(Por Horacio R. Brum) Un jueves de febrero en Buenos Aires, calle Libertad esquina Marcelo T. de Alvear, a una cuadra de la avenida Santa Fe, donde comienza el Barrio Norte, el enclave con aires europeos de las viejas fortunas argentinas. El nene, que tiene unos diez años y se ve muy saludable, camina con su mamá hacia Santa Fe e intercambia con ella unas palabras que este corresponsal no oye, mientras se acerca a ellos en la misma dirección.
De pronto, al grito materno de: “¡Dale, hacé!”, el pibe argentino vestido con equipo de fútbol camina hacia el cordón de la vereda y se pone a descargar sus aguas interiores, sin que él o la autora de sus días demuestren la menor preocupación por el efecto que tal espectáculo puede tener en los transeúntes o en los clientes de la confitería que está vereda por medio.
Tal vez, en otros tiempos, la mamá del nene le habría dicho: “¡Aguantate hasta llegar a casa!” o lo hubiese tironeado hasta el café más cercano, donde los mozos, con una sonrisa de comprensión, le habrían dado permiso para usar el baño. Hoy, la escena bien puede ser una alegoría de la sociedad argentina, no solo porque la mayoría de las confiterías, bares y cafés permiten el uso del baño únicamente a los clientes, para alejar a las numerosas personas que viven en las calles, sino porque la vida pública del país parece desarrollarse en función de las necesidades inmediatas y de los intereses personales y sectoriales.
Un ejemplo rotundo fue el acto del miércoles 21 de febrero, organizado por el dirigente camionero Hugo Moyano. Aliado al presidente Macri en los comienzos de su gobierno, Moyano decidió, algunas semanas atrás, que el gobierno va contra los intereses de los trabajadores, cuando la Justicia comenzó a investigar la red de negocios y manejos de dinero poco claros que tiene montada con su familia y abarca desde el sindicato de los camioneros hasta el club de fútbol Independiente.
Pese a sus raíces profundas en la derecha peronista y después de haber sido enemigo de Cristina Kirchner en la postrimería de la presidencia de la hoy senadora, el camionero –que hace rato no se sienta al volante de un vehículo de trabajo– unió sus huestes a las del kirchnerismo y a los radicales de izquierda, que se autodenominan “organizaciones sociales”, para hacer número en plena 9 de Julio y complicar, una vez más, el ritmo de trabajo de la ciudad.
El jueves y viernes siguientes, un grupo de alrededor de veinte personas siguió el ejemplo del sindicalista y cortó la avenida durante cuatro horas cada vez, en protesta por el cierre de un establecimiento educativo… ubicado a 2.500 kilómetros al sur de Buenos Aires.
Las marchas, actos y bloqueos de calles por cualquier pretexto continúan siendo un monstruo de varias cabezas que Mauricio Macri no puede dominar. Según el cálculo del Ministerio de Hacienda, los inconvenientes provocados por la movilización de Moyano generaron pérdidas en la productividad equivalentes a 240 millones de dólares. Tal suma es igual a tres millones de asignaciones familiares, el beneficio social que cobran muchos de los que fueron a dar su apoyo a un líder sindical corrupto.
Además, cualquier intento de poner orden es etiquetado como “criminalización de la protesta” por las organizaciones de derechos humanos y, durante los grandes disturbios que se produjeron en diciembre por el debate legislativo de la reforma jubilatoria, una jueza llegó a ordenar que las fuerzas policiales actuaran sin equipos de represión. Más de 40 policías fueron heridos en las pedreas, con proyectiles que los manifestantes fabricaron destruyendo a martillazos los bancos y el pavimento de la plaza del Congreso.
El síndrome de Piñera
Al igual que su amigo Sebastián Piñera, quien nuevamente asumirá la presidencia de Chile dentro de pocas semanas, Mauricio Macri es un empresario metido a político. Por eso, viene de un mundo donde todo lo que no está prohibido expresamente está permitido, en especial en cuestiones de dinero y resulta lógico, por ejemplo, recibir un gran bono por término de contrato o poner fondos en una cuenta en el exterior para evitar problemas con el pago de los impuestos. Tanto Macri como Piñera en su primer gobierno trajeron a sus gabinetes gente de ese ambiente y tuvieron que pagar el costo de ignorar los conflictos de intereses.
El mandatario argentino designó ministro de Agroindustria al presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, lo que para algunos fue poner al zorro a cuidar las gallinas y para la oposición política, en especial los kirchneristas, la confirmación de que la oligarquía vacuna llegó al poder. Además, el funcionario recibió de la Rural un bono de reconocimiento al dejar la presidencia, que llegó a los 25.000 dólares y ello fue cuestionado incluso por un grupo de socios. Debido al escándalo público, el ministro devolvió la suma, pero ni él ni Macri pronunciaron palabras que indicaran que comprendieron a fondo las implicaciones éticas del caso.
Hace unos días, Etchevehere se manifestó orgulloso por haber recibido aquel bono, que para él fue un reconocimiento de la Sociedad Rural a su desempeño en la comisión directiva y defendió al renunciante subsecretario general de la Presidencia de la República, Valentín Díaz Gilligan, quien tuvo que dejar su cargo porque el diario El País de España descubrió que había depositado un millón de euros en el paraíso fiscal de Andorra, un país minúsculo de la frontera franco-española que vive de ese tipo de operaciones.
“Es una cuestión privada, dineros privados, seguramente aclarará y presentará todas las pruebas necesarias”, dijo el ministro de Agroindustria, en tanto la Casa Rosada respaldó a Díaz Gilligan hasta que fue evidente que estaba envuelto en un asunto turbio, porque había sido testaferro en la cuenta andorrana de Francisco “Paco” Casal, el virtual dueño del fútbol uruguayo, que no se caracteriza por su transparencia en materia tributaria. El miembro del gobierno de Macri manejó esos dineros de Casal cuando este tuvo problemas con la dirección impositiva uruguaya, problemas que se solucionaron con un “perdonazo” tributario impulsado por el gobierno de José Mujica.
La renuncia de Díaz Gilligan solo se produjo cuando su caso se volvió indefendible y la Oficina Anticorrupción argentina comenzó a investigarlo. Una vez más, no hubo cuestionamientos éticos del presidente y fue la rebelión de su partido la que provocó la salida del subsecretario.
¿Quién desarma la mafia esférica?
Valentín Díaz Gilligan es vocal del club de fútbol River Plate. La secretaría de Presidencia donde trabajaba incluye a la Secretaría de Deportes, que se relaciona con el mundo del fútbol y, en otras épocas, manejaba Fútbol para Todos, el sistema de trasmisión televisiva gratuita de los partidos que los Kirchner empleaban para sus fines de propaganda demagógica.
Pese a las toneladas de expedientes judiciales, libros de investigación y denuncias de todo tipo sobre la estructuras mafiosas que alberga, en esta pasión de los argentinos se enlazan amigos y enemigos de los círculos del poder. Macri es expresidente de Boca e hincha fanático; Claudio Tapia, el presidente de Asociación del Fútbol Argentino, también es hincha de Boca y obtuvo su mandato por el respaldo de su suegro Hugo Moyano, el mismo dirigente de los camioneros que organizó la marcha del 21 de febrero contra el gobierno. Moyano y su hijo Pablo encabezan el directorio del club Independiente, así como el del sindicato de Camioneros, al que perteneció Claudio Tapia.
Y volviendo a Boca Juniors, el presidente actual es Daniel Angelici, abogado, gran empresario de los juegos de azar, amigo de Macri y uno de sus operadores políticos en el ambiente judicial. Como dato anecdótico para redondear la pelota, se puede contar que el lunes 19, al día siguiente de un partido River-Boca –muy cuestionado por el arbitraje que perjudicó a River y en el que las hinchadas cantaban contra el presidente de la República en el delicado lenguaje de las turbas futboleras (“¡Macri… la puta que te…!” fue una de las frases menos ofensivas)–, el jefe del Ejecutivo almorzó en la casa de gobierno con el DT de Boca y amigo personal, Guillermo Barros Schelotto.
El regocijo nacional por aquel gol sucio de Maradona en el Mundial del 86, la “mano de Dios”, demostró que las picardías y las avivadas tienen poca sanción social en Argentina si dan resultados positivos. Macri prometió trabajar por un cambio de esa mentalidad, pero no se ha privado de usar algunos recursos políticos que se parecen mucho a goles con la mano.
Así, intenta compensar su debilidad en el Parlamento con los decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), unos instrumentos que permite que el Poder Ejecutivo promulgue leyes sin el concurso del Legislativo. Por estos días, arden las discusiones sobre el llamado MegaDNU, un enorme paquete de medidas que van desde la desregulación del tráfico aéreo hasta el uso de los fondos de los jubilados para operaciones de tipo bursátil. Paradójicamente, los DNU fueron una herramienta de gobierno favorita de Cristina Kirchner.
En el edificio donde este corresponsal reside cuando viaja a Buenos Aires, la planilla del sueldo del portero registra aproximadamente una docena de aportes patronales, además de los jubilatorios: la cuota sindical, la cuota para la federación de sindicatos, el seguro de accidentes, el seguro de salud, la cuota para mutualista del sindicato, el bono anual, el bono por antigüedad, el bono por recoger la basura de cada departamento, el bono por separar la basura para reciclar, entre otros.
Al preguntarle si le convenía más que los desechos reciclables fueran en bolsas separadas, su respuesta fue categórica: “Me da lo mismo, porque yo no le voy a hacer el trabajo a estos [por las autoridades municipales] yendo especialmente hasta el contenedor de los reciclables…” Metafóricamente, este señor es uno más de los cuarenta millones de nenes que orinan en la vereda de la Argentina de Macri.
