El largo camino de la inclusión

El avance hacia el efectivo ejercicio de sus derechos ciudadanos así como la inclusión efectiva de las personas con discapacidad ha sido más lento de lo necesario, a pesar de los importantes avances en materia de legislación.
En la actualidad, nuestro país cuenta con varias normas tendientes a asegurar la inclusión de personas con discapacidad en la vida laboral, educativa y cultural. Y son bienvenidas, porque representan no solo una necesidad del medio millón de uruguayos discapacitados –nada menos que 15,8% del total de la población, según el Censo 2011– sino también un acto de justicia tendiente a reparar largos años de discriminación e incumplimiento con el derecho fundamental de todo ser humano a la cultura, la educación y el trabajo.
Desde hace algunos años se han ido aprobando normas tendientes a la integración e inclusión social de este colectivo. A nivel de integración sociocultural, se destacan reglamentaciones por la accesibilidad física, especialmente en oficinas públicas y espacios educativos y culturales. O, más recientemente, la posibilidad de traslado o disfrute del ocio y el turismo. Por ejemplo, para contar con autorización de renovación de flota, las empresas interdepartamentales de transporte de pasajeros deben cumplir con la exigencia de tener –como mínimo– una “unidad accesible”; esto es, que posea los elementos que permitan el ascenso y descenso de personas que se trasladan en silla de ruedas y un espacio reservado para su adecuada ubicación.
En el ámbito educativo, por ejemplo, en 2017 se aprobó un protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros de enseñanza, de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 18.651, del año 2010.
Es aplicable en todos los centros que integran el sistema nacional de educación pública y privada y en bibliotecas y comprende el diseño y desarrollo universal de estrategias de apoyo académico para personas con discapacidad y adecuación curricular, prácticas pedagógicas y didácticas, accesibilidad en instalaciones, mobiliario, material didáctico, herramientas y equipos de trabajo.
Además de la accesibilidad física a sus instalaciones, en función de las necesidades de los estudiantes, estas instituciones deben facilitar un instructor o intérprete de Lengua de Señas Uruguaya, la visualización de textos, el lenguaje táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo y medios de voz digitalizados, así como material en formato electrónico que debe ser legible en el software de ampliación de pantalla o de texto a voz.
Lamentablemente, en la amplia mayoría de los casos estos recursos están disponibles solo en el texto de la ley dado que –por razones presupuestales y falta de personal idóneo– es muy difícil para los centros educativos y bibliotecas cumplir con la mayoría de estos requisitos.
A nivel laboral, hace ya ocho años la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad estableció que los organismos del Estado llenen el 4% de sus vacantes con personas discapacitadas. A su vez, en mayo pasado el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley –aún en discusión– referido a la inclusión laboral de personas con discapacidad en la actividad privada y que expresa que las empresas con más de 25 empleados que tomen nuevo personal deberán contratar a personas con discapacidad, en distintos porcentajes.
Esta propuesta llama poderosamente la atención cuando el Estado ni siquiera tiene capacidad para hacer cumplir lo dispuesto para sí mismo. De acuerdo a un informe publicado por El Observador en base a datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, el Estado uruguayo solo emplea a 85 discapacitados.
La cifra representa solo el 1.3% de las vacantes y, en total, hay 37 organismos que incumplen totalmente con la obligación que la ley les asigna. Es decir que, teniendo los cupos de funcionarios para llegar al 4% de personal con alguna discapacidad, no contrataron ni a una persona con esta condición.
Entre los organismos que arrastran la peor nota se destaca la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que debía haber contratado a 46 personas con discapacidad desde el 2010 a la fecha; o el Patronato del Psicópata –que debería tener remuneradas 18 personas– y, sin embargo, no han dado empleo ni a una sola, señala el informe.
El mismo nivel de incumplimiento registra el Plan Ceibal, ya que de las 11 personas que debió contratar, no le dio trabajo a ninguna. Dentro del Ejecutivo, los ministerios de Economía, Transporte, Defensa, Interior, Ganadería, Educación y Cultura, Salud, Trabajo y Seguridad Social, y Vivienda también están en cero con respecto al cumplimiento de la ley. Dentro de los organismos del 220 de la Constitución, incumplen totalmente el Poder Judicial ya que tenía que contratar a ocho personas y no entró ninguna, el Tribunal de Cuentas (debía contratar a una), la Corte Electoral (también a una), INAU (debía contratar a 16), la UTEC (a cuatro) y el Inisa (a 14 personas). Tampoco han contratado discapacitados el Banco de Previsión Social, el Banco Central, el Banco República, el Banco Hipotecario, el Banco de Seguros, ANCAP, UTE, AFE, la Administración de Puertos, OSE, y la Agencia Nacional de Vivienda.
El informe también señala que las intendencias de Artigas, Colonia, Lavalleja, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano y Treinta y Tres tampoco han contratado personas con discapacidad.
Ninguno de esos organismos debería aducir problemas presupuestales para explicar la falta de inclusión de personas con discapacidad en su plantilla, dado que el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, dijo el año pasado que el Estado está en condiciones de cumplir con las cuotas destinadas a la población con discapacidad y los afrodescendientes –a la que corresponde un 4% y un 8% respectivamente–, dado que habían sido incluidas en la Rendición de Cuentas, lo cual consideró algo “histórico” en declaraciones reproducidas por el portal de noticias de Presidencia de la República.
La experiencia indica que la inclusión laboral, social y cultural de las personas con discapacidad es una cuestión compleja pero, con los datos a la vista, resulta inadmisible que el Estado incumpla tan rotundamente con lo que se obligó a sí mismo.
Es igual de inadmisible que, en última instancia, se juegue con las expectativas y necesidades de un sector amplio de la población que, por sus circunstancias personales, vive en condición de mayor vulnerabilidad y teniendo el derecho consagrado por ley de aspirar a un trabajo, no puedan ejercerlo porque los organismos del Estado hacen caso omiso de su obligación legal. Lamentablemente, aún con leyes que van en sentido contrario, la discriminación tiende a perpetuarse.