Nuevo sistema del BROU provocó algunos problemas, limitó extracción de efectivo de sus cajeros y pagos con débito

(EL OBSERVADOR)
El Banco República dijo que la implementación del nuevo sistema informático –que entre otras cosas cambió el número de las cuentas bancarias de sus clientes– provocó algunos problemas en la gestión habitual que hacen los usuarios a través de varias plataformas. Esto ocurrió en la tarde de ayer y responde a la “alta demanda de servicios” y a “un mayor tráfico a nivel del sistema informático”.
La institución bancaria comunicó que “luego de culminada otra fase de implantación de su nuevo sistema informático central”, se encuentran “operativos los servicios asociados a las tarjetas de débito RedBROU (pagos en comercios y retiros de efectivo), y los pagos con tarjetas de crédito y tarjetas prepagas. También están operativas la web eBROU y la AppBROU”. Sin embargo, “a raíz de un mayor tráfico a nivel del sistema informático central, las extracciones de efectivo en cajeros automáticos y en corresponsales, y los pagos con las tarjetas de débito, estuvieron por momentos limitadas a $ 5.000, y a $ 7.000, respectivamente”.
Algunos clientes usuarios de eBROU con productos de “Inversión”, al realizar consultas en la web, pueden tener problemas en la visualización de la opción “Detalles de movimientos” o del importe de “Saldos”. El importe de los pagos realizados con las tarjetas de débito RedBROU aparece correctamente registrado en la consulta de cuentas en eBROU, junto al concepto “Compras POS local TD”, pero sin detallarse el comercio donde se realizó el pago” y solicitó “disculpas a sus clientes por los inconvenientes mencionados anteriormente que aún persisten, y les comunica que está trabajando para subsanarlos”.

POLICÍA A PRISIÓN POR HURTO

(EFE)
La justicia determinó el procesamiento con prisión de un funcionario policial de la Jefatura de Colonia, así como de una mujer y de un hombre por un robo a una joyería en la capital de ese departamento, informó el Ministerio del Interior.
El pasado 13 de julio, cuatro hombres irrumpieron en el negocio –uno de ellos luciendo una chaqueta policial y lentes negros– y se hicieron de “un botín no cuantificado en su momento por las víctimas”, según detalla un comunicado de la Unidad de Comunicación (Unicom) de la cartera. Los delincuentes se fugaron en un VW Gol de color gris, por lo que se decretó un cierre de fronteras departamental. Pocas horas después el auto fue detenido en un operativo policial en una intersección de dos carreteras, la Ruta 23 y Ruta 11, con cinco personas en su interior: los tres imputados y dos niños. Según el escrito, en el momento de la detención se incautó “un revólver calibre .32 con cuatro municiones”.
Luego de declarar ante la Justicia, la fiscal del caso determinó una condena de cuatro años de prisión por el delito “de asociación para delinquir, fuera de la reiteración con un delito de rapiña especialmente agravada por el uso de armas de fuego y la pluriparticipación, en calidad de coautor” para el efectivo, quien conducía el coche. También se dispuso la condena de cuatro años para un hombre, por el mismo delito en calidad de autor y la mujer, fue condenada a un año de penitenciaria por el mismo delito en calidad de cómplice.

RECHAZAN POSTERGACIÓN DE LEY

(EL PAIS)
El colectivo Mujeres de Negro expresó su preocupación por el pedido de postergación de vigencia de la ley de violencia de género que se realizó desde el Partido Nacional. Martha Iglesias, presidenta del grupo, dijo a El País que el planteo significa que “la vida de las mujeres no tiene valor, nos están invisibilizando a todas”.
“No estamos de acuerdo” con la postergación, sentenció, porque “no es un cuento que las mujeres mueren asesinadas”.
Explicó que el pedido de aplazar la vigencia de la ley muestra que “no es importante la vida de las mujeres. Las mujeres son ciudadanas que votan y que tienen sus derechos, y vivir en paz en un derecho humano”.
El diputado nacionalista Pablo Abdala es quien impulsa la idea de postergar la vigencia de la ley de violencia de género, aprobada en 2017. Al menos el capítulo 5 que es el que regula los aspectos vinculados con los procesos judiciales, procesos de protección y medidas cautelares en beneficio de las mujeres que sufren ese tipo de violencia. La razón es la falta de dinero para su implementación y para que haya suficientes fondos se debería esperar al menos dos años, ya que se necesitan $ 940 millones para echar a andar los mecanismos previstos en la referida ley y no hay nada estipulado en la Rendición de Cuentas a estudio del Parlamento.
Como el año que próximo la Rendición no podrá prever gastos, se deberá esperar cuando menos hasta el año 2020 con la ley de Presupuesto del próximo gobierno.