País digital

Algunos medios internacionales hablan de Uruguay como el Silicon Valley de América del Sur por su liderazgo en materia de tecnologías de la información y comunicación. Es cierto que a veces los titulares son para atraer la atención, pero no es menos cierto que no hay país en Latinoamérica que haya realizado una transformación tan importante en materia de política digital como la que ha vivido Uruguay en los últimos años.
Somos un país líder en lo digital por nuestros programas en salud, negocios, finanzas, ciberseguridad, educación, industria, transparencia y gobierno abierto, señaló el director de Agesic, José Clastornik.
“No hay proyectos en América Latina que tengan la profundidad y alcance de transformación con equidad en los últimos diez años en una política digital sostenida y de Estado como la de Uruguay. Estonia es el primer país digital del mundo, referente número uno, y Uruguay es la Estonia de América Latina”, dijo recientemente el jerarca al señalar que el país también es referente en indicadores de progreso social, libertad de prensa, gobierno electrónico, desarrollo digital, democracia de transparencia, privacidad, protección de datos y acceso a la información pública.
Diversas iniciativas vinculadas a la ciberseguridad, transparencia en el gobierno abierto, conectividad, trámites en línea o cuestiones como la trazabilidad del ganado, el apoyo a la industria del software o la enseñanza de la programación también han contribuido a este posicionamiento.
Hay esfuerzos importantes que se vienen realizando en este sentido. Algunos han sido objetivos largamente planificados y otros oportunidades surgidas a partir de grandes desafíos y contratiempos. Porque un escenario adverso puede ser el origen de una gran innovación.
El caso paradigmático en este sentido –que hoy es aplaudido a nivel internacional– es justamente la trazabilidad del ganado, que en teoría al menos permite no sólo que un comensal ubicado a miles de kilómetros de distancia pueda saber exactamente de dónde proviene la carne que consume y cómo ha sido alimentado el animal, lo que representa un muy importante agregado de valor, además de facilitar la apertura de nuevos mercados para la producción nacional.
Como es sabido, el proyecto de Identificación Animal, Registro y Trazabilidad surge en el año 2003 luego de la crisis sanitaria del 2000, como consecuencia de la reintroducción de la fiebre aftosa y la consecuente necesidad de enfocar esfuerzos hacia la gestión de la información de base, la responsabilidad del Estado en el proceso de producción de carne y, en particular, la identificación de los animales y sus transacciones.
La finalidad fue atender las exigencias de los mercados sobre la salud animal, trazabilidad y seguridad alimentaria. A la producción animal tradicional hubo que agregar tecnología en un escenario difícil debido a la brecha tecnológica de gran parte de los involucrados, la normativa vigente y las propias exigencias que un plan de este tipo imponía para el Estado.
Convertida en una política de Estado, la trazabilidad requirió coordinación público-privada, el cambio de prácticas arraigadas, invertir en tecnología, realizar estrictos controles y fortalecer los sistemas productivos primarios e industrial. No obstante, logró la reapertura y el acceso a nuevos mercados para la producción nacional e incluso satisfizo exigencias muy severas, como las de la Cuota Hilton que requiere demostrar que los animales faenados nacieron y se criaron en pasturas naturales, a cielo abierto y sin suplementación. La incorporación de tecnología y los cambios mencionados transformaron al sector ganadero, que ganó en eficiencia, mejores rendimientos y calidad.
Por otra parte, hoy en día Uruguay prácticamente ha abatido la brecha digital. Existen otras, pero el acceso a dispositivos digitales con conexión a Internet y, en particular computadoras, se ha universalizado gracias a los planes Ceibal e Ibirapitá, además de la masificación de tecnologías inalámbricas para smartphones y el ADSL en los hogares.
Estos planes, que implicaron entregar una computadora a todos los niños que concurren a la escuela pública uruguaya –y luego el liceo– llevaron la tecnología digital a los hogares de más bajos recursos y lo mismo está haciendo ahora el Plan Ibirapitá al entregar una tableta a los jubilados con menores ingresos.
El nivel de cobertura que han logrado es prácticamente imposible en cualquier otro país en desarrollo y ha sido posible aquí porque somos pocos y hay una clara definición estatal al respecto. Podrá discutirse la efectividad o el uso que se le está dando a esta tecnología pero el primer escalón –el acceso y la superación de la brecha digital– ha sido logrado y por eso es que muchos países están atentos a lo que pueda pasar en este “laboratorio” y sus eventuales avances en la disminución de la desigualdad y la exclusión.
Esta fuerte apuesta en materia de política digital y sus logros han permitido alcanzar estándares internacionales y hoy nuestro pequeño país logró ingresar al D7, un espacio que vincula a los siete países más avanzados en digitalización. En 2014, Corea del Sur, Estonia, Israel, Nueva Zelanda y Reino Unido convinieron en principios comunes, como compartir buenas prácticas, trabajar en servicios, colaborar en proyectos y apoyar las economías digitales en crecimiento, a los cuales se sumaron Canadá y Uruguay en 2017.
Recientemente, la ministra de Industria, Carolina Cosse, dijo que las tecnologías de la información (TIC) tienen grandes ventajas competitivas en Uruguay y, si cambiamos la óptica y en lugar de suministrar estos servicios los integramos a la operativa tradicional, podemos descubrir nuevos negocios.
No es poca cosa estar en las ligas mayores del e-gobierno y le economía digitales de un mundo cada vez más interconectado donde los procesos de agregación de valor y consumo también se definen en esta esfera.
Es importante que ello no quede a nivel de las actuaciones de gobierno, sino que se capitalice con incidencia en la vida cotidiana de la gente y sea capaz de atraer mayor desarrollo social y económico. Es decir, que más allá de las acciones estatales también el sector empresarial, la sociedad civil y la educación puedan recibir y ser parte activa de los impactos positivos de estos avances.
Esa es una meta deseable por todos. Pero para concretarla se requieren varios ingredientes, entre ellas tener capacidad de innovación y, fundamentalmente, apostar fuertemente a la educación.
Porque el mundo está cambiando a gran velocidad y requiere gente creativa, pensante y capacitada dado que indudablemente los trabajos van a cambiar en el futuro no muy lejano. Los años por venir imponen con urgencia saldar la gran deuda que el país tiene con la mejora de la calidad de la educación porque ahí está la base de cualquier posibilidad de desarrollo sustentable.