y la eficiencia energética, constituye uno de los pilares de la “segunda transición” que promueve el Gobierno. Este proceso cuenta con la colaboración de varios ministerios, como Ambiente, Economía y Finanzas, y Transporte y Obras Públicas, así como con el apoyo técnico de las empresas estatales UTE y Ancap, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El objetivo es desarrollar una estrategia climática y ambiental a largo plazo, ya que el hidrógeno verde es un paso hacia la descarbonización de sectores como el transporte de larga distancia y las industrias que dependen de combustibles fósiles.
Entre las ventajas de apostar por este energético están la complementariedad entre las energías eólica y solar, la disponibilidad de agua y biomasa, y la infraestructura de transmisión eléctrica. Uruguay también ofrece estabilidad institucional, seguridad jurídica y un marco regulatorio que favorece las inversiones internacionales a largo plazo.
Es vital que la hoja de ruta se integre en una política de Estado que genere confianza entre los potenciales inversores, ya que la inversión es clave para el éxito o el fracaso de esta iniciativa. El reciente acuerdo entre Uruguay y la Unión Europea, con la subvención para la hoja de ruta del hidrógeno verde, es una señal positiva para los inversores, impulsando además el acuerdo marco bilateral con el Banco Europeo de Inversiones para financiar proyectos de energía pública en el país.
Finalmente, este acuerdo representa una oportunidad para que todo el sistema político respalde este proceso, ya que la estabilidad de las reglas de juego es crucial para atraer capitales de riesgo.