Brasil no descansa. No duerme. Pasa de todo. A la crisis económica –de la que están comenzando a salir– y política –que se profundiza–, se suma la corrupción, consecuencia y causa de todo lo anterior. Una corrupción que ha calado a las fuerzas del orden, a la Policía, y es la que mató –seguramente– a Marielle Franco. La concejala (edila) del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), comprometida con las luchas de las mujeres negras y las denuncias de atropellos policiales en las favelas, fue asesinada el miércoles por la noche y el jueves recibió un multitudinario homenaje en Rio de Janeiro. El hecho ocurrió un mes después que el presidente, Michel Temer, decretara la intervención militar en ese estado para frenar una ola de inseguridad.
El caso tuvo un fuerte impacto dentro y fuera del país. En las redes sociales, abundaron los mensajes con los hashtags #MariellePresente y #LutoPorMarielle. Las oficinas de Naciones Unidas en Brasil expresaron su “consternación” por la muerte de la concejala de 38 años, “una de las principales voces de defensa de los derechos humanos en la ciudad”. El presidente Temer calificó el asesinato de “inadmisible” y denunció “un atentado contra la democracia y el Estado de derecho”. “El crimen no quedará impune”, añadió.
Marielle Franco fue abatida a bordo de un vehículo en el centro de Rio, junto al conductor, cuando regresaba de un acto de mujeres negras. Otra pasajera sobrevivió al ataque. Amnistía Internacional exigió una “investigación inmediata y rigurosa, para que no queden dudas sobre el contexto, la motivación y la autoría” del asesinato de la dirigente. Los medios brasileños especulan con que resultó ultimada por las propias fuerzas del orden.
Los defensores públicos del estado de Rio de Janeiro dijeron que la muerte de Franco se asemejaba a una ejecución y podría estar relacionada con su trabajo de defensa. El jefe de seguridad pública de Rio, Richard Fernández Nunes, prometió una investigación completa sobre la muerte.
Franco denunció en las últimas semanas un incremento de la violencia policial en las favelas y se opuso a la intervención militar en el área de la seguridad de la ciudad, decretada en febrero por el presidente Temer para tratar de contener una escalada de violencia que no para de crecer desde el fin de los Juegos Olímpicos de 2016. Hace dos semanas asumió la función de relatora de la Comisión de la Cámara de Concejales de Rio, creada para vigilar la actuación de las tropas a cargo de la intervención, algo sin precedentes desde el retorno de la democracia en 1985.
El 10 de marzo, la concejala denunció en las redes sociales una operación policial en la favela de Acarí. “El 41 Batallón de la Policía Militar está aterrorizando y violentando a los habitantes de Acarí. (…) Es algo que ocurre desde siempre y con la intervención es peor”, escribió.
Un investigador de la fuerza policial de Rio también dijo que el principal motivo parecía ser la crítica de Franco a la policía por presuntamente asesinar a inocentes en sus constantes batallas contra bandas de narcotraficantes. Según la Policía Civil de Rio de Janeiro, el ataque fue perpetrado por pistoleros que estaban en otro vehículo y dispararon indiscriminadamente, sin hacer ninguna advertencia, y huyeron sin robar nada.
El ataque se produjo un día después que la concejala volviera a criticar la intervención del Ejército en la seguridad de Rio de Janeiro en un mensaje en las redes sociales. “Otro homicidio de un joven que puede entrar en la cuenta de la Policía. Matheus Melo estaba saliendo de la iglesia. ¿Cuántos más tienen que morir para que esta guerra acabe?”, se preguntó Franco.
Su asesinato ocurre además en un contexto de denuncias de corrupción en la propias fuerzas policiales de Rio de Janeiro. Esta semana, nueve sospechosos, entre ellos cuatro policías militares, fueron detenidos en un operativo contra la milicia en el municipio de Mesquita, en la Baixada Fluminense, en el oeste de Rio.
Al menos dos millones de personas viven en áreas controladas por las milicias –organizaciones criminales integradas por expolicías o agentes en activo, agentes penitenciarios, militares o bomberos– en Rio de Janeiro. El crecimiento de estas organizaciones –que funcionan como grupos paramilitares– se ha disparado en la última década en zonas castigadas por la pobreza y la violencia.
La trama de corrupción involucra la producción y venta de alimentos en cárceles, por los que se pagaron 73 millones de reales (unos 22,8 millones de dólares), monto del que se desvió un valor aproximado a los 44,7 millones de reales (unos 13,9 millones de dólares), según el Ministerio Público Federal.
“¿Cuántos más será necesario que mueran para que esta guerra acabe?”, se preguntaba la concejala en Twitter un día antes de ser baleada. Los brasileños se preguntan lo mismo y más aún ahora, que una de las voces que bregaba por los derechos de las comunidades marginadas y crítica de la brutalidad policial ha sido acallada.
En Brasil, y en especial sus ciudades como las de Rio de Janeiro –grandes, populosas–, la inseguridad es cosa muy seria, enorme. Y sumada a un escenario de corrupción a todo nivel, es muy difícil que algo cambie en el corto plazo. Y quizá, ojalá nos equivoquemos, no exista justicia por la muerte de Marielle.
