(EL PAIS)
El nuevo presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcos Carámbula, y su equipo tienen dos años para encaminar al principal prestador de salud del país. Por esta razón, en tan solo una semana, el equipo ya se planteó los primeros desafíos: resolver las irregularidades en la División Arquitectura, habilitar a todas las farmacias del organismo y viabilizar un proyecto de ley que propone que los 42 directores de hospitales públicos concursen por sus cargos, inclusive quienes ya los ocupan. Tras el acto de asunción, Carámbula informó a El País que el primer foco de atención de su gestión estará en la regulación de las habilitaciones de las farmacias de ASSE. Es que ninguna farmacia del organismo cuenta con la habilitación del Ministerio de Salud Pública (MSP) y apenas el 18% está en trámites de hacerlo. La situación fue comunicada por el propio ministro Basso en el Parlamento el año pasado.
Pero por otro lado, en la División de Arquitectura hay todo un escenario de incumplimientos con las metas propuestas, cuestiones que ya están incluidas en el marco de la comisión investigadora de ASSE en el Parlamento. Según una auditoría interna de 2013 a la que accedió El País, “es insuficiente la supervisión en el área administrativo contable”, hay “distorsiones en los planes de obras”, hay obras de mantenimiento que no están inscriptas en el BPS, y a noviembre de 2013, “se ejecutó el 92% de las obras planificadas para 2011”. Estas son apenas algunas situaciones apartadas de la norma, recogidas en el informe de auditoría.
“Tenemos objetivos en función de los dos años de trabajo, por ejemplo el rediseño institucional de ASSE con un marco normativo, el fortalecimiento de la auditoría y la unidad de transparencia, pero sobre todo el diálogo con los actores políticos”, señaló Carámbula en rueda de prensa. En este sentido, el exintendente de Canelones anunció una serie de reuniones de trabajo con legisladores de todos los partidos políticos, representantes del Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y de la Federación Médica del Interior (FEMI). En ASSE se atiende el 40% de la población, por eso el directorio apelará a la “cercanía” con los usuarios que reciben atención en los más de 900 puestos de salud que tiene el organismo en todo el país.
El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, tiene en su poder el borrador de un proyecto de ley que establece que todos los actuales y futuros directores de los 42 hospitales concursen para ocupar sus puestos. Una fuente política informó a El País que Miranda “está realizando las consultas y presentaciones” necesarias.
CLASES PARA 1.200 PRESOS
(TELENOCHE)
El Consejo Directivo Central (Codicen) dio clases a 1.200 reclusos en 2017, de los cuales 800 cursaron educación primaria y los restantes 400 talleres educativos. En total, se destinaron 635 horas y 60 docentes. Por otro lado, el Consejo de Educación Secundaria (CES) dispuso 3.000 horas docentes para reclusos y, según informó el director Robert Silva a Telenoche, egresaron 47 de educación media básica y 44 de media superior. Hasta marzo del año pasado, la población carcelaria ascendía a 11.300 personas. Estas cifras surgen en momentos en los que un relevamiento hecho por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en el Comcar hay 130 presos que se autodefinen como analfabetos y otras 263 personas dijeron no haber terminado la escuela. En declaraciones a El Observador en enero, Silva sostuvo que el Codicen no está en condiciones para llevar adelante un plan de alfabetización para el Comcar. Frente a esta situación, el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, presentó un recurso de amparo para que se atienda la situación.
Según publicó La Diaria, en la audiencia del viernes, el presidente del Codicen sostuvo que se iniciará un trabajo de alfabetización para grupos de 20 personas privadas de libertad, con cinco maestras y cinco tutores, que son presos que colaboran en la formación. Petit afirma que la población de analfabetos en el centro es aún mayor.
BSE PERDIÓ US$ 65: POR RENTAS VITALICIAS
(EL PAIS)
Los instrumentos financieros utilizados en Uruguay son la Unidad Reajustable (UR) y la Unidad Indexada (UI), pero si el Parlamento aprueba una ley propuesta por el gobierno, se creará una tercera: la Unidad Previsional (UP).
La mencionada moneda variará con el Índice Medio de Salarios (IMS) y tendrá valuación diaria. El gobierno tiene la necesidad de mitigar los desequilibrios de monedas y plazos en los balances de las empresas aseguradoras públicas y privadas, así como de las cajas paraestatales, tratando de reducir el riesgo de su operativa. Esta situación ha llevado a que solamente en 2017 el Banco de Seguros del Estado (BSE) haya perdido US$ 65 millones.
Una delegación del equipo económico encabezada por el subsecretario de Economía Pablo Ferreri y el economista Herman Kamil, director de la Unidad de Gestión de Deuda de la cartera, concurrió a la comisión de Hacienda del Senado a defender el proyecto y explicar cuál será su cometido. El subsecretario Ferreri indicó en la comisión que “si el Parlamento está de acuerdo en crear esta moneda, el gobierno luego tiene pensado emitir en forma recurrente títulos que estén indexados a ella. Eso va a permitir a las empresas aseguradoras y a otras instituciones comprar esos activos financieros y calzar activo y pasivo”.
EN DUDA FINAL DEL CONFLICTO
(EL PAIS)
La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay acelera, en un clima de incertidumbre, la recolección de adhesiones al acuerdo que el gremio firmó en enero con el gobierno para dejar atrás el largo conflicto por el “enganche” de las remuneraciones de los trabajadores con las de los ministros de Estado y de la Suprema Corte de Justicia. Se requiere el 80% de las adhesiones de alrededor de 2.700 personas y hasta ayer se había superado el 70%, informó a El País el dirigente Sandino Schiavone. Si bien el plazo en principio vencía ayer, no era “perentorio” y todavía el lunes se recibirán adhesiones tomando en cuenta algunas dificultades para recibir las comunicaciones desde el interior. Ese día se entregarán para su conteo a la oficina de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia.
Schiavone señaló que el acuerdo supone terminar con la “incertidumbre” sobre el cobro y permitiría que el sindicato volviera a concentrarse en el “día a día”, en particular en las consecuencias de la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. Un grupo de funcionarios, patrocinado por el abogado Pablo Donnangelo, realizó una demanda en reclamo de lo que el Estado adeuda a los trabajadores. Un decreto del mes pasado establece que en caso de que la sentencia sea desfavorable al Poder Ejecutivo, este hará un pago global y no a los distintos funcionarios, lo que en los hechos, como el pago excedería los US$ 10 millones, supondría postergarlo hasta el próximo gobierno, porque eso es lo que se previó para los montos superiores a esa cantidad en la Rendición de Cuentas.
La fórmula que el gobierno ofreció al sindicato en diciembre pasado suponía que los cargos más altos percibirían el 57% de la deuda y los funcionarios ubicados más abajo en el escalafón el 65%. La fórmula implica que el Estado pague unos US$ 50 millones durante dos años. El aumento salarial que recibirán en promedio los trabajadores rondará los $ 2.500. En porcentaje el incremento equivale a un 18,8%.
