La Mesa Ejecutiva del Plenario de Municipios y los alcaldes del departamento se reunieron en Paysandú. Asimismo, la Mesa fue recibida por el intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, quien estuvo acompañado de varios integrantes de su equipo de gestión, y con la Junta Departamental.
Las diferencias en la lectura y ejecución de los presupuestos fue el tema central. Para los municipios, según pidieron al intendente Guillermo Caraballo, “sería una excelente medida lograr el cumplimiento de lo establecido en los Compromisos de Gestión firmados con cada municipio, que establecen un seguimiento regular de su ejecución, y sugerimos para mayor contralor y profundización democrática, para este año, incorporar la participación de la Junta Departamental en dichas instancias, al menos las referidas al seguimiento presupuestal aprobado por dicho organismo”.
La reunión se realizó en la sala José Acquistapace del Palacio Municipal, donde Caraballo estuvo acompañado por el secretario general, Mario Díaz; la directora general de Administración, Patricia Tabárez; la directora de Descentralización, Liliana Geninazza; el director de Asesoría Letrada, Federico Álvarez Petraglia; y el integrante del equipo de gestión del Departamento de Administración, Emiliano Molinari.
Los municipios de Paysandú presentaron el trabajo técnico realizado por la socióloga Rosario González, técnico asesor para las Audiencias Públicas de los Municipios de Tambores, Lorenzo Geyres y Quebracho, realizado a solicitud de los alcaldes, que determina que en esos tres municipios bajo estudio llaman la atención al hecho que en febrero del año pasado, el Ejecutivo Departamental informó a los municipios “en forma oral” que hubo un “error” en el presupuesto. Les envió entonces “una planilla nueva, sin adjuntar o presentar la referida modificada en la Junta Departamental o intervención del Tribunal de Cuentas”.
Para los municipios, ese hecho, desde que redujo el rubro Retribuciones Personales, “afecta el cumplimiento efectivo y ejercicio pleno de la ley 19.272”, en lo relativo “a la Administración de los financieros y humanos dependientes de cada municipio”.
En concreto, en esta parte sustancial de las demandas de los municipios, se refirieron a la baja en la disponibilidad de horas extra, viáticos, inhábiles e insalubres. “Esta situación en 2017 y actualmente 2018, está generando un serio problema en relación al Rubro Retribuciones Personales, momento en que se adoptaron medidas inconsultas de recortes en asignación presupuestal en este rubro”.
Incluso entienden que “identificamos en algunos municipios que aún eliminando el total de las horas extra, el crédito presupuestal anual establecido y autorizado por el Ejecutivo Departamental, es insuficiente para financiar los sueldos básicos, leyes sociales y beneficios, por lo que aparecen “desfinanciados” o como “gasto en más” aún cumpliendo estrictamente las horas extras asignadas en respeto por el crédito vigente, y sin haber aumentado su carga en número de personal asignado”.
Aunque aún no ha sido considerado por el Plenario de la Junta Departamental, los municipios llamaron la atención a la Rendición de Cuentas ejercicio 2016, donde el Tribunal de Cuentas observó que “la función de ordenar, pagar y reiterar gastos no es realizado por los municipios y alcaldes sino que es realizado por el intendente, el secretario general y el director de Administración de la Intendencia”.
El Tribunal de Cuentas “se abstiene y no se expresa respecto a los Estados de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2016”, indicando que “no fue posible aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia” sobre aspectos que detalla como “Bases para la abstención de opinión” y que, entre otras, refieren a que “el total de disponibilidades según el Estado Movimiento de Fondos y Valores difiere del saldo proporcionado por el sistema contable (SEFI) en 79.883.475 pesos”. “Esta situación, de diferencias entre el sistema contable de Intendencia de Paysandú, los registros e información disponible en los municipios, y las diferencias detectadas en el presupuesto lleven a solicitar y considerar como indispensable un mayor seguimiento del nivel de ejecución, e intercambio de información y análisis entre el Ejecutivo Departamental y los municipios para mejorar la gestión y los niveles de ejecución de inversiones, en beneficio de la ciudadanía y los residentes de los siete municipios de Paysandú”.
También resaltaron que surgen diferencias en lo que refiere a créditos presupuestales, identificándose “diferencias por 31.481.933 pesos anuales (ejercicio 2016) entre páginas del presupuesto quinquenal vinculadas a los municipios. Por 30.879.529 de pesos en el Rubro 0, Retribuciones Personales, y 602.404 pesos en Gastos de Funcionamiento”.
Expresaron “dificultades para el pleno ejercicio de la ley de Descentralización y Participación Ciudadana”. Recordaron que “el dictamen del Tribunal de Cuentas, relativo al Presupuesto Departamental, señala incumplimientos de disposiciones del Tocaf y de la Ley 19.272 y sus modificaciones”. Explicaron que sostienen eso porque en el “artículo 23 del Presupuesto establece que únicamente por Resolución del Intendente podrán ser afectadas las partidas del presupuesto, como único ordenador de gastos. No hace referencia a los municipios en su calidad de ordenadores de gastos y pagos”.
También destacan que “el artículo Sexto del presupuesto departamental referido a la remuneración de los alcaldes, contraviene lo dispuesto por el Artículo 86 Inciso 1 de la Constitución de la República respecto a la fijación de las dotaciones debe estar establecida en el presupuesto. Destacamos que la retribución de los alcaldes se financia con partida de libre disponibilidad del literal A”.
