Ley de Riego no es una privatización del agua, sostiene informe de asociación de agrónomos

En un reciente artículo publicado por la revista de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), sindicato de trabajadores del sistema financiero y afiliado al Pit Cnt, los ingenieros agrónomos Enrique Estol y Guillermo Cardellino escribieron un artículo en el que la Asociación de Ingenieros Agrónomos (AIA) afirma que la Ley de Riego no es una privatización del agua.
En la publicación señalan que el agua es fundamental para la producción agraria y agroindustrial, por lo que “se debe promover su uso integral, asegurando los derechos de todos los usuarios y priorizando el suministro de agua a las poblaciones”.
En ese marco, “el riego agrario desempeña un rol importante para sustentar una producción agroindustrial competitiva”, que se ve afectada por “las variaciones del clima con sus sequías”. Por eso, la Ley de Riego “permite levantar restricciones al desarrollo del riego multipredial y no constituye una privatización del agua, que es un bien público, administrado por el Estado, sino que facilita la inversión privada asociada a los productores agrarios en la construcción y administración de embalses y obras de riego”, afirman los profesionales.
En el artículo, se establece que Uruguay es un país en el que llueve alrededor de 1.450 milímetros anuales en el nordeste y unos 1.000 milímetros en el suroeste. Esta precipitación, que parece suficiente para sostener el crecimiento vegetal, es muy irregular entre años y variable entre los meses del año. La frecuencia de deficiencias de lluvias en el verano es muy alta y ocurren frecuentemente años con sequías intensas.
El riego, por tanto, ha sido una herramienta –no la única– para manejar las deficiencias de agua en los períodos críticos. Su aplicación es vital en el arroz, cultivo que no es viable económicamente de realizar en secano. En el resto de cultivos, pasturas, frutales y hortalizas, el riego es utilizado para estabilizar los rendimientos, la calidad y competitividad de la producción y los ingresos del productor. No obstante, no siempre es factible desarrollar proyectos de riego predial, dado que en algunos casos las fuentes de agua resultan escasas.
La existencia de acuíferos con caudales económicamente extraíbles y calidad de agua con potencial para sostener la demanda de proyectos de riego se restringe al acuífero Raigón, en el sur de San José, zonas de Salto y algunas zonas dispersas por el país, donde localmente existen fuentes de agua subterránea de interés para el riego. El agua de escurrimiento superficial constituye la principal fuente de agua para riego, pero sin regulación de los cursos de agua, no es posible su utilización, dado que en los períodos de estiaje, cuando se necesita el riego, los caudales son muy reducidos.
El 40% del agua de lluvia escurre hacia el Río de la Plata, el océano Atlántico y la laguna Merín, y solo un 3% de esta agua es utilizada antes de que alcance estos cauces. Eso da una idea del potencial de este recurso como fuente de agua para el desarrollo del riego.
La AIA considera que, para lograr un desarrollo sustentable de la producción agraria y agroindustrial, se debe atender las dimensiones económica, social y ambiental. Siendo el agua un recurso natural esencial para la vida y la sociedad, se debe promover su uso integral, asegurando los derechos de todos los usuarios y priorizando el suministro de agua a las poblaciones. En este sentido, el riego agrario desempaña un rol importante para sustentar una producción agroindustrial competitiva, frente a las variaciones del clima.
Ante esta realidad, se considera que la Ley de Riego recientemente aprobada permite levantar restricciones al desarrollo del riego multipredial. Se considera que los embalses con fines múltiples permiten regular los caudales superficiales, conservando el agua para los períodos de escasez, del mismo modo que los innumerables embalses existentes y proyectados en el país para asegurar el suministro de agua a las poblaciones.