Los vecinos del balneario San Luis reclamaron soluciones ante el incremento de la inseguridad ciudadana y por una ola de robos y el presidente Tabaré Vázquez acude en persona y acompañado por el ministro de…Transporte, Victor Rossi
¿Por qué no concurrió el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, o el subsecretario de la cartera, Jorge Vázquez, quien salió a explicar los dichos del director nacional de Policía a los medios de comunicación? ¿Por qué el mandatario decidió ir en persona, cuando la primera figura del Ejecutivo delega estas cuestiones en los integrantes de su gabinete? ¿Y por qué San Luis?
Esas preguntas se dispararon casi al mismo tiempo en que se difundía la noticia que el mandatario asistió a un encuentro de vecinos, en compañía de mucha gente, menos de los que tienen en sus manos la seguridad interna del país.
El lunes, el mandatario les dedicó más de una hora de su tiempo y, al día siguiente, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo –presente en la reunión de San Luis– anunció que el gobierno creará un organismo, dependiente directamente de Presidencia para coordinar las acciones.
Es que Bonomi ha tenido que acudir al Parlamento en nueve oportunidades en lo que va de su gestión ministerial, llamado por legisladores opositores y la contienda entre las bancadas ha expuesto al integrante del Poder Ejecutivo de una manera descarnada. Como la última vez, cuando la interpelación fue desviada y se transformó en una pelea de gallos, que medían la longitud de sus picotazos para revelar que el único interés era blindarlo y desviar el tema, hasta lograrlo.
Como resultado de esa operación desgaste, el presidente se manda una jugada maestra y establece una nueva institucionalidad, con dependencia directa de Presidencia, un lugar privilegiado y alejado de las manos del Legislativo que no puede meterse en las potestades de otro poder, como es el Ejecutivo. Y de la prensa –por supuesto– en tanto tiene potestades para definir bajo el halo de la confidencialidad, a toda la información que maneje.
Pero como ya estaba todo calculado, solo restaban las reuniones de coordinaciones con otras secretarías de Estado –entre las que se incluye Interior– junto a organismos estatales, como las autoridades de la educación pública y el Banco de Previsión, que se encargarán (también) de diseñar nuevas herramientas para el combate a la delincuencia y participarán en el cruce de información. De esta forma anunció que se actuará con “toda firmeza y se tensará al máximo” el esfuerzo estatal para garantizar la seguridad ciudadana.
Cualquiera sabe que 2018 no es un año cualquiera. Al tiempo que aumenta las críticas a la gestión del gobierno, se muestran las estadísticas con números reales y sin tantos diagnósticos que confirman las denuncias por aumentos de las actividades delictivas. Y, a pesar de que el problema está en todos lados, San Luis es su lugar de descanso, pero es probable que también lo esperen en Casabó o en Punta Carretas con los mismos planteos. Ocurre que el presidente ya sabe que no son reclamos de derecha o de izquierda, de clases bajas o altas, de sectores que reciben subsidios o que pagan altos impuestos.
Solo había que hacer una lectura desde otro lugar y quien mojó la oreja presidencial para eso tiene nombre y apellido: Mario Layera. Aunque no lo movió de su lugar por conveniencia, experiencia del funcionario y lógica desde todo punto de vista, se apuró a respaldarlo pero ya se sabe que sus palabras lo enojaron bastante como para adoptar esta decisión.
También quedó de relevancia la frugal respuesta a los problemas ciudadanos que dan los itinerantes Consejos de Ministros, que viajan por los recónditos lugares del país a fin de recibir reclamos y propuestas. De hecho un vecino le recordó al presidente que se reunieron seis veces con Bonomi, sin resultados, y que tras el encuentro con el gabinete en pleno el año pasado, no se cristalizó ningún anuncio efectuado.
No es raro que el titular del Ejecutivo divulgue la primicia de que se sumarán unos 500 policías al norte del país e instalarán una base operativa en Salto para que un helicóptero controle las zonas de frontera. Sin embargo, para eso está su ministro y así como cualquier otro secretario de Estado encabeza las conferencias de prensa para avanzar en temas propios de su cartera, en Interior la situación no debería ser diferente.
Es que Bonomi se fue de viaje por Europa, con una licencia extra, mientras las estadísticas de la violencia ardían y el accionar delictivo era protagonizado por bandas.
Claro que la oposición se regodea con este guiño presidencial porque el mensaje estaba destinado a ellos y así lo leyeron de inmediato. La decisión presidencial tiene una obviedad que asusta y delata la desesperación por los tiempos que se vienen y el fracaso de su ministro.
En todo caso, eso también es peligroso porque si no se hubiera gritado fuerte y claro, las cosas seguían como siempre y la negación hubiera sido materia corriente.
El problema –el gran problema– es que el empujoncito no lo dio esa oposición que hoy festeja “tener la razón”, sino que provino de un integrante del gobierno. Porque Layera no es opositor, ni improvisado, sino demasiado técnico y con la escuela de Julio Guarteche bajo el brazo, no cualquiera le da la espalada y deja de escucharlo. Por lo tanto, sus declaraciones ejercieron poder y liderazgo y eso es algo que claramente le falta a este gobierno que responde cuando ve que las papas comienzan a quemarse. Lo único que hizo este jerarca era revelar lo que ocurre realmente en la interna, sin el marco acartonado de las interpelaciones y sin tenerle miedo a los costos políticos. Solo resta ver cómo le va a este nuevo ministro del Interior en funciones y, a la vez, presidente de la República.
También queda la incertidumbre por saber para qué se elige a los integrantes de un gabinete, si el mandatario toma las riendas y el sabor amargo de confirmar que si el año que viene no fuera electoral, probablemente todo hubiera quedado bajo una “vana ilusión”, como dijo el poeta.