Ancap o la fiesta de los sobrecostos

Tan simbólico como ilustrativo de la situación de Ancap es el hecho de que mientras sus autoridades “festejan” un saldo positivo de 39 millones de dólares en el balance del ejercicio 2017, las plantas de cemento del ente perdieron esa suma en el mismo período, en tanto la empresa privada que compite en el portland ganó más de 30 millones de dólares, con cuatro veces menos personal que el ente estatal.
Por lo tanto es claro que ese desfasaje entre pérdidas y el esmirriado saldo positivo final sale de los sobreprecios que se aplican a los combustibles, muy por encima de los demás de la región, con el gasoil que duplica al precio que se vende en Chile y un 30 a 40 por ciento por encima del de la Argentina, que es el que le sigue. Por ende con un costo adicional formidable para los sectores productivos, para el desenvolvimiento de las empresas en general –incluyendo naturalmente al transporte– y al ciudadano por la vía de ejercer una presión inflacionaria que es además contrarrestada a duras penas por un dólar subvaluado, que afecta la competitividad.
Dicho esto, aún así puede asegurarse con pleno fundamento que el presente Directorio bajo la dirección de Marta Jara tiene un desempeño mucho mejor que el que estaba con Raúl Sendic a la cabeza –que no es el único responsible– porque más o menos ha revertido las enormes pérdidas para tener un pequeño saldo a favor, aunque sea mínimo respecto a la acumulación de pérdidas que obligaron a una recapitalización por todos los uruguayos de más de 625 millones de dólares.
En cuanto a debates que han surgido a partir de estos números, las últimas decisiones de las autoridades del ente y de los números, si hay un aspecto que no admite discusión es el que tiene que ver con la ineficiencia del ente, desde que los costos de producción del cemento son insostenibles y no tienen ninguna posibilidad de competir ni en el mercado internacional ni en el interno. De esta forma que termina beneficiando a la empresa privada, porque a diferencia de lo que sería una competencia “sana”, en este caso Ancap sube todo lo posible el precio de la bolsa de cemento para tratar de perder lo menos posible –sin lograrlo–, elevando el precio del producto en el mercado, para satisfacción de la empresa privada, que así logra mejorar sus ganancias sin tener que preocuparse en mejorar su eficiencia. Por otro lado, en lo que respecta a refinar combustibles, el consumidor uruguayo paga precios por encima de los que pagaría si los combustibles se importaran directamente, salteando la refinería, su burocracia y costo que implica el personal mejor remunerado de todas las empresas estatales.
Veamos que dice al respecto la presidenta del Directorio del organismo, Marta Jara. Acerca del refinado, señaló que “no hay postura filosófica” en la decisión de importar crudo y procesarlo en la planta de La Teja, sino que se basa “en números duros” a los que se llega mediante una “metodología internacionalmente aceptada por todas las empresas que refinan”.
También afirmó que la medición de precios de paridad de importación (PPI) que realiza la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) no toma en cuenta “otros elementos” como los pagos por IVA y las gastos de administración y venta posteriores a la producción.
Estos conceptos son desmentidos enfáticamente por los especialistas y el propio informe de Ursea da cuenta que los componentes considerados en la metodología son el flete marítimo más los seguros a pagarse para el envío del combustible, todos los gastos y tasas necesarias para colocar el producto a la salida de las plantas de despacho, los costos de almacenaje y distribución mayorista, los de mezclar el gasoil y las naftas con biocombustibles (tal como lo establece la legislación local), los de distribución minorista y los impuestos a abonar. Lo dice el organismo que funciona en la órbita de Presidencia encargado de regular, fiscalizar y asesorar en temas de energía, combustible y agua.
Así, precisa la Ursea que en febrero el precio en el surtidor del litro de nafta Premium está $ 5,65 por encima del PPI ($52,3 contra $46,65), el de nafta Súper $5,43 ($50,40 contra $44,97) y el del gasoil tiene la mayor diferencia con $8,54 ($40,4 contra $31,86). En sentido inverso, el kilo de supergas está $ 13,07 menos al público que si se importara ($43,5 contra $56,57), en lo que es naturalmente un precio político vigente desde hace muchos años.
En otra postura, el director de Ancap en representación de la oposición (Partido Nacional), Diego Labat, dijo a Radiomundo que el refinado es un tema a discutir. “El país sí se debe un debate, pero que no tiene que ser refinería sí, refinería no, sino que el centro de la cuestión como país tiene que estar en cuál es la forma de organización de este mercado que haga que los uruguayos tengan el precio del combustible más barato”, reflexionó. Sobre las explicaciones brindadas en la conferencia, sostuvo que no alcanzan para “concluir muy fácilmente que conviene refinar, que la refinación está agregando valor”.
El fondo del asunto, al fin de cuentas, puede sintetizarse en lo señalado por el economista de CPA, Alfonso Capurro, en el sentido de que los datos de Ursea revelan que “en 2017 hubo un sobrecosto que pagaron consumidores y productores del orden de U$S 420 millones, en su mayoría sobrecargado sobre el gasoil, que es donde hay un mayor desvío respecto a la paridad de importación”.
Aclaró que podrían haber responsabilidades compartidas en ese sobreprecio –“podemos achacárselo a Ancap, al sistema de distribución o las tasas de impuestos”, expresó–, pero una eventual legislación de avanzada “que obligara a producir en condiciones de eficiencia, es decir a un precio competitivo a nivel internacional”, forzaría a reducir de alguna forma esos millones de más.
Pero no se trata solo de números de Ancap, porque con ser un ente monopólico en los combustibles, todo peso en más o en menos en el litro del gasoil y otros combustibles sí que mueve realmente la aguja en el tramado socioeconómico del país. Y como bien señala el analista de CPA, las “consecuencias” que tiene esta ineficiencia se refleja en la “competitividad de los sectores productivos”, y analizó que la ganancia de U$S 39 millones que logró Ancap resulta “un poco baja para lo caro que son los combustibles en Uruguay”. Como ejemplo puso a UTE, que tiene “un precio de la energía caro, sobre todo para los hogares”, pero logra una ganancia mayor, que fue de U$S 492,1 millones en 2017.
Según da cuenta El País, en una línea similar, el ingeniero especializado en hidrocarburos y miembro del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica, Andrés Tierno Abreu (gerente general de Ancap entre 1975 y 1990), “si uno relaciona el capital empleado para obtener esa ganancia o el volumen de ventas de Ancap, diría que ese resultado es muy bajo”.
En suma, los sobrecostos de los combustibles financian las perdidas en el cemento, la de las subsidiarias ALUR (producción de biocombustibles), Gas Sayago (Ancap posee el 20% de la firma creada para encargarse del proyecto de la regasificadora) y Ancsol (dueña mayoritaria de Carboclor, petroquímica que opera en Argentina).
Eso, sin tener en cuenta que el ente cuenta con el doble de funcionarios que lo que realmente necesitaría una empresa privada, siendo benignos con la estimación, y con el agravante de las trabas que plantea el sindicato a toda reestructura, lo que reafirma que Ancap es de y para sus funcionarios, más allá de los graves errores e inconsistencias en la gestión del organismo.
¿Y el país qué? ¿Qué de los uruguayos, supuestamente dueños de la empresa? Bueno, la realidad que se nos impone a diario es la respuesta irrefutable, por encima de ideologías y eslóganes.