El decreto de reglamentación de la ley de riego, Nº 19.553, estará pronto, publicado y vigente “en menos de tres meses”. El pasado jueves 28 de mayo, se puso fin al período de “participación pública” sobre el reglamento de la última actualización a esta legislación, con una conferencia realizada en el salón de eventos de la Torre Ejecutiva, en Montevideo.
Allí los representantes del gobierno brindaron respuestas a 74 aportes de “críticas, comentarios y correcciones” que realizó la ciudadanía a través de los portales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), culminando de esta manera el proceso que comenzó el 12 de junio de 2017.
Las últimas modificaciones de la ley sobre lo “Relativo al riego con destino agrario” se aprobaron el 27 de octubre del año pasado por ambas cámaras del Parlamento, pero aún no han entrado en función debido a la falta de un decreto de reglamentación de la ley, que especifique cómo el Poder Ejecutivo (PE) va a cumplir lo mandatado.
Luego de la propuesta inicial de un proyecto que recibió fuertes críticas por su forma jurídica y falta de metodología precisa para la medición del impacto ambiental, el Poder Ejecutivo a través de Carlos Colacce, Fernando García Préchac, director de la Dirección General de Recursos Naturales del MGAP, Daniel Greif, director de la Dirección Nacional del Agua del Mvotma y Mariana Hill, exdirectora de la Dirección General de Recursos Naturales, dio por finalizado el proceso de participación pública en dicha conferencia y remarcó que a pesar de las críticas que consideran esta ley como inconstitucional, la misma “se inserta en el ordenamiento jurídico de modo armónico”.
La principal crítica realizada por medio de grupos ambientalistas, acerca de los parámetros y metodologías que se utilizarán para medir “caudales ambientales”, aún no ha sido resuelta. Greif, de la Dinagua, explicó en la conferencia que las contradicciones existentes en dicha materia se deben “a la falta de herramientas”, pero que a partir de esta reglamentación de la ley “vamos en ese sentido, con los instrumentos adicionales podremos crear caudales ambientales por cuenca, para los regantes pero también para el ambiente”, finalizó.
El director de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, Carlos Colacce expresó a Tardáguila Agromercados, su confianza en que la reglamentación sea publicada en el diario oficial, y a través del mismo entre en vigor, antes de octubre, ya que “la nueva redacción puede tardar unas semanas y juntar las firmas de los ministros puede llevar un poco más de un mes”.
Cabe recordar que la aprobación del decreto reglamentario requiere la firma de los ministros de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Economía y Finanzas; Transporte y Obras Públicas; Ganadería, Agricultura y Pesca, además de la firma del presidente de la República.
Lo comenzó aguerre
Tabaré Aguerre, el exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, introdujo en un Consejo de Ministros el primer boceto del proyecto que posteriormente definió como su “desvelo” en abril de 2014, más allá de que se había expresado al respecto en reiteradas ocasiones anteriores.
Más de tres años después, presentó el proyecto de ley, y condicionó su continuidad en el cargo a la aprobación del mismo, asegurando que “el proyecto de ley sobre riego será lo que fue la ley forestal para Uruguay en la década de 1990”.
Hoy Aguerre no dirige dicha cartera ministerial, pero su lugar lo ocupa Enzo Benech, quien también ha defendido la ley de la misma forma. Si este proceso se completa en el período estipulado por Colacce, habrán pasado más de 15 meses desde que el proyecto se presentó al parlamento hasta que la ley entre en vigor, un tiempo normal para la velocidad de la política en un Estado democrático, pero a veces muy lento para las necesidades del sector productivo, más aún teniendo en cuenta la última seca que afectó el rendimiento de los cultivos de verano.
Sobre la ley
Entre los artículos incorporados y los modificados en esta última ley que modifica la 16.858 de setiembre de 1997, se destaca la incorporación de la figura de las Asociaciones Agrarias de Riego (AAR) como nuevo instrumento asociativo.
En segundo lugar, y a diferencia del régimen anterior que prohibía el corte de agua como sanción, esta ley habilita a las Asociaciones y Sociedades Agrarias de Riego a suspender el servicio de riego para la zafra siguiente en caso de incumplimiento por parte de un usuario.
Otras modificaciones de relevancia son: la generación de un gravamen sobre los padrones que contraten el servicio de riego; la obligación de las sociedades y asociaciones de riego a pagar un canon una vez que el Poder Ejecutivo lo reglamente; la ampliación del ámbito de aplicación a contratos de participación público privada a obras hidráulicas para riego; la posibilidad de que los beneficios fiscales previstos por la ley 16.906 sean trasladados a los miembros y socios y, la posibilidad de utilizar cauces naturales para la conducción de aguas.
Referéndum derogatorio
Desde que el poder legislativo aprobó la ley, importantes agrupaciones sindicales como la Federación de Funcionarios de OSE y grupos activistas como el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) se han movilizado con el objetivo de recolectar las firmas de un 10% del padrón electoral, un poco más de 260.000.
En caso de lograrlo, se realizará un referéndum en simultáneo con la elección nacional de octubre de 2019.
