El pasado 22 de enero el director general de la Presidencia de la República resolvió llamar a una licitación abreviada para contratar “servicios de monitoreo de medios y relacionamiento estratégico con medios de prensa relacionados con las acciones e iniciativas que lleva adelante la Presidencia de la República”. La resolución indica simplemente que es necesario contratar dichos servicios, pero sin mencionar ningún argumento que fundamente dicha necesidad.
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) el significado de la palabra “monitorear” es “controlar el desarrollo de una acción o un suceso a través de uno o varios monitores”. El resto de las palabras utilizadas en la resolución mencionada hacen referencia asimismo, a un claro espíritu inquisitivo, ya sea que se trate del término controlar (“dirigir o dominar a una persona o una cosa”) o la propia referencia a una estrategia (“serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado”) la cual Presidencia de la República parece querer ejercer sobre los medios de prensa.
El llamado resulta especialmente llamativo ya que existe actualmente, en el ámbito de la Presidencia de la República, la Secretaría de Comunicación Institucional (SCI) la cual tiene, entre otros cometidos, implantar la estrategia de comunicación definida por el Poder Ejecutivo y proponer estrategias y políticas de comunicación institucional. Queda claro que dentro de las razones para licitar los servicios no se menciona un posible apoyo a la tarea de la SCI, así como tampoco se invocan necesidades de esa repartición. Así pues, la resolución mencionada surge sin un motivo aparente, lo que deja un amplio margen de discrecionalidad para el uso de los datos que sean recabados en dicho “monitoreo”.
Es importante recordar que la actividad que realizan los medios de prensa y los periodistas en particular constituye un pilar fundamental del régimen democrático y debe desarrollarse con total libertad y sin presiones de ninguna clase, como forma de garantizar el libre intercambio de ideas y dar cabida a las distintas opiniones e intereses que existen en el seno de una sociedad. Sin perjuicio del derecho de cualquier medio de prensa a mantener un espacio de opinión propio (tal como sucede con los editoriales), resulta imprescindible que el mismo se transforme en una caja de resonancia de su propia comunidad, aún de aquellas ideas que no condicen con su línea editorial. En el caso de nuestro diario, esa actitud plural y abierta ha sido la nota distintiva desde su fundación y explica no sólo el arraigo que tiene entre los sanduceros sin distinciones, sino también su permanencia en actividad por más de un siglo.
La arremetida oficialista para monitorear (léase controlar) los medios de prensa de nuestro país parece apuntar a un propósito que no augura nada bueno para la libertad de expresión: conocer en forma detallada qué opina cada medio de prensa de “las acciones e iniciativas que lleva adelante la Presidencia de la República” aunque clara y llamativamente se omite mencionar con qué finalidad se desarrolla esa tarea y cuáles serían las consecuencias de tener una opinión crítica o de apoyo respecto de las mismas. ¿Acaso el Presidente de la República tiene planeado elaborar un “criticómetro” que mida cuáles medios de prensa defienden sus acciones y cuáles mencionan sus eventuales falencias? ¿Qué acciones se pretenden tomar con los medios de prensa “críticos”? Tales interrogantes no deberían ser consideradas disparatadas o fuera de lugar ya que en el año 2007, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, el asesor de Comunicación de ANTEL, Michel Visillac, propuso no otorgar publicidad a los medios que critiquen al ente, lo que constituye claramente una forma de presión que atenta no sólo contra la libertad de prensa sino también contra la libertad de expresión en general. De acuerdo con las declaraciones de este asesor, Antel estaba “monitoreando muy bien y elaborando informes precisos” sobre la forma en que los medios de prensa cubrían la actuación de este ente público. En la misma línea, el hoy ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, ha manifestado en el pasado la importancia de destacar determinadas noticias. “No digo inventar información ni mucho menos, sino jerarquizar información que refiere a cosas muy buenas que está teniendo Uruguay” expresó Astori en esa ocasión. Estas posiciones tendientes a controlar las opiniones ajenas están muy alejadas del mandato artiguista de promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable plasmado en las Instrucciones del Año XIII.
Los ataques a la libertad de prensa pueden asumir diferentes formas, algunas de ellas casi imperceptibles para la población en general. De acuerdo con el informe anual de la organización Reportero de Fronteras (RSF) correspondiente al año 2016, Uruguay “registró casos de amenazas, intimidaciones y presiones políticas contra periodistas que cubrían temas delicados, casos en los que estaban implicados miembros de la presidencia de la República”. A pesar de ser calificado como el país con mayor libertad de prensa en la región, con una calificación de “aceptable”, Uruguay cayó cinco lugares en el ranking elaborado por RSF en virtud de las amenazas y presiones políticas sobre periodistas antes mencionadas.
La libertad, como se ha señalado varias veces, es un bien frágil que debe ser protegido por cada ciudadano en todos los ámbitos de su vida cotidiana. Según el escritor mexicano Octavio Paz “La libertad no es ni una filosofía ni una teoría del mundo; la libertad es una posibilidad que se actualiza cada vez que un hombre dice No al poder (…) la libertad no se define: se ejerce. De ahí que sea siempre momentánea y parcial, movimiento frente, contra o hacia esto o aquello. (…) Es verdad que la libertad no es una fe; es algo mejor: una elección. En esto, en ser algo que escogemos y no algo que nos escoge, radica no su debilidad sino su fuerza”. Siendo la libertad de expresión una manifestación legítima del concepto genérico de libertad, cualquier intento de monitoreo o control de la misma debe ser rechazado de plano en tanto constituye un impedimento para su legítimo y pleno desarrollo.
La infortunada resolución del director general de la Presidencia de la República busca separar a los medios de prensa en “amigos” y “enemigos”, lo que supone una clara e inaceptable discriminación para quienes se atrevan a discrepar con las versiones oficiales de cualquier acontecimiento que tenga lugar en el país. En pleno siglo XXI y luego de treinta y tres años de vida democrática sin interrupciones, el presidente Vázquez debería entender de una vez por todas que monitorear los medios de prensa no es una forma de defender la libertad de expresión, sino todo lo contrario.
La libertad de expresión no se “monitorea”
