El martes se realizará una asamblea del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) y el Sindicato Policial de Montevideo (Sifpom), que nuclea a alrededor de 10.000 efectivos, en que se considerará el proyecto de legítima defensa presunta, presentado a nivel parlamentario –para las garantías jurídicas–, entre otros temas. Esto motivó además que se declararan en sesión permanente.
En Paysandú, el gremio procura reunirse previo al día de la asamblea, que se realizará a las 10 del martes 13 en el hotel Embajador de la capital del país.
En tal sentido, el secretario general del SUPU, Alejandro Alvarez, indicó a EL TELEGRAFO que tendrán una audiencia con la comisión de Seguridad del Parlamento “porque sabemos que hay varios partidos políticos que presentaron proyectos de ley sobre la legítima defensa”.
“Queremos desarchivarlos y presentar nosotros un proyecto tomando esos. Nosotros no vamos con ningún partido político sino por la defensa del trabajador policial”, aclaró.
Dijo, en tanto, que cuentan con informes de asesores “para que el trabajador en tal procedimiento y en cierta circunstancia actúe en base a la reglamentación o en base a la capacitación que tiene; porque puede haber situaciones diferentes y hay que considerar el tema de la presunción de legítima defensa”.
Sobre el poder de acción de la Policía, desde la implementación del nuevo Código de Proceso Penal, Alvarez manifestó que “está complicado”.
“Si bien se han dado varios mensajes, no están muy claros. Con la aplicación de la nueva ley orgánica policial, el policía no terminó de capacitarse en eso y se le sumó el nuevo código de proceso penal que fue una capacitación muy por arriba. Se informó en cada departamento, se hicieron charlas con fiscales, pero está todo el tema del proceso. El código estuvo tres años en discusión y tuvo varias modificaciones. Cuando se aplicó se vio en que se contraponía el trabajo entre la ley de procedimiento policial con el nuevo código. Entonces el policía se planteó a qué le hacía caso.
Hay ciertos puntos con esas interrogantes donde el policía debe saber si actúa, la forma en que lo hace, si sale lesionado las circunstancias en que eso se da, si es en acto de servicio. Todo el trámite que tenía que hacer con Sanidad Policial, podía correr riesgo de que el trámite no se hiciera en tiempo y forma, y pudiera pasar al descuento de sueldo, quedar con una lesión o tener un sumario. Se plantearon varios interrogantes que no están claras para el trabajo. Ahí es donde el policía a veces piensa primero en él y la familia, o en el salario. Si bien por ley estamos obligados a dar la vida por la sociedad ¿cuáles son las garantías y las condiciones?”, dijo el secretario general del SUPU.
CUSTODIA A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
Otro de las temas a considerar es la situación de peligro de los efectivos que realizan los servicios 10/10, asignados a la custodia de víctimas de violencia de género. “Va enrabado a la legítima defensa. Se está exponiendo a funcionarios policiales a realizar una custodia a barrios conflictivos donde no tienen las garantías para su protección, falta equipamiento, faltan radios, chalecos; tiene que haber por lo menos dos funcionarios y un móvil”, comentó Alvarez.
“Sabemos que puede haber varios argumentos del ministerio pero hay que ver en qué condiciones van a mandar al funcionario. Son muy pocas las veces en que se mandan de a dos o un móvil. Pero no podemos llegar al extremo de que tenga que perder la vida un compañero, es un tema que ya lo venimos planteando desde agosto del año pasado. A la fecha se tuvo que haber preparado y mantenido las instancias necesarias con la Suprema Corte de Justicia, con el Fiscal de Corte, con los fiscales, con el Ministerio del Interior para llegar a solucionar esto”, agregó.
Por su parte, ante la falta de tobilleras electrónicas los policías son expuestos a situaciones de vulnerabilidad. “Al no haber tobilleras para colocar a los victimarios, se manda custodia directo. Al saber los jueces que no hay pulseras, dictaminan una custodia. Están en lugares conflictivos donde en casos puntuales el funcionario tiene que acompañar a la víctima al almacén, a un supermercado y hasta a un baile. Entonces el policía está siendo para todo y expuesto a todo. Además no tiene información primaria del victimario, es decir nombre, cómo es la complexión física, para si mañana va una persona X es el victimario o no. El policía tiene que saber”, dijo.
PROYECTO DE HORAS EXTRA
Ante la baja de horas previstas para el servicio 222, los sindicatos plantean un proyecto de horas extra. “A partir del 2010, que se aplicó el artículo 206 de la ley de presupuesto donde el policía no puede hacer más servicio de vigilancia y custodia fuera del ámbito policial, el mal llamado 223. Vamos a plantear la derogación de ese artículo pero a su vez la creación de horas extra porque el funcionario hace poco 222. Vemos que hoy en día hasta almacenes han pedido guardias de seguridad, que son funciones que puede cumplirlas un policía. Pero hay funcionarios policiales a quienes se les pregunta y no pueden hacerlo. Pero al tener mayor ingreso económico, muchos se arriesgan a hacer eso que no es lo justo. Podemos llegar a que se reglamenten las horas extra”, dijo Alvarez. Además se planteará la aplicación y pago de forma inmediata de la ley 19.313 respecto a nocturnidad para el sector policial.
