MONTEVIDEO (Por Daniel Hardy Coll). “Estos viejos se dan el lujo de comprometer la vida de los niños uruguayos que están por nacer, porque están enterrando al país por 50 años”, afirmó a EL TELEGRAFO el doctor Gustavo Salle, a la salida de los juzgados del Crimen Organizado de 1er. Turno en Bartolomé Mitre y Buenos Aires, después de ratificar su denuncia ante la doctora Larrieux y el fiscal Luis Pacheco, contra lo que considera –junto con el exfiscal Enrique Viana– un contrato “abusivo, ruinoso e ilegal” firmado por el gobierno uruguayo con la pastera finlandesa UPM para la instalación de su segunda planta en pueblo Centenario, Durazno, en la costa sur del río Negro, entre las represas.
Algo más de una hora duró la audiencia a la que no se nos permitió ingresar, ya que este caso aún continúa en el antiguo Código del Proceso Penal. Antes de entrar, tanto Salle como Viana confirmaron a EL TELEGRAFO –único medio presente en la audiencia– que “las expectativas son muy pocas”. Al concluir la instancia, Salle señaló que “ahora el expediente pasó a vista del fiscal Pacheco. Conforme al estudio que él haga, es decir el Ministerio Público, estaremos aguardando expectantes, pero no puedo, no podemos, descartar que se archive una vez más”.
Consultado el polémico penalista sobre las consecuencias del archivo del expediente y si esa acción sería el punto final de sus denuncias, Salle aseveró con un suspiro de enfado que “en nuestro país el titular de la acción pública es la fiscalía general, los particulares no tenemos la posibilidad de seguir adelante con las investigaciones cuando el Ministerio Público solicita el archivo de una causa. Solo que tengamos nuevas pruebas, podemos pedir el desarchivo, como nos pasó recientemente en el caso Mujica-Paco Casal contra Sebastián Bauzá para sacarlo del medio. Dos veces nos archivaron el expediente y dadas las declaraciones internacionales recientes del doctor Bursaco, vamos directo al desarchivo ya que quedó demostrado que todo lo denunciado es real”.
La denuncia presentada tiempo atrás por el doctor Gustavo Salle, implica al presidente Tabaré Vázquez, al secretario de la presidencia, doctor Toma, al prosecretario, doctor Roballo, y al director de la OPP, Alvaro García.
Es de interés de los demandantes que se llame a testificar a los directores de UPM involucrados en este contrato y al renunciante número tres del Ministerio de Economía y Finanzas, Cr. Andrés Masoller, hoy exdirector del Área de Asesoría Macroeconómica.
“Nosotros volvimos a insistir para que llamen a declarar a Masoller, porque la actitud asumida por él frente a este contrato ruinoso, leonino y abusivo, hasta criminal, es lo que marca la diferencia con el resto, Masoller no estuvo dispuesto a regalar la Patria, no quiso ser cómplice”, afirmó Salle.
Respecto a la audiencia, informaron que era “de ratificación, y ratificamos la denuncia, teníamos –breve silencio– la esperanza de poder realizar un análisis más allá de lo que se sabe, pero el magistrado como el representante del Ministerio Público nos dijeron que era reiterativo y nos pidieron agregar elementos nuevos, para pedirles medidas cautelares y así el Poder Judicial aceptara detener la ejecución de este contrato ruinoso. Ahí se nos preguntó –agregaron– si habíamos incoado en la órbita de la justicia Civil y efectivamente presentamos con Viana la medida de no innovar, medidas cautelares, es decir, pretendimos que el doctor Vázquez no siguiera entregándole la Patria a UPM. Teníamos la experiencia de Pluna con Leedgate. Pedimos lo mismo, no innovar a través de medidas cautelares en lo Penal y en lo Civil y ninguna de las dos ramas del Poder Judicial declaró las cautelares y así el pueblo uruguayo perdió 400 millones de dólares”.
LA DIFERENCIA
Y añadieron: “con la diferencia que en el contrato Uruguay-UPM están en juego no 400, sino 4.000 millones de dólares”, exclamó. “Es por eso que pusimos mayor énfasis y pedimos las cautelares, pero el fiscal se opuso porque, en su juicio, no existen elementos para implementar estas medidas solicitadas y denegó nuestra solicitud”.
Asimismo se mostraron sorprendidos en la audiencia, cuando el doctor Luis Pacheco les preguntó si habían impugnado, en tiempo y forma, el decreto 477/2008 en el que se basa el Estado para esta clase de contrataciones. Manifestó el doctor Salle: “no pensamos 9 años después y en base a este decreto ilegal e inconstitucional como es el 477/2008 que se fuera llevar a cabo este contrato abusivo, criminal, ruinoso vuelvo a reiterar. Y si no tenemos acceso a otros actos administrativos complementarios para así impugnar, debido al secretismo y la clandestinidad de este contrato, no podemos…”
Finalmente destacaron que “esto es un contrato coimero, vamos a ver cómo proceden en Fiscalía y en la Justicia, porque va a quedar demostrado que nos va la vida de los presentes, de los niños del hoy, pero esencialmente comprometerán la vida de las futuras generaciones”.
En mayo, el doctor Salle tiene previsto viajar a Finlandia para conceder entrevistas a medios de prensa, radio y televisión de ese país, ya que es un país que ve con muy buenos ojos y ponderación a estas grandes industrias.
