Con una tasa de desempleo que empeoró en el primer trimestre del año en comparación con el mismo período del año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) –en los primeros tres meses de 2017 el indicador era de 8,5%, y en el comienzo de este año trepó a 8,8%– y con la tasa de empleo, que bajó casi dos puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2017 (de 63,7% a 61,9%), en un contexto de decaimiento de la actividad económica, no puede dar lugar a otro razonamiento más que es preciso actuar en pos de generar condiciones para alcanzar un nivel de inversiones que cree o por lo menos preserve las fuentes de trabajo en el Uruguay.
Y en este contexto deben evaluarse los términos del decreto aprobado el miércoles por el Poder Ejecutivo, que tiene el doble objetivo de recuperar niveles de inversión y empleo, con cambios en la reglamentación de la ley de Inversiones que otorga exoneraciones de impuestos.
La norma tiene asimismo otras modificaciones, que apuntan a premiar y facilitar el acceso al régimen de las pequeñas y medianas empresas, de parques industriales y la incorporación de vehículos eléctricos, y por otro lado, impide a la industria tabacalera acceder a los beneficios tributarios.
Es así que el decreto menciona la “pertinencia” de “actualizar los beneficiarios del régimen de modo de permitir el acceso a las cooperativas” y “la oportunidad de profundizar el tratamiento diferenciado a las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto en los aspectos procedimentales como en el nivel de los beneficios fiscales otorgados, así como de favorecer el uso del régimen por parte de empresas nuevas”.
Consecuentemente, las micro y pequeñas empresas que presenten proyectos de inversión dentro del ejercicio por un total acumulado de hasta 3,5 millones de Unidades Indexadas (U$S 432.930 a hoy), “recibirán un 20% adicional de beneficio de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) que les correspondería”.
Asimismo, para usuarios de parques industriales y parques científico-tecnológicos, el monto de IRAE exonerado y el plazo para usar ese beneficio “se incrementará en 15% respecto a lo que correspondería”.
Como herramienta para promover la incorporación de autos eléctricos el gobierno incluyó paralelamente un beneficio temporario y por lo tanto para los proyectos de inversión “presentados entre el 1° de mayo de este año y el 30 de abril de 2021, se considerará inversión elegible la adquisición de vehículos de pasajeros con motorización exclusivamente eléctrica” que se “destinen directamente a la actividad de la empresa” y siempre que el valor de importación CIF no supere los U$S 70.000.
El decreto contempla que para evaluar los proyectos y saber qué porcentaje de exoneración de IRAE les corresponderá, se los analiza según una matriz de indicadores que puntúa las iniciativas en base al empleo que generan, el aumento de exportaciones, la descentralización, el uso de tecnologías más limpias, la investigación, desarrollo e innovación y un indicador sectorial.
El puntaje máximo a obtener pasa de 100 a 130, con lo que se busca que los proyectos con “más capacidad de derrame en la economía obtengan mayores beneficios”. Aquellos que recurran al indicador de empleo o a los de investigación, desarrollo e innovación y producción más limpia (estos dos últimos deben ser de forma conjunta) podrán acceder a un mayor porcentaje de exoneración que el contemplado en el régimen actual.
El indicador de empleo –que “pesaba” 30 y subirá a 40– fue simplificado, lo que generará que se cuente de la misma manera la contratación de trabajadores independientemente de su nivel de calificación, en tanto las inversiones previstas en el proyecto, computables para obtener los beneficios, serán las ejecutadas desde que se presentó el pedido de exoneración tributaria y dentro de los cinco ejercicios siguientes.
Este paso se inscribe en un contexto de preocupación respecto a la caída del empleo y luego del Consejo de Ministros llevado a cabo hace unos diez días, en que el Poder Ejecutivo fijó como prioridad la generación de empleo para la próxima Rendición de Cuentas, instancia en que de acuerdo a lo que ha manifestado recientemente la vicepresidenta Lucía Topolansky, el presidente Tabaré Vázquez ordenó a cada ministerio “chequear con el programa de gobierno lo que se hizo y lo que resta por hacer para priorizar la distribución en la Rendición de Cuentas”.
“Además incorporamos como prioridad la generación de empleo porque habíamos bajado la tasa de desocupación y la subimos un poco”, sostuvo Topolansky.
Topolansky se mostró preocupada por la caída de empleo en algunos sectores como la construcción, la deserción de tamberos en el rubro lechero y también por el cierre de empresas como Fripur, que a su juicio “era la empresa que más valor agregado daba a los productos que exportaba”.
“Tenemos que poner un stop para que la desocupación se siga disparando y después tratar de empezar a bajarla. Con eso, los otros problemas que tenemos como en la vivienda y en la salud se van a ir resolviendo”, sostuvo la vicepresidenta.
Topolanksy dijo que Vázquez creó una comisión formada por los ministerios de Industria, de Economía, de Trabajo y de Transporte para relevar los problemas de desempleo “lugar por lugar”, y enumeró una batería de posibles medidas en las que trabaja el gobierno y sostuvo que algunas pueden ir por vía de ley o de decreto y otras a través de la Rendición de Cuentas.
Una de las medidas en la que trabaja el gobierno es incluir cláusulas en las licitaciones públicas para priorizar la producción nacional. “No hay que depender sólo del Estado pero es una especie de seguro, de anclaje que da posibilidades”, sostuvo Topolansky.
Bueno, enhorabuena; toda inquietud es bienvenida cuando se trata de hacer hincapié en generar mejores condiciones para la inversión, que es la única forma de crear empleo genuino, y en este sentido es de recibo que la vicepresidenta, que pertenece a un sector –el MPP– todavía encerrado en concepciones sesentistas, señale que no hay que depender solo del Estado, aunque lo considere un “anclaje, que da posibilidades”.
Pues precisamente, cuando se indica que hay que priorizar y promover la producción nacional, también es preciso que ello se dé sobre bases sustentables y porque esta sea competitiva tanto para su colocación en el mercado exterior como para sustituir similares de importación, cuando sea el caso.
Y para ello en lugar de que el Estado sea “un especie de seguro, un anclaje que da posibilidades” por la vía del “dedazo” a la hora de comprar, debe apuntarse a que sea eficiente, que gaste menos y con criterio, para pesar menos en impuestos, en precio de tarifas, en cargas sociales, en el costo país, y permita el mejor desenvolvimiento del país productivo.
Con este paso, que no se ha querido dar por seguir gastando más lo que se puede, y por lo tanto requiriendo cada vez más recursos desde los sectores reales de la economía, ya se estaría en otra situación fiscal, sin necesidad de que el gobierno siga rascando y tratando de sacar dinero de debajo de las piedras, para continuar postergando las medidas de fondo que se necesitan.
Empleo genuino, con “anclaje” en la inversión
