Diputados aprobó proyecto de distribución de publicidad oficial, que ahora pasó al Senado

La Cámara de Representantes aprobó ayer, con votos de todos los partidos, el proyecto de ley sobre publicidad oficial, que ahora será tratado en la Cámara de Senadores, donde habría consenso para su aprobación. El proyecto fue presentado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Púbica (CAinfo) a comienzos de esta administración, si bien la idea se viene manejando hace varios años, desde el gobierno de José Mujica. El texto a modo expreso prevé obligatoriamente que un 30% de la publicidad oficial deberá destinarse a los medios del Interior, donde hasta ahora, según las estimaciones generales, va dirigido un 5% para todos los medios escritos, radiales y televisivos de los 18 departamentos.
Desde el inicio, el proyecto tuvo apoyo parlamentario, ya que fue presentado con la firma de diputados del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Luego fue analizado en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, donde tras varios meses de consultas y entrevistas con gremiales empresariales, el sindicato de la prensa y autoridades oficiales, recibió algunas reformas y fue aprobado con el respaldo de todas las bancadas. En resumen, el proyecto de ley determina que cuando los organismos públicos, sean nacionales, departamentales o municipales contraten publicidad, sean en medios de comunicación social escritos, radios, canales de televisión y plataformas tecnológicas de información y comunicación, deberán considerar algunos criterios para pautar esa publicidad utilizando criterios técnicos como el público al que se dirige, el tiraje o la audiencia que pueda tener el medio, y el costo del aviso.
Asimismo, se evita el uso de los dineros públicos para influir en los medios de comunicación, y establece la expresa prohibición del “uso discriminatorio de publicidad oficial con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de su línea informativa o editorial”, y dice que tampoco se podrá utilizar como un “subsidio encubierto para beneficiar, directa o indirectamente, a los medios de comunicación u otros sujetos que la reciban”.