Soluciones, no paliativos

Desde hace un tiempo, más precisamente desde fines del año pasado pero acentuándose en el curso de 2018, está generando inquietud en el Poder Ejecutivo la caída persistente en el empleo, que es una problemática muy compleja pero de primera prioridad en cuanto a sus consecuencias en el tramado socioeconómico de cualquier país y mucho más en el caso del Uruguay, donde está ausente además el empleo de calidad y también la oferta de personal capacitado para suplir la oferta muy acotada en este tipo de ocupación, que es primordial para crecer con desarrollo.
Una de las manifestaciones de esta inquietud en el gobierno han sido recientes decisiones en el área económica que se indicó tienden a estimular la inversión y de este forma promover la creación de fuentes de empleo sustentables, que hacen la diferencia entre el espejismo de escenarios temporales y ficticios, como los que se generan dentro del Estado, y la sustentabilidad que da la genuina inversión y creación de riqueza desde capitales de riesgo.
Ante este deterioro, el Poder Ejecutivo planteó al sector empresarial y al Pit Cnt una propuesta para estimular la generación de nuevos empleos en un contexto donde el mercado de trabajo se encuentra deteriorado. Además, explicó las bases para la creación del fondo de insolvencia patronal.
Este miércoles sesionó el Consejo Superior Tripartito del sector privado y en este ámbito jerarcas gubernamentales trasladaron a los participantes de las otras dos delegaciones un plan de incentivo para la contratación de nueva mano de obra, a través de fondos del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
Este instituto funciona con los aportes de 0,125% que empresarios y trabajadores vuelcan mensualmente al Fondo de Reconversión Laboral (FRL). Sin embargo, el Estado no ha transferido en los últimos años parte de esos descuentos realizados y mantiene una deuda con el Inefop de aproximadamente 70 millones de dólares.
El planteo realizado este miércoles es que parte de esa deuda se utilice para estimular a las empresas a tomar nuevo personal y no vaya al Inefop, según explicó a El Observador el representante del Pit Cnt y director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano.
Sin embargo las cifras primarias que se manejaron en la reunión fueron de entre U$S 15 y U$S 20 millones, aunque no se avanzó más sobre el monto definitivo. Se indicó que el importe quedará como crédito para las empresas en el Banco de Previsión Social (BPS) y la propuesta del gobierno es que las empresas que generen nuevos puestos de trabajo reciban una rebaja de 25% en los aportes que realicen por cada trabajador.
Según estimó el director del Cuesta Duarte, ese subsidio podría llegar a generar entre 5 mil y 6 puestos de trabajo, si se tiene presente que quien tome un empleado va a pagar un 2,5% menos al BPS durante un año. Igualmente, aclaró que se trata de aspectos generales y que “hay cosas para afinar, ver si corresponde para todos los trabajadores nuevos y por qué tipo de empleo”. Una primera intención es que los nuevos puestos de trabajo que se generen con ese beneficio tengan salarios que ronden los $25 mil, según Castellano. “Hablamos de ese tipo de mano de obra, no para empresas que contraten un CEO”, sostuvo.
Desde el sector empresarial este planteo se ha asumido en principio con mucha cautela. Uno de los representantes por el sector empresarial, Pablo Durán, señaló a El Observador que el monto manejado fue bajo. “Son créditos que el Estado no vertió y el porcentaje planteado es muy magro, se debería destinar una partida muy superior”, dijo.
No se necesita ser especialmente ducho en materia de economía para considerar que estamos ante un intento de paliativo tan menor como temporal para una problemática en la que el empleo es solo una consecuencia de escenarios que presenta deterioros que radican fundamentalmente en la falta de rentabilidad de las empresas y estímulos para invertir y reinvertir en los emprendimientos que son creadores de empleos genuinos, que no abundan precisamente.
La propuesta llega en un momento donde efectivamente existe preocupación oficial por el mantenimiento y la generación de empleo, habida cuenta de que el mercado laboral está estancado más allá de la recuperación en los números macro de los niveles de crecimiento de la economía. Es que por encima de la autocomplacencia en el gobierno sobre una supuesta reactivación de la actividad, este parámetro no ha repercutido en el empleo, si tenemos en cuenta que por ejemplo desde 2014 se llevan perdidos alrededor de 38 mil puestos de trabajo.
En forma paralela a este estímulo temporal en el alivio a las cargas fiscales de las empresas por el período de un año, otro de los temas planteados fue el de la creación del fondo de insolvencia patronal. En este sentido, el 1° de mayo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, hizo referencia a una nueva propuesta para ese fondo, ya que un proyecto de ley original sobre el tema se encuentra desde 2015 en el Parlamento, sin avances. “En el mundo existen estos fondos; en los países desarrollados y son financiados con aportes patronales. Estamos buscando obtener el financiamiento sin aumentarlos”, dijo el jerarca.
Precisamente este miércoles, la delegación oficial realizó el planteamiento que redistribuye el aporte patronal al Fondo de Reconversión Laboral. Consiste en que del 0,125%, el 0,100% siga yendo para el Inefop y el 0,025% para el fondo de insolvencia patronal.
Al respecto, Durán indicó que “no se puede analizar una propuesta así sin conocer los alcances de insolvencia que se manejarán o los créditos laborales que se van a incluir; por eso se va a seguir tratando en una próxima convocatoria del Consejo Superior Tripartito”.
La tesitura del gobierno en cuanto a “subsidio” para que las empresas tomen personal por el período de un año indica que si bien hay una percepción del problema –y eso que por regla general solo se ve la realidad de Montevideo, porque en el Interior el deterioro del empleo es mucho mayor, como es el notorio caso de Paysandú– las respuestas hasta ahora no van al fondo del problema, y estamos solo ante parches con “renunciamientos” en este caso del Estado de parte de las cargas, para compensar este alivio con la incorporación de personal.
Ello se inscribe en la tesis del seguir “pateando la pelota para adelante”, pese a las buenas intenciones, porque un año de tregua, en el supuesto de que resulte atractivo para los potenciales destinatarios en el mundo empresarial, tendrá una ínfima repercusión en el universo del empleo ante lo magro de la concesión.
Porque el gran tema, que es el alto costo de funcionamiento empresarial por las cargas que impone el Estado con sus impuestos, cargas sociales, elevado precio de tarifas públicas y energía, además del déficit en infraestructura, entre otros aspectos, sigue pendiente, y además, cuando el gobierno tenía margen de maniobra fiscal, se dedicó a seguir incrementando el gasto, en lugar de llevarlo a niveles razonables para darle aire a los actores reales de la economía, de forma de que se reciclara actividad y ello repercutiera en el empleo.