Los usuarios de empresas como UTE están pagando tarifas con sobreprecio para enjugar el déficit fiscal que responde al exceso de gastos del gobierno, destacó el diputado sanducero Nicolás Olivera, en oportunidad del tratamiento del proyecto de ley por el cual se destinan 177 millones de dólares del Fondo de Estabilización Energética a Rentas Generales.
El legislador nacionalista rechazó esta práctica del gobierno, al señalar que son recursos generados por los usuarios y que por tal motivo no deben ser destinados a paliar el déficit generado por la mala administración del gobierno.
Puntualizó que UTE facturó U$S 2.000 millones en 2017 y que aplica la tarifa residencial más cara de la región, a la vez de traer a colación que ante la verificación de un excedente en el Fondo de Estabilización Energética, el Ministerio de Economía propuso destinar dichos recursos a Rentas Generales, perdiendo de vista que dicho fondo se generó a base a las tarifas, de las cuales el 80% de lo que factura UTE proviene del uso residencial.
Señaló que han existido anuncios que avizoraban a corto plazo reducir las tarifas en un 20%, como lo expresó el exministro de Industria Roberto Kreimerman, pero subrayó que eso no sucedió, y precisó que en 2017 las familias uruguayas pagaron por su consumo residencial U$S 280 por MWh y en Argentina U$S 109 MWh.
En su intervención Olivera reivindicó la importancia de la labor parlamentaria a la hora de redistribuir recursos, señalando que “no podemos ser tan necios de no querer darnos cuenta de que a 50 metros hay un país reclamando que bajen las tarifas, y mirar para el costado”.
Entre las posibilidades de redireccionamiento de recursos, el legislador planteó la posibilidad de generar una especie de subsidio que permita que por ejemplo, el 60% de los jubilados que percibe menos de 14.000 pesos puedan contar en sus viviendas con tecnología de microgeneración solar fotovoltaica que le permita reducir o eliminar los costos de energía eléctrica.
También recordó que dentro de los posibles destinos, podría financiarse el Fondo Salto Grande para el Desarrollo, proyecto de ley presentado el año pasado conjuntamente con el diputado Ayala, que pretende paliar las situaciones ambientales generadas por el propio uso de la represa.
Asimismo se manifestó contrario a destinar el excedente a pagar el déficit generado “por la mala administración de este Gobierno, ya que esto significaría utilizar lo que pagó de más la gente, lo que pagó por un servicio caro, para tapar los despilfarros del gobierno”.
En el tratamiento legislativo prosperó la propuesta del gobierno, al aprobarse la ley que determinó que los 177 millones de dólares pasaran a Rentas Generales, sin determinarse un destino como lo propuso la oposición, sobre la base de entender que el excedente debía beneficiar a los propios usuarios que a través del pago de las tarifas aportaron los recursos, con la finalidad de atender la variación de las situaciones climáticas y su incidencia en la generación de energía.