La iniciativa REDD+, por la reducción de las emisiones por la degradación y deforestación, realizó un taller en el recientemente inaugurado Centro de Visitantes de Montes del Queguay, convocado por los ministerios de Ganadería y Vivienda, con la participación del Ministerio de Turismo, la Intendencia de Paysandú, empresas y organizaciones sociales. Sin embargo, “nos llama la atención que no se convocara al Gobierno territorial, o sea al municipio de Guichón”, dijo a EL TELEGRAFO el integrante del colectivo Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales, Marcelo Fagúndez.
“Nos parecen importantes estos ámbitos de consulta donde se pueden plantear y discutir nuestras preocupaciones y propuestas. Pero también en esta temática sobre impactos en el ambiente es necesario tener una mirada y un compromiso global en el tema, puntualmente de la deforestación y degradación del bosque nativo. No podemos hacernos los desentendidos de los problemas regionales como la deforestación del Chaco Paraguayo, que son 200.000 hectáreas por año, según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza”, agregó.
Explicó que cita lo ocurrido en Paraguay “porque el Estado uruguayo está haciendo una receptación de la madera de quebracho colorado proveniente de aquel país. Llegan miles de toneladas diarias a nuestro territorio para que la empresa Comsa S. A. reacondicione las vías del ferrocarril de AFE”. Recordó que se ejecuta el proyecto Focem II (Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur) en infraestructura ferroviaria, para el tramo Salto-Piedra Sola, en una distancia de 327 kilómetros, con inversión de 125 millones de dólares.
“Paraguay tiene leyes que prohíben la deforestación en la región oriental. Es la ley 2.524/04 y la ley 5.045/1 que, entre otras cosas, prohíben el transporte y comercialización de la madera, leña, carbón y cualquier subproducto originado del desmonte no permitido. Los departamentos más afectados por la deforestación son Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapua, Paraguari, San Pedro, Concepción, Caazapo y Guaira”, citó. Fagúndez cuestionó “¿qué garantiza al Estado uruguayo no estar comercializando de forma ilegal la madera que llega en camiones al litoral? Testimonios de algunos camioneros señalan que vienen de Curuguaty. Puede ser que sean empresas uruguayas las que envían la madera desde territorio paraguayo, pero decimos esto por algunos contactos que establecimos con integrantes de comunidades indígenas que nos aseguran que es una empresa uruguaya la que opera en la frontera con Bolivia”.
El colectivo manifestó su preocupación por “las miles de hectáreas que se pueden deforestar del monte nativo paraguayo para que Uruguay construya vías para el ferrocarril de AFE o UPM, cuando se podrían utilizar elementos alternativos, por ejemplo, cemento o caucho reciclado”.