El contrato que el gobierno uruguayo firmó con la empresa finlandesa UPM para la construcción de una segunda planta de celulosa prevé que se generen hasta 5.000 nuevos puestos de trabajo en la etapa de construcción y un incremento entre 10% y 15% del PIB per cápita en la zona comprendida por los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó.
Sin embargo, ante una solicitud de acceso cursada por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), manifestaron que la información había sido clasificada como confidencial, al igual que todos los documentos referidos a las negociaciones entre el Estado uruguayo y UPM.
Además, CAinfo consultó sobre el punto 2.3.3 del contrato, que establece que “el Proyecto UPM incrementaría de forma permanente el PBI en aproximadamente dos puntos porcentuales, generaría nuevas exportaciones agroindustriales en el entorno de U$S 1.000 millones al año, con una recaudación de tributos aproximada de U$S 120 millones”.
Ante este punto el MEF sí contesta en base a cálculos con información de carácter público. En este punto la cartera brinda una respuesta de carácter tautológico: como el contrato dice que la planta producirá dos millones de toneladas, entonces exportará 1.000 millones de dólares, entonces, 1.000 millones de dólares equivalen a dos puntos del producto.
Es difícil comprender por qué el MEF puede explicar la producción de la planta, sus exportaciones y el crecimiento del PBI a escala global, y no puede hacerlo, y se declara confidencial un estudio que fundamenta, según una metodología determinada, la cantidad de empleo que generará la planta, incrementos en la recaudación de tributos; empleos permanentes generados; y crecimiento del PBI en los departamentos de Cerro Largo, Durazno, Florida y Tacuarembó.
Esta opacidad puede generar dudas legítimas en la ciudadanía. ¿Quién realizó el estudio?; ¿lo hizo una consultora privada?; ¿el estudio fue pagado por UPM o por el Estado?; ¿los estudios los hizo el Estado con sus técnicos?; o ¿hubo dos estudios, uno realizado por el sector privado, y otro realizado por el Estado, y se utilizaron los valores de uno solo de ellos?.
“Creemos que estas preguntas deben de ser contestadas por el Estado, y además deben ser documentados por el o los estudios realizados para la negociación”, finaliza diciendo el informe de CAinfo.
