Ciberseguridad como prioridad
Mientras el Congreso Nacional de Intendentes anunció días atrás el inicio del proceso de implantación del Expediente Digital para optimizar procesos administrativos y mejorar el acceso a la información, trámites y servicios, la Intendencia de Paysandú sufrió el mayor ataque cibernético de su historia, el cual comprometió toda la información disponible en sus computadoras y servidores al punto tal que al día de hoy no puede cumplir prácticamente con ningún servicio que involucre el uso de datos.
Esto significa lisa y llanamente que no puede pagar a acreedores, ni cobrar deudas, ni realizar compras ni recaudar ningún tributo así como tampoco inscribir nacimientos, defunciones ni otros trámites correspondientes al Registro Civil.
De acuerdo a lo informado en conferencia de prensa por las autoridades de la Intendencia, encabezadas por el intendente Nicolás Olivera, se trató de un ataque con ransomware (código malicioso que impide la utilización de los equipos o sistemas que infecta) y los técnicos estiman que los ciberdelincuentes estuvieron mucho tiempo trabajando en el hackeo de los sistemas, comprometiendo toda la operativa dado que tampoco pueden utilizar el correo electrónico ni sistema tributario, ni sistema de liquidación de sueldos, ni expediente electrónico, ni la página web, entre otras funcionalidades y actividades usuales que se encuentran deshabilitadas.
Sabido es que los ciberdelitos afectan tanto a las empresas y organizaciones como a los usuarios personales y constituyen uno de los mayores desafíos que se enfrentan a nivel mundial en materia digital.
Uruguay es uno de los países más desarrollados en la región en lo que respecta a gobierno digital, comercio electrónico y uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), destacándose sus avances en cuanto a la posibilidad de realizar trámites del estado en línea, contar con documento de identidad con chip e información biométrica o la firma digital y la historia clínica digital.
El crecimiento exponencial en al área de tecnologías de la información y comunicación en los últimos años ha permitido situarnos como referente regional y mundial, además de desempeñar un importante rol en lo que refiere a la facilitación de negocios, el desarrollo académico y la innovación en la relación entre el gobierno y la ciudadanía.
A modo de ejemplo, los avances en materia de interoperabilidad entre los diferentes organismos del Estado y el desarrollo del gobierno electrónico permiten hoy en día realizar –o al menos iniciar– más de un centenar de trámites por Internet, en tanto que también la banca se ha digitalizado y eso nos permite realizar transacciones cómodamente desde nuestra casa y contratar desde la comodidad del hogar la más amplia variedad de servicios. Añadamos a esto la importancia actual del comercio electrónico y algunas otras cosas que hemos incorporado en nuestro día a día y nos daremos cuenta del lugar central de la información digital en nuestras vidas personales y organizacionales.
Sin embargo, no hemos adelantado de la misma manera lo que refiere a la protección de nuestros activos digitales. En este sentido, un análisis cualitativo sobre el ecosistema de ciberseguridad en el país, publicado por Agesic en 2020 (que comprendió a 40 empresas nacionales pertenecientes a los sectores financiero, de salud, de tecnología y de telecomunicaciones) concluye que se trata de un tema central para el gobierno y las empresas del país en el marco de su transformación digital a la vez que advierte que en términos generales aún no se visualiza a la gestión de la ciberseguridad como parte de la estructura organizativa de las empresas nacionales.
Por el contrario, las organizaciones suelen reaccionar luego de sufrir incidentes serios y, aun así, en su gran mayoría no incluyen a la ciberseguridad como un eslabón que integre su estructura a pesar que un 80% de ellas perciben que el riesgo de la ciberseguridad puede ser catalogado como alto o medio.
Los esfuerzos por proteger nuestro espacio digital no han logrado avanzar al mismo ritmo que el proceso de digitalización de la sociedad. En este sentido, las autoridades promueven ya desde hace cierto tiempo la concientización y capacitación para la adopción de conductas digitales que contemplen la seguridad en el uso de dispositivos.
Las políticas y acciones de gobierno digital y ciberseguridad son regulados por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic), contándose con un Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CERT.uy).
Según los datos más recientes de este último, durante 2023 se detectaron y respondieron 4.968 incidentes, de los cuales 1% fueron clasificados con severidad alta o muy alta. De la comparación con los incidentes relevados en el mismo período de 2022, el año pasado se registró un aumento del 16%.
Aún así se está trabajando en la implementación de nuevas metodologías de detección y la mejora continua en el monitoreo de los organismos del Estado. En este sentido, el referido centro informó oportunamente que el despliegue de una red de sensores en los organismos del Estado permitió mejorar la detección de incidentes identificados como “intentos de intrusión” en distintos sistemas, los cuales correspondieron al 12% del total para 2023.
Lamentablemente, en el caso de la Intendencia de Paysandú no solo no fue posible impedir el daño en sí mismo sino tampoco detectar la presencia de ciberdelincuentes trabajando –por lo que se presume– durante bastante tiempo en el sistema informático del Ejecutivo Departamental y hoy está comprometida toda la información, lo que de una forma u otra resultará muy caro para todos.
Lo ocurrido a la Intendencia podría ser igual de catastrófico para cualquier otro organismo o empresa que sufra el ataque de delincuentes digitales cada vez más especializados en la industria del cibercrimen. Por eso mismo, y teniendo en cuenta que hoy en día la amplia mayoría de las organizaciones públicas y privadas uruguayas dependen de la tecnología digital para poder funcionar y desarrollar sus procesos, resulta claro que una buena gestión de la seguridad de la información es un activo fundamental para intentar reducir las afectaciones y poner en salvaguarda su posibilidad de desarrollar las actividades y aprovechar la tecnología y sus oportunidades. Evidentemente, cada vez más la ciberseguridad debe estar en la agenda y ser una prioridad. → Leer más