Es difícil sustraerse al concepto de los platitos chinos girando que mencionara en su momento el presidente del Banco Central del Uruguay, Cr. Mario Bergara, cuando hizo referencia a que hay un delicado tramado en la relación de los parámetros de la economía, y que cuando se prioriza alguno de ellos en desmedro de los demás, para atender reivindicaciones justas y/o coyunturas se genera un desbalance que puede acarrear efectos peores que los que se ha estado tratando de evitar.
No escapa a este ejemplo el tema del empleo, tanto en cantidad como en calidad, porque pasa por los costos salariales, la rentabilidad de las empresas, la mejora del salario real, los atractivos para la inversión, entre los platitos chinos que aparecen y desaparecen en la ecuación, pero que de una u otra forma siempre están presentes a la hora de evaluar costos y beneficios, de acciones y sus consecuencias.
Una muestra más de lo que se dice y lo que se puede hacer surge de anuncios del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, cuando en nombre del Poder Ejecutivo definió lineamientos con la proclamada intención de mejorar los niveles de empleo y proteger las mejoras salariales de los últimos 13 años, sin mencionar que a su vez los datos indican que desde 2014 a la fecha se han destruido 40.000 puestos de empleo en el Uruguay.
A través de Murro el Gobierno presentó los lineamientos para la séptima ronda de los Consejos de Salarios que entre sus principales objetivos incluye la mejora de los niveles y calidad de empleo, atender a los trabajadores con menores ingresos, y asegurar el crecimiento del salario real y las pasividades.
Los lineamientos del Ejecutivo proponen acuerdos a 24 o 30 meses como mínimo, con ajustes semestrales o anuales en caso de que las partes así lo acuerden. Los aumentos propuestos para el primer año, según la calificación establecida para cada sector, son de 6,5% (sector en problemas), 7,5% (sector medio) y 8,5% (sector dinámico). El segundo año serán de 6, 7 y 8%, respectivamente, y para el último semestre o tercer año 5, 6 y 7%.
Se proponen además aumentos adicionales para los salarios bajos, es decir, para aquellos trabajadores que perciban hasta 25% por encima del salario mínimo nacional. Para este caso, los aumentos propuestos son 1% (sector en problemas), 2% (sector medio) y 2,5% (sector dinámico).
En cuanto al salario mínimo nacional, la propuesta del Poder Ejecutivo establece aumentos semestrales y no anuales como hasta ahora. En enero de 2019 se ubicará en 15.000 pesos, “bastante por encima de los precios”, enfatizó Murro.
Una fuente de gobierno señaló días atrás a El Observador que la preocupación que existe respecto a la pérdida de empleos llevó a ser cuidadosos con los ajustes diferenciales para los salarios sumergidos. Ello porque el personal con baja calificación ha sido uno de los grandes perjudicados debido al menor dinamismo que muestra el mercado laboral en los últimos tres años.
El criterio utilizado por el gobierno en la ronda de negociación pasada había establecido ajustes adicionales de 3,5% y 2,5% para dos franjas de salarios que estaban situadas entre el mínimo nacional de $10 mil y $14 mil líquidos (a valores de 2015).
Esos ajustes adicionales fueron incorporados en acuerdos como el de trabajadoras domésticas, comercio minorista, supermercados y trabajadores rurales, por ejemplo.
Como es obvio, el planteo del gobierno no coincide con lo pretendido por el Pit Cnt, que entiende necesario seguir con este tipo de ajustes, pero de manera independiente a las condiciones sectoriales y abarcando todos los salarios que hoy perciben un líquido inferior a $20 mil.
En esta oportunidad el gobierno proporcionará indicadores sectoriales para que sean utilizados en el proceso de autoclasificación por cada mesa de negociación.
Todo este proceso de mejora del salario sin dudas es positivo para quienes tienen empleo, pero complica aún más el panorama a las empresas como proveedoras de empleo y también a más del 8 por ciento de la población que está desempleado, según las estadísticas, pero que es un porcentaje sustancialmente mayor –sobre todo en Paysandú– porque como es sabido la compulsa estadística toma por ocupados a quienes han tenido alguna “changa” recientemente, aunque esto está lejos de considerarse como un empleo.
Ocurre que en economía, y muchos menos en un país de alta vulnerabilidad como Uruguay, –donde la tendencia es a la desindustrialización y a la pérdida de empleo de calidad, a la vez de una primarización de la economía– el pretender cortar camino hacia un objetivo deseado es lograr las más de las veces el propósito inverso.
El punto es que este deseo de mejora del salario, –con el cual todos estamos de acuerdo– se da en un contexto en el que lejos de nadar en la abundancia, las empresas de nuestro país y los generadores de empleo en general están atravesando serios problemas de rentabilidad, cuando directamente no están con los números en rojo. En este caso los platitos chinos en colisión son el de la cantidad de empleo y la mejora del salario real, porque la masa salarial a repartir por las empresas es la misma y las condiciones del mercado no permiten invertir y expandir la actividad sin sacrificar más rentabilidad. Ergo, la variable de ajuste es la de prescindir de personal, y es así que algunos puntos de porcentaje más de salario para unos, significan para algunos el cero absoluto y el consecuente costo social.
La realidad es que no abundan las fuentes de empleo, las que existen están seriamente comprometidas en la mayoría de los casos, el Estado no afloja la presión fiscal por la vía tributaria y las tarifas de los servicios públicos, de la energía eléctrica y los combustibles monopólicos, y existe por lo tanto un esquema de costos tan rígido que condiciona cualquier movimiento por el empresario, por quien invierte en emprendimientos de riesgo.
Entre el salario y mantener las fuentes de empleo
