La escena vivida por unas cincuenta personas en un comercio en la localidad de Toledo, es habitual en las películas de bajo presupuesto de Hollywood. La única diferencia es que ocurrió en la vida real.
Con un arma modificada para disparar como ametralladora, dos delincuentes ingresaron a robar a un supermercado y tomaron de rehén a una mujer que se encontraba en el lugar junto a una niña. Mientras uno de ellos arremetía con un marrón contra los vidrios de un local de pagos lindero, el otro permanecía con la víctima frente a unas cuarenta personas que esperaban en la cola para pagar y otros veinte que eran atendidos. Ante la reacción de un policía que estaba en el lugar, comenzó el tiroteo contra el delincuente armado, quien en su huida disparó para todos lados sin control. Mientras los clientes corrían en cualquier sentido, la niña que estaba con la mujer que había sido tomada de rehén, estaba desconsolada y era atendida por vecinos.
Los testigos aseguran que la tragedia pudo ser mayor y de milagro no hubo otras víctimas, además de un joven de 19 años y un guardia herido por las esquirlas. La violencia del atraco y el pánico quedó registrado en las cámaras de seguridad, como si fuese el lente de un director anónimo.
Algo similar ocurrió en Salto, donde una sucesión de delitos violentos mantiene en vilo a la población y ha motivado la conformación de una delegación integrada por las diputadas del Frente Amplio y del Partido Colorado además del intendente Andrés Lima, quienes se reunieron con integrantes del Poder Ejecutivo. Allí las secuencias de homicidios desbordan a las autoridades locales y movilizan a los vecinos. Mientras se distraen con operaciones de escraches más o menos evidentes, las situaciones se repiten y en la última ocasión, resultaron heridos efectivos de la Guardia Republicana. El enfrentamiento con las fuerzas del orden, arrojó un muerto y la resistencia de los habitantes de algunas zonas que arremeten con piedras y balas en una sucesión de hechos confusos que investiga la justicia.
Estas escenas se han tornado cotidianas, según las localidades y el corrimiento del delito se confirma con el paso de los meses. Los cuestionamientos operativos y las soluciones sobre la mesa se debaten en el ámbito legislativo, donde nuevamente compareció el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el director nacional de Policía, Mario Layera. Está claro que el problema requiere de soluciones políticas, pero por el momento el cabildeo se torna denso.
Las figuras emergentes se miden a ver quién reclama más fuerte y con más celeridad por decisiones que claramente no se adoptan de un día para otro. Sin embargo, una vez que la ciudadanía instaló el problema, la dirigencia se apronta para que sea uno de los asuntos más importantes en la próxima campaña electoral. Hoy las discusiones se dirimen en quien firma y quien no lo hace por el plebiscito propuesto por el senador Jorge Larrañaga. De acuerdo a cada postura, buscará la manera de encarnar un protagónico que posicione a la figura dentro del partido, antes que al problema de la inseguridad ciudadana.
De esta manera solo logran una profundización de los perfilismos y cada uno desea dejar su impronta sobre un asunto que ya no requiere de diagnósticos, ni estudios que expliquen las cifras o la raíz de un dilema social que motivó a salir a las calles o rutas a los vecinos de las localidades afectadas.
Ante esta bomba de tiempo que ya estalló en la cara del gobierno –más temprano de lo que creía–, la oposición espera que el oficialismo se complique, pero es necesaria una rápida actuación antes que aumente la “justicia por mano propia”. Las transformaciones sociales y culturales, junto a los cambios de códigos delincuenciales no ocurren únicamente en Uruguay, no obstante, a diferencia de otros países no se ha actuado con la celeridad que el problema lo exigía. Primero se perdió tiempo en una confrontación con la oposición, a quien se atribuyó la propuesta de medidas tremendistas. Como segundo paso, se apeló a la ironía, el desencuentro constante y la confrontación permanente entre lo que significaba ser un “facho retrógrado” que reclamaba mayores penalizaciones y un “progresismo responsable” y –por qué no– estudioso del fenómeno que transformaba las sociedades y victimizaba acciones porque eran provocadas por un sistema individualista. Al mismo tiempo, se perdían años inventando una solución “a la uruguaya”, legalizando la producción y venta de marihuana con el fin de quitarle clientes a las bocas de droga. Que por supuesto, no solo no dejaron de vender, sino que encontraron tierra fértil para ampliar el negocio ante la vista gorda de la autoridad, que no le veía el sentido de combatir con dureza el comercio –ilegal– del cannabis cuando por otro lado el propio gobierno, con el expresidente Mujica a la cabeza, indicaba que la plantita no es tan mala y que bien producida hasta puede ser buena para la salud.
Fue así que, mientras las horas pasaban en diatribas, las bocas de venta de droga crecieron de manera exponencial y directamente proporcional a las excusas para combatirlas. Mientras tanto, ya generó inseguridad en el barrio y asesinatos a cualquier hora del día, al tiempo que debatimos sobre la pertinencia o no de los allanamientos nocturnos. Es que a esos “hogares” se los considera “inviolables”, aunque cometan el delito de la venta de estupefacientes y prendan fuego viva a una persona, como sucedió recientemente no en el “salvaje Este” de Salto, sino aquí mismo, en Paysandú, a 20 cuadras del centro de nuestra ciudad.
Y aún sorprende las explosiones de cajeros automáticos, pero justamente de aquellos que aún no contenían el sistema de entintado de billetes, como en La Teja, donde los delincuentes arremetieron a todo ruido con un marrón sobre el vidrio y el corte de cortinas metálicas. Con tanto tiempo para actuar que llegaron al lugar sobre las 2.30 de la madrugada para comenzar a romper y volver a las 4 para instalar una garrafa, manguera y batería a fin de provocar la explosión. Una vez que detonaron el cajero, se llevaron –muy tranquilamente se ve– todas las bandejas que contenían el dinero.
Los responsables del supermercado –que quedó destrozado–, aseguraron que una vez advertida la situación, llamaron a la policía pero no obtuvieron respuesta. Entonces, ¿no había efectivos cerca o disponibles en el área para el patrullaje en las calles de una zona conflictiva, según el reclamo generalizado en las protestas? Porque Layera desnudó una realidad que le valió reprimendas en la interna y declaraciones de apoyo hacia afuera. En todo caso, significó la adopción de medidas rápidas por parte del Gobierno en el marco de un operativo político para salvaguardar a sus figuras y bajar el tono de las protestas.
Claro que, lejos de lograrlo, solo ha provocado una mayor indignación. Por eso debemos cuestionar el marco de impunidad en el que actúan y la facilidad con que se muestran algunos flancos débiles. Parece que alguien va detrás del caos y sostiene la flecha que les indica hacía dónde está la salida.