Uruguay recibirá 1.000 cámaras de videovigilancia de China para instalar en la frontera con Brasil

(PRESIDENCIA)
China donará a Uruguay 5 millones de dólares en 3.956 equipos de seguridad, de los cuales 1.000 son cámaras de videovigilancia que servirán para reforzar la seguridad en departamentos fronterizos con Brasil, adelantó el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. “Son 1.000 cámaras de videovigilancia que se instalarán en los departamentos fronterizos con Brasil”, informó Eduardo Bonomi durante la firma del convenio en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Explicó que el equipamiento reforzará la seguridad fronteriza, tras las medidas adoptadas en la última semana, “para instalar la Guardia Republicana en el lado uruguayo y, del lado brasileño, hay efectivos de la Policía Nacional que controlan la situación. Hoy está mucho más tranquilo”, enfatizó.
“La iniciativa de esta donación es responsabilidad del Ministerio del Interior, que en ocasión de la visita de Bonomi al país asiático en julio de 2017, comenzó las tratativas para lograrlo”, destacó el canciller Rodolfo Nin Novoa. El secretario de Estado viajará a China en agosto, a inaugurar un consulado en la provincia de Cantón, y en noviembre, a Shangai, para participar en una exposición de importadores.
FISCALÍA SOLICITÓ PROCESAMIENTO DE MILITARES
(EFE)
La Fiscalía solicitó a la Justicia el procesamiento de cuatro militares por un presunto homicidio cometido en 1972, un año antes de iniciarse la dictadura cívico militar. El fiscal letrado penal de Montevideo en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió el procesamiento de los cuatro militares, en tanto a dos de ellos se les acusa de un delito de homicidio “muy especialmente agravado” en calidad de autores.
Al tercer militar se le acusa de un delito de homicidio “muy especialmente agravado” en calidad de autor, en reiteración real con un delito de abuso de autoridad contra los detenidos y el último es acusado por un delito de homicidio “muy especialmente agravado” en calidad de coautor, por privación de libertad y dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos.
Según indica el pedido de procesamiento de la Fiscalía, un hombre fue detenido por oficiales del Batallón de Caballería Blindada Nº 2 de Durazno por su pertenencia al Partido Comunista Revolucionario y sin una orden de detención escrita. “Ha quedado demostrado en autos que en el Batallón de Caballería Blindada Nº 2 de Durazno se practicaba la tortura. Ello fue expresado por los testigos que depusieron en autos que estuvieron detenidos allí en el momento de la detención y muerte de F.M.”, añade el documento.
Además, se destaca que luego de la autopsia realizada a la víctima, se supo que falleció por un infarto del miocardio y en su cuerpo presentó escoriaciones en la región pronto parietal, hombro izquierdo y hemitórax izquierdo. “Las lesiones eran provocadas, no autoinferidas. Concluimos que había algo más porque era una persona joven para morirse de la causa que se había consignado, las lesiones no podían explicar ese fallecimiento”, indica el testimonio del médico que participó en el reconocimiento del cuerpo.
DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL EN UNA ESCUELA
(EFE)
La familia de un niño de 9 años denunció el presunto abuso sexual por parte de otro niño de 12 en una escuela de Montevideo, confirmaron a Efe fuentes oficiales. El consejero de Educación Inicial de Primaria, Pablo Caggiani, explicó que la familia inició la denuncia judicial luego de que el niño se negara a ir a la escuela y narrara los hechos en los que “aparentemente” un compañero lo abusó sexualmente. “Hay una cosa que es muy clara, que es cuando un niño denuncia un abuso lo primero que hay que hacer es creerle. Porque alguna situación sucedió”, expresó.
Agregó que “lo primero que hay que definir” es cuál fue la situación, en qué lugar, quién es el agresor, y si efectivamente es otro niño de la escuela, analizar qué intervención es la que se tiene con ese otro niño.
En ese sentido, la Fiscalía designó a una funcionaria que solicitó una pericia al niño y la concurrencia de las maestras para dar cuenta de lo sucedido.
PRISIÓN DOMICILIARIA PARA EXSENADORA COMUNISTA SUÁREZ
(EL PAIS)
El juez Marcos Seijas dictó prisión domiciliaria para la abogada y exsenadora comunista, Michelle Suárez, tras escuchar la recomendación de un equipo médico y ante los “múltiples problemas de salud” que enfrenta. Horas antes, la fiscal Silvia Mascaró había solicitado prisión para Suárez por cuatro delitos de falsificación de firmas y uno por estafa, confirmó El País.
Suárez concurrió a declarar en el Juzgado de Atlántida, tras comprobarse la falsificación de firmas de clientes en expedientes judiciales, a través de pericias caligráficas. La abogada falsificó una firma en un caso de cambio de identidad tras una operación de reasignación de sexo, cuando presentó un poder a nombre de su cliente, radicada en España, observado por cuestiones formales. En ese momento la exsenadora presentó nuevamente el documento pero esta vez con una firma falsa de la interesada, agregaron las fuentes.
El trámite judicial solicitaba que se cambiaran todas las partidas y todos los documentos que mencionaran la identidad de la cliente al nombre de mujer adquirido tras la operación. Por otro lado, en diciembre del año pasado Suárez reconoció durante una audiencia que en el expediente referido a un caso de pérdida de la patria potestad falsificó firmas de la abogada, María del Rosario Sánchez y del padre.
En ese caso, Joana, madre de una pequeña niña, había contratado a Suárez para iniciar un juicio a su expareja, Miguel Ruiz, por pérdida de la patria potestad. La exsenadora declaró por aquel caso que falsificó una firma de Ruiz para proporcionar un domicilio electrónico a la sede. Mientras Suárez declaraba, El País confirmó que la abogada enfrenta una nueva denuncia de un hombre que la acusa de haberlo perjudicado tras contratarla.
Esta denuncia, presentada ayer en la sede judicial, establece que esta persona entregó $ 19.000 a Suárez, de los cuales $ 9.000 eran para pagar un poder. Sin embargo, según el hombre, la exsenadora utilizó ese dinero para “parar el juicio” y afectó así los intereses de su cliente.