(EL PAÍS)
El gobierno destinó unos 550 millones de dólares en 2017 para permitir el funcionamiento del Servicio de Retiros y Pensiones militares, conocido popularmente como la Caja Militar. El dato fue comentado en Piriápolis durante la reunión de la “Agrupación de Gobierno” del Frente Amplio, dijeron a El País dos fuentes oficiales.
Uno de los consultados por El País explicó que la cifra va en aumento año a año y por eso “se hace imprescindible” reestructurar la Caja Militar para frenar el déficit del sistema. De no encontrar soluciones, el Poder Ejecutivo estimó que para el 2020 —año en el que ingresará un nuevo gobierno— el monto que se deberá destinar a la Caja Militar será superior a los U$S 700 millones.
Un estudio comparativo que realizó el gobierno muestra la diferencia en los montos entre la asistencia al Banco de Previsión Social (BPS), a la Caja Policial y el servicio de pasividades militares. En el caso del BPS la transferencia es de $ 50.000 por pasivo, para la Caja Policial esa asistencia es de $ 120.000 por pasivo, y en el caso de la transferencia por pasivo al Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas supera los $ 250.000.
Para esto, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez ya envió un proyecto de ley al Poder Legislativo. Sin embargo, desde las organizaciones de militares retirados, e incluso desde los comandos de las Fuerzas Armadas entienden que el proyecto debería ser modificado porque recorta una larga lista de beneficios para las pasividades de los oficiales en retiro.
DE LEÓN DECLARARÁ POR ANCAP
(TELENOCHE)
El senador Leonardo De León, integrante de la lista 711, fue citado a declarar por el fiscal Luis Pacheco y la jueza Beatriz Larrieu el próximo 7 de marzo por la causa que investiga las presuntas irregularidades en la gestión de Ancap, informó El Observador y confirmó a Telenoche el abogado Gúmer Pérez.
Según aseguró su defensa, el legislador concurrirá a la audiencia de forma personal y “no se va a amparar” en los fueros parlamentarios. De León está citado en calidad de indagado por su rol como presidente de ALUR. Un día después pasará por la sede judicial el exgerente general del mismo organismo, Manuel González.
El senador declaró en noviembre en calidad de testigo sobre la construcción de la planta y lo hizo a través de un documento escrito.
BOMBEROS RECIBIÓ DONACIÓN DE JAPÓN
(PRESIDENCIA)
La Dirección Nacional de Bomberos recibió ocho vehículos donados por Japón, destinados a los destacamentos de Durazno, Río Negro, Rivera, Colonia, Treinta y Tres, Rocha, Maldonado y Tacuarembó. “Aseguramos la capacidad de responder y mantener operativas todas las unidades sin que colapsen los destacamentos”, remarcó el director nacional de Bomberos, Leandro Palomeque, quien firmó un convenio con ese país para obtener seis vehículos más.
“A través de asistencia técnica no reembolsable para proyectos de ayuda humanitaria, llegaron desde Japón ocho vehículos que tienen la finalidad de combatir incendios. El monto donado por el gobierno japonés ascendió a 201.996 dólares y fue destinado a asistencia técnica y traslado. Hoy ya están en condiciones operativas”, añadió el director.
Los vehículos, certificados y reconvertidos, están asignados a los destacamentos de Sarandí del Yi, Young, Juan Lacaze, Minas de Corrales, La Paloma, Vergara, San Carlos y Tacuarembó.
Asimismo, se firmó un nuevo contrato de donación por 144.317 dólares, destinados a la adquisición de seis vehículos reciclados para los destacamentos de Ciudad del Plata, Libertad, Bella Unión, Dolores, Trinidad y Fray Bentos.
Palomeque indicó que la flota total de Bomberos supera los 240 vehículos, algunos de los cuales se deben cambiar, puesto que su desgaste no amerita la reparación. En la oportunidad, recordó que la dirección recibió 20 unidades nuevas de origen europeo por adquisición del Ministerio del Interior, dos camiones cisternas y cinco camionetas, en 2017. A esta cantidad se debe sumar el proceso licitatorio para adquirir 25 vehículos más.
Además, está en proceso de licitación la adquisición de 20 botes con motor fuera de borda, que serán utilizados en caso de inundación. “Esto permite alcanzar una renovación importante de la flota, algo que no sucedía desde muchos años, y radiar del servicio a unidades problemáticas en la mecánica. Aseguramos la capacidad de responder y mantener operativas todas las unidades sin que colapsen los destacamentos”, remarcó.
EXTENDERÁN AYUDA A REFUGIADOS
(SUBRAYADO)
El gobierno uruguayo resolvió extender por un año el programa de asistencia a los seis refugiados de Guantánamo. Recibirán una partida equivalente a un salario mínimo nacional, condicionada a la obtención de un empleo formal. Además, del pago del alquiler y una partida adicional para capacitación laboral y para profundizar el aprendizaje del idioma español.
“Algunos hablan español de forma fluida, otros con muchas dificultades”, explicó Christian Mirza, nexo entre el gobierno y los exrreclusos. Indicó que los refugiados no quieren un subsidio, sino trabajar. Varios se han capacitado. Uno de ellos realizó cursos de informática y comercio exterior, otro de gastronomía, y un tercero de uso de retroexcavadora. Mirza reclamó proactividad y la responsabilidad del gobierno uruguayo para lograr la inserción laboral.
En enero, recibieron 5.000 pesos. Desde el comienzo del programa hasta su finalización, estaba prevista la disminución progresiva del monto de la asistencia.
“Todos han hecho un esfuerzo muy significativo para insertarse en Uruguay, solo que hay un estigma, el estigma de Guantánamo está pesando mucho en las posibilidades de un trabajo estable”, aseguró Mirza.
El nexo entre el gobierno y los refugiados adelantó que varios de ellos están pensando en tramitar la ciudadanía legal, para proyectarse a futuro en Uruguay. En tal caso, perderían el estatus de refugiados.
“Diyab es un caso atípico”, subrayó Mirza. Está en Rivera y sigue con una actitud compleja para lograr su inserción.
