La Junta Departamental decidió anoche por mayoría, en sesión extraordinaria, elevar a la Justicia lo actuado por la comisión investigadora y lo dicho en sala respecto a presuntas irregularidades en la aplicación del Plan Quebracho, que en opinión del Frente Amplio indican apariencia delictiva o de irregularidad en lo actuado por el alcalde de Quebracho, Mario Bandera, en la modificación del Plan Quebracho para no seguir adelante con la apertura de calle 25 de Mayo en esa ciudad, en el lugar donde se ha construido un galpón de 700 metros cuadrados y en cuya documentación notarial actuó como profesional.
Bajo la presidencia de Ricardo Ambroa, el cuerpo de ediles consideró anoche los informes en mayoría y en minoría –del Frente Amplio y Partido Nacional respectivamente– respecto a los resultados de lo actuado por la comisión investigadora sobre presuntas irregularidades en la aplicación del Plan Quebracho, a partir de informes verbales de los voceros informantes de la comisión.
El pedido de la comisión investigadora fue formulado en su oportunidad por el Frente Amplio, y el edil de esta fuerza política, Roberto Ciré, en su carácter de presidente de dicha comisión, indicó que el grupo de trabajo se reunió a partir de abril de 2016, y que por distintas razones se fueron sustituyendo miembros, recayendo al final la presidencia en su persona. Reflexionó que desde la denuncia y pruebas llegadas a la comisión, vía documentos, declaraciones, se concluyó que acaecieron hechos irregulares por la construcción de un galpón en Quebracho, frente a calle 25 de Mayo, donde se fusionaron dos padrones.
Destacó que el predio se enmarcaba en el decreto número 5306/2006, para deslindarse y cederse áreas al uso público para abrir las calles, y a pesar de lo establecido por la norma en 2010, el anterior propietario ingresó el permiso para construir el galpón de 700 metros cuadrados, lo que fue rechazado por la Oficina del Plan Regulador, por cuanto la construcción invadía la construcción de la calle, en tanto en julio de 2010 Bandera inició su gestión como alcalde.
El propietario vendió el predio a otro privado, relató, e intervino como escribano Mario Bandera, destacó Ciré, al argumentar sobre el informe en mayoría, y acotó que el nuevo propietario es hermano del primer concejal electo y subrogante en varias ocasiones del escribano Bandera.
“Al momento de realizarse la enajenación el galpón ya estaba construido, a pesar de que no existía permiso de construcción de la IDP, extremo del que tampoco se dejó constancia en la escritura respectiva”, subrayó Ciré.
Puntualizó que el anterior propietario se presentó en la Intendencia solicitando regularizar el galpón pero no se le autorizó y en cambio se le aplicó una multa por haber violado el decreto vigente.
En ese entonces ya estaba en marcha la revisión del Plan Local de Ordenamento Territorial de Quebracho y se realizó la audiencia pública, en la que Mario Bandera “no dijo nada sobre el tema”.
En abril de 2010 el intendente remitió a la Junta Departamental para su aprobación el proyecto, objeto ya de revisión.
Acotó que en setiembre de 2013, el anterior propietario planteó nuevamente lo solicitado y se rechazó. Acotó que el 10 de octubre de 2013 se aprobó por la Junta Departamental el decreto que sustituyó al 5306/2006, del que se eliminó el artículo 70, a instancias del alcalde Bandera, siendo esta la norma que refería a la apertura de la calle continuación de calle 25 de Mayo. Posteriormente se extendió el certificado de habilitación para la construcción.
El Frente Amplio entiende que Bandera ha incurrido en omisión de los deberes de su cargo, al no dar cuenta de “su interés personal en la regularización del galpón”, y permitir que el propietario tramitara la regularización de su galpón en forma directa o indirecta.
El informante dijo que si bien la comisión no tiene por objeto calificar conductas, puede considerar que lo investigado podría encuadrar en una figura penal y recomendó se formule la correspondiente denuncia penal, que podría encuadrarse en la concusión de interés personal y público.
NACIONALISTAS
RECHAZAN CONCEPTOS
Como miembro informante de la oposición expuso Roque Jesús, quien manifestó que no hubo cambio de ediles del Partido Nacional en la comisión investigadora, pero sí en el oficialismo. Dijo que la comisión investigadora se forma para aclarar hechos, pero que ésta se formó para “no aclarar nada y ya con el objetivo predeterminado” de pronunciarse como lo hizo en mayoría. Subrayó que como integrante de la comisión dejó constancia en actas que la comisión se negó a diligenciar pruebas.
Observó como un punto inexplicable, salvo este objetivo, que la comisión no convocara a los integrantes de la comisión asesora del Plan Quebracho de aquel momento, por lo que no se diligenciaron pruebas que se solicitaron, en el sentido además de que se presentaran pruebas de que el alcalde Bandera hubiera inducido a que se concretaran los cambios.
“Estuvimos dos años y medio para no hacer nada, es una vergüenza esto”, acotó, y aclaró que no había ningún problema en acompañar que el tema se elevara a la justicia, “pero no con estos argumentos”.
“Es triste juzgar cuando no se tiene pruebas”, sostuvo, y la comisión no ha investigado objetivamente, indicó, para considerar que por lo tanto la Justicia es la que puede actuar imparcialmente para pronunciarse.
Hizo hincapié sí en que el alcalde y el municipio es meramente consultivo en las modificaciones, y que quien resuelve es el gobierno departamental, a través de la Junta y el Ejecutivo Departamental, “lo que será evidentemente confirmado por la Justicia”. Edgardo Quequin, integrante de la comisión investigadora por el Partido Colorado, dijo que no es cierto que no se ha hecho nada, y consideró que hay elementos para que se pasen a la Justicia, “porque es lo mejor para el Plan Quebracho, para los ciudadanos de Quebracho y para la propia Junta Departamental”, y dijo compartir el informe en mayoría. Pero señaló que “no estamos acusando y la Justicia tendrá que expedirse al respecto”.
Carlos Balparda, del nacionalismo, acotó que su partido está de acuerdo en que se investigue, “no tapamos con votos las no investigaciones”, y propuso que debería elevarse a la Justicia lo hablado en la Junta, lo que se aprobó.
Sometidas las dos posiciones a votación, en forma nominal, hubo votación unánime del Frente Amplio y del representante colorado, en tanto en el Partido Nacional la mayoría de ediles se pronunció por pasarlo a la justicia, para que no se entorpezcan las investigaciones “y no se escondan los hechos, como se ha hecho por el Frente Amplio a nivel nacional”.
Por lo tanto, por mayoría de 25 en 30, se resolvió elevar la denuncia correspondiente a la justicia.
