Los “curros” de ASSE y el abuso de los dineros públicos

La reciente remoción de los tres jerarcas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) por parte del Presidente Tabaré Vázquez constituye un hecho que, más allá de la lógica indignación que genera en toda la población, debe ser analizada en el contexto de mala gestión y gastos innecesarios que viene llevando adelante desde hace años esa repartición pública. En efecto, si bien el detonante para la decisión presidencial fue la designación, por parte del vicepresidente Mauricio Ardus, de la novia de su hijo para trabajar como secretaria con un salario de $ 57.000, ASSE cuenta con un profuso y triste historial de claros abusos de dineros públicos que ha determinado la remoción de varios jerarcas en el pasado.
Como ha reseñado el diario “El Observador” en una de sus últimas ediciones, ASSE ha sido protagonista, desde su creación en el año 2007, de varios escándalos que dejaron en evidencia una ausencia total de controles y prácticas de buena administración. Un ejemplo es el caso de los tres médicos de salud pública (uno de ellos director del Hospital de Bella Unión) que crearon una empresa de emergencia móvil en esa ciudad y fueron contratados por ese centro asistencial. Esta contratación fue recomendada por la doctora Muñiz, quien entonces se desempeñaba como Directora del Segundo Nivel de ASSE. Aunque Muñiz negó conocer a esa empresa, participó en la ceremonia de inauguración de la misma.
El Centro Departamental de ASSE en Cerro Largo tampoco “se quedó atrás” y entre 2008 y 2016 aumentó en 8.600 por ciento sus gastos de publicidad y en 11.600 por ciento los pagos por tomografías en el mismo período. A pesar que el entonces director de ese hospital fue removido de su cargo, al poco tiempo fue ascendido al ser nombrado como Coordinador Subregional Este de ASSE, la cual comprende a los departamento de Rocha y Maldonado. En el departamento de Rivera, mientras tanto, el director del hospital de esa ciudad usó dinero destinado a pagar estudios médicos para contratar 48 funcionarios y ordenó realizar en una clínica privada de Brasil tomografías que podían realizarse en centros públicos uruguayos. En este último caso la doctora Muñiz votó en contra de destituir al director del Hospital de Rivera.
No menos difundido resultó el caso del sindicalista y exdirector de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Alfredo Silva, quien fue destituido por cometer una “falta administrativa grave”. Silva, una figura importante en el Pit Cnt, fue procesado en el año 2014 por el delito de conjunción del interés público con el privado debido a una maniobra de sobrefacturaciones realizadas mediante la empresa Buena Estrella, que se encargaba de la limpieza del Hospital Maciel. El dirigente sindical fue acusado de haber presionado a los directores de hospitales para contratar el servicio de la asociación civil Buena Estrella.
El “collar de perlas” de ASSE no termina allí: la directora del Hospital de Ojos fue denunciada penalmente por conjunción del interés público y privado al descubrirse que realizaba operaciones rentadas durante el horario en que se desempeñaba como directora y el primer presidente del directorio de ASSE ocultó que además era socio cooperativista de la Asociación Médica de San José y que atendía como especialista cardiólogo en policlínica, lo cual era incompatible con el cargo, entre otras prácticas de ASSE reñidas con las más elementales normas de administración.
Existen otras denuncias derivadas de la mala administración y la falta de controles mínimos por parte de las autoridades competentes, pero con las ya mencionadas resulta claro que ASSE se ha transformado en un “vale todo” administrativo, donde un día y otro también han quedado expuestos los más variados y rentables “curros” cuyos únicos perjudicados son los usuarios de este importante servicio de salud. Sin embargo, hasta ahora nunca hubo más que una destitución, o un cambio de funciones en algún responsable señalado, mientras le palmean la espalda y se le agradece la dedicación y desempeño en la actividad pública. Y con eso el gobierno se da por satisfecho, frente a maniobras que al menos para el ojo de cualquier ciudadano serían delitos mayúsculos.
Un organismo de tanta importancia, que de acuerdo con sus propias estadísticas brinda servicios a más de 1.200.000 usuarios, necesita contar con administradores que, en sus distintos niveles jerárquicos, tengan los conocimientos técnicos para desempeñar las tareas que se le asignan y no vean esa designación como una oportunidad de obtener ventajas como ha sucedido en los casos mencionados.
A pesar de todos sus antecedentes, la hoy destituida expresidente de ASSE, Susana Muñiz, no tuvo mejor idea que culpar de su remoción a “una campaña de la derecha descarnada y desleal destinada a desarticular el Sistema Nacional Integrado de Salud”, en un claro intento por culpar a los demás por sus propios e injustificables errores. A Muñiz sólo le faltó señalar al famoso “Plan Atlanta”, a la CIA o a la Embajada de Estados Unidos en Uruguay por sus “errores” al frente de ASSE. En palabras del cantautor argentino Facundo Cabral, “Culpar a los demás es no aceptar la responsabilidad de nuestra vida, es distraerse de ella”. Eso mismo es lo que le faltó a la doctora Muñiz y a los demás jerarcas de ASSE: dejar de lado su soberbia sin límites y asumir sus propias responsabilidades en una gestión con pésimos resultados.
La verdad es muy diferente de lo que trata de instalar como “relato” la exjerarca: la denuncia que desencadenó su destitución se originó en una nota del canal televisivo VTV y existen además pedidos de informes del diputado Martín Lema. O sea: los enemigos de Muñiz no son los problemas que afrenta ASSE a pesar de los avances que se han logrado en materia de equipamiento desde el año 2005. Por el contrario, los enemigos de Muñiz son, por un lado, un órgano de prensa que ejerce su legítimo derecho a la libertad de prensa y de expresión, y por otro un legislador electo democráticamente que representa a miles de personas –que también son uruguayos, y son “pueblo”– y que solicita esos informes amparado en el derecho que le otorga el artículo 118 de la Constitución Nacional. Queda claro que la aspiración de la doctora Muñiz era poder desempeñar sus funciones en la mayor opacidad posible, sin controles de ninguna clase de la prensa o del Parlamento, ejerciendo un poder absoluto e irrestricto, sin que nadie pudiera opinar sobre sus pésimas decisiones.
Mal que le pese a la doctora Muñiz y al resto de las autoridades nacionales, la actividad de la prensa y de los legisladores constituyen uno de los pilares fundamentales de la democracia, régimen de gobierno que está basado en el respeto a las minorías, la plena vigencia de las libertades y las facultades de controlar a quienes tienen responsabilidades públicas. A pesar de eso, resulta claro que tanto para la exjerarca de ASSE como para quienes integran el gobierno lo importante es “matar el mensajero”, sin importar si se trata de un órgano de prensa o de un legislador.