Hace pocas horas, el grupo Eduy21 presentó su denominado Libro Abierto, con propuestas para la reforma de la educación, en el marco de lo cual convocó a políticos, empresarios y sindicalistas para buscar un nuevo eje para el sistema educativo. Aporte que contrasta con la suerte que corrió el “cambio del ADN” en la educación que proclamara al inicio de su mandato el presidente Tabaré Vázquez, que quedó en la nada porque los sindicatos y varios sectores del Frente Amplio le torcieron el brazo.
Paradójicamente, algunos de los actores designados en aquel momento por Vázquez para cambiar el ADN son coautores del Libro Abierto, junto a otros actores, lo que indica que felizmente no se ha perdido el convencimiento de representantes de todo el espectro político de que es imposible que un país avance sin desarrollo apoyado en el conocimiento, si no se da a la educación el papel fundamental que tiene que cumplir, muy lejos de la situación de deterioro que arrastra desde hace décadas.
A seis años del fracaso del último acuerdo educativo en 2012, el movimiento ciudadano Eduy21 sentó las bases para que el sistema político vuelva a mostrarse dispuesto a negociar un nuevo pacto educativo, que se transforme en guía de una reforma.
El miércoles, en el salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, Eduy21 –liderado por el exsubsecretario de Educación, Fernando Filgueira, el experto en Educación, Renato Opertti y el exdirector de Educación, Juan Pedro Mir, entre otros– presentó el “Libro Abierto: Propuesta para apoyar el cambio educativo”, que se sintetiza en una propuesta integral de transformación educativa, con agenda abierta a discutirse entre los actores políticos y sociales.
Lo importante, lo fundamental diríamos, para que esta propuesta tenga el desenlace esperado, es asumir la realidad y considerar que el desafío es de tal magnitud que conlleva necesariamente un proceso de varios años y que se apoya en que el próximo gobierno, sea del color político que sea, se comprometa a llevar a cabo la reforma.
Por lo tanto, plantean la necesidad de discutir y terminar de redondear la propuesta en este año que queda antes de las elecciones internas, de forma de alcanzar un acuerdo educativo antes de 2020 y así llegar al próximo gobierno con una guía acabada y consensuada del cambio.
Lo manifestó Filgueira en esta presentación, al resumir que “en 2020 ya queremos empezar a llevar a cabo los cambios. No queremos recién ahí sentarnos a discutir”, en tanto al exponerse elementos fundamentales de la propuesta, se hizo hincapié en que se propone implementar un marco curricular común desde los cuatro a los 17 años, aprobar una nueva ley de Educación –que fortalezca la conducción política del Ministerio de Educación–, crear un nuevo estatuto docente que cambie las condiciones de trabajo de los educadores y generar un nuevo estatuto de centro educativo, que les otorgue autonomía.
Pero un componente imprescindible a tener en cuenta, y que estaba presente, es que a la presentación de la propuesta de reforma que realizaron Opertti y Filgueira se sumaron las consideraciones de cada uno de los partidos políticos con representación parlamentaria, así como parte del movimiento sindical y de las cámaras empresariales. Hubo un común denominador en estas intervenciones, porque se transmitió la necesidad imperiosa de transformar la educación y la voluntad de sentarse a conversar y trabajar por un acuerdo, más allá de divergencias y discrepancias con algunas concepciones y puntos de la propuesta.
Las metas que propone Eduy21 incluyen cobertura y asistencia universal entre los 4 y los 17 años en el sistema educativo formal, acceso universal a los 3 años y cobertura cercana a la universalidad a los 18 años, hacia el año 2022.
Incluye egreso universal de la educación media básica al 2024 y de la educación media superior al 2029, con una meta intermedia de 75% al 2024, mejora de los aprendizajes en las pruebas PISA al 2024, que se desagrega en una disminución a menos del 10% de los estudiantes en nivel insuficiente y en un aumento promedio en 25% de los puntajes en matemáticas, lenguaje y ciencias, respecto de la última medición, mejora de los aprendizajes en las pruebas Terce al 2024, que permita disminuir el nivel de insuficiencia en lectura y matemática al 10% en tercero de escuela, entre otras cosas.
Asimismo, trabajar con el sistema Aristas del Instituto de Evaluación Educativa (Ineed) para tener mediciones nacionales, incrementar el tiempo real de educación mediante una extensión del tiempo lectivo formal en calendario (200 días) y en jornada lectiva: al 2030, el 100% de la matrícula de educación básica de 4 a 14 años en tiempo extendido.
Además, disminuir la extra-edad en educación básica (4 a 14 años) a menos del 10% hacia el año 2024 y uso cada vez más marginal de la repetición, y con este fin propone trabajar con herramientas como crear una nueva ley de educación, cambiar el estatuto docente, generar un estatuto de centro educativo e implementar un marco curricular común, entre otras herramientas.
Son algunos aspectos que surgen del trabajo de ciudadanos que han intentado despojarse de simpatías partidarias e ideológicas para concebir un común denominador posible como material de trabajo, cuando desde hace ya varios años la problemática de la educación ocupa buena parte de la agenda en nuestro país, a partir de un deterioro de los parámetros educativos que se dan a ojos vistas, y su consecuente repercusión en el presente y en el futuro del país.
Ergo, las reformas que se necesitan también deben abordar vertientes diversas, aunque con la mirada puesta en un objetivo común, con la salvedad de que la educación no puede ni debe disociarse del contexto general del tramado socioeconómico, y abordarse con amplitud de criterios, porque además no es responsabilidad de un gobierno ni de dos, sino que debe evaluarse y trabajarse con criterios de largo aliento.
Y esta reforma con un amplio consenso implica fundamentalemente descartar los intereses corporativos que hasta ahora son los que han primado para el statu quo vigente. Es el caso de los gremios de la enseñanza, que ponen énfasis únicamente en llegar a determinado porcentaje del PBI, sin que a la vez se contraste estos recursos con resultados, y desmereciendo a los que piden por lo menos una evaluación mínima de como se está trabajando.
Porque los directamente involucrados, que tienen sus intereses en juego, deben responder al supremo interés general. Pero las decisiones en los cambios deben provenir desde afuera de los grupos de interés –más allá de escuchar y evaluar sus opiniones y propuestas, cuando las haya– a través del sistema político, que representa el interés general, y asimismo con participación de actores que –sin directa injerencia o implicancias pero con conocimiento del tema– formulen sus aportes, como Eduy 21.