En Uruguay se registró un total de 20 casos de amenazas a la libertad de expresión en el ejercicio periodístico, según el informe presentado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) con apoyo de la red Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX) en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa conmemorado el 3 de mayo.
La conmemoración tiene por finalidad informar a los ciudadanos acerca de las violaciones a la libertad de prensa, así como para recordarles que en decenas de países alrededor del mundo las publicaciones son censuradas, algunas multadas, suspendidas o anuladas, mientras que periodistas, editores y publicadores son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados.
Este año la Unesco propuso trabajar el tema de los frenos y contrapesos del poder y la relación entre la comunicación, la justicia y el Estado de derecho. Esto implica centrarse en cuestiones vinculadas a los medios y la transparencia del proceso político, la independencia y la alfabetización mediática del poder judicial y la responsabilidad de las instituciones estatales frente al público.
La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, recordó que 79 periodistas murieron en 2017 ejerciendo su profesión. No son pocos y sus muertes se deben a la intención de silenciarlos mediante la típica y poco efectiva artimaña de matar el mensajero. Seguramente la mayoría de ellos eran periodistas “incómodos” y por eso mismo tan necesarios para las democracias de sus respectivos países y el ejercicio de una efectiva ciudadanía para su coterráneos.
“Nuestra libertad depende de la libertad de prensa, y esta no puede limitarse sin que se pierda”. Lo dijo Thomas Jefferson en 1786 y lo recordó la directora general de la Unesco la semana pasada. Es un pensamiento con más de 200 años pero plenamente vigente en el mundo actual. No puede haber Estado de derecho que no sea respetuoso de las libertades individuales como la libertad de opinión, de expresión y de conciencia, las cuales son las bases del ejercicio de una prensa libre, independiente y sin censuras o coerción.
La libertad de expresión es un derecho consagrado por la Convención de los Derechos Humanos y, al igual que el derecho de acceso a la información, forman parte de los derechos humanos fundamentales. Son la contracara de la misma moneda, dado que vivir en democracia exige la libre circulación, expresión y acceso de los ciudadanos a la información de forma que puedan tomar mejores y más acertadas decisiones en su vida cotidiana y en las cuestiones centrales de la vida política y económica de su país, en temas que refieren a la salud, la seguridad, el trabajo, etcétera.
La libertad de expresión y el acceso a la información favorecen la participación ciudadana en la cosa pública y además permite controles a la discrecionalidad del Estado y exige transparencia de las decisiones políticas. La libertad de prensa es también fundamental para la publicidad de los debates acerca de los temas de interés común, de forma de posibilitar una pluralidad de puntos de vista que favorezca la formación de opiniones y cuestione las verdades oficiales y los dogmatismos.
En la última década Uruguay ha sido reconocido en la región por sus avances en materia de libertad de expresión, principalmente a partir de las reformas legales que permitieron la despenalización de los delitos de comunicación, la regulación de la radiodifusión comunitaria, la protección del derecho de acceso a la información pública y la regulación de los servicios de comunicación audiovisual.
“Este reconocimiento puede llevar a creer de manera equivocada que Uruguay no enfrenta desafíos en materia de libertad de expresión, dado que no experimenta las gravísimas situaciones de violencia extrema contra periodistas que viven hoy muchos Estados de la región”, plantea el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública.
Es en este contexto que deben leerse e interpretarse los 20 casos de amenazas a la libertad de expresión en el ejercicio de la actividad periodística registrados en el período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018 en nuestro país.
El referido reporte da cuenta que trece casos corresponden a un nivel de gravedad medio, siete al leve y, felizmente no se registraron casos de nivel de gravedad alto.
Respecto a su ubicación en el territorio, la mayoría (16) se produjo en Montevideo, mientras que los departamentos de Colonia, Flores, Salto y Soriano registraron uno cada uno.
En la mayoría de los casos los periodistas o medios de comunicación sufrieron amenazas, constatándose la existencia de siete episodios durante el último año. Luego le siguieron el hostigamiento a través de la Justicia, el hostigamiento laboral y el rechazo a pedidos de acceso a la información pública (3 casos cada uno), el hostigamiento físico (2), mientras que la censura y la obstrucción al trabajo periodístico registraron un episodio cada una.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que “el ejercicio periodístico solo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento” y que cuando estos atentados quedan impunes fomentan la reiteración de actos violentos o similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura.
En base a esta situación el reporte recomienda a la sociedad civil insistir en la necesidad de denunciar todos los casos de amenazas a la libertad de expresión para evitar que se naturalicen estos episodios y mantenerse atentos teniendo en cuenta el inicio de las definiciones político electorales que tradicionalmente implican un aumento de la presión sobre el trabajo de los periodistas y medios de comunicación, así como un incremento de episodios que potencialmente afectan el derecho del ejercicio pleno de la libertad de expresión.
La vida democrática, especialmente en estas épocas de “posverdad” donde existe abundancia de información y poco interés de las personas en chequearlas y verificar su autenticidad, requiere más que nunca información de calidad, la cual exige un ejercicio profundo de buen periodismo. Para eso no alcanza solo con la selección de los temas pertinentes para el interés general sino también un riguroso trabajo de verificación de fuentes, documentación y ejercicio ético de la profesión.
Son tareas y actitudes que representan grandes desafíos en la era de Internet pero también responsabilidades profesionales y sociales del buen periodismo que demandan el respeto pleno y la defensa del derecho de libertad de expresión. Sin mordazas ni amenazas.
Sin mordazas ni amenazas
