(SUBRAYADO)
Pablo Cayota, experto en educación, aseguró que la figura empleada por el juez de Familia de 18º turno, Gerardo Álvarez, sobre el “derecho a la trayectoria educativa”, para obligar a un colegio privado a pasar de año a una alumna de cuarto año, es confusa e inexistente. A su juicio, cualquier juez puede intervenir ante un derecho vulnerado sea el ámbito que sea, pero en ese caso no queda claro de cuál se trata.
Cayota considera que el magistrado debió haber solicitado una tercera opinión, un peritaje independiente, en vez de respaldar una de las dos estrategias pedagógicas que quedaron confrontadas. Tras las críticas de varios jerarcas de la educación sobre la injerencia de la Justicia, la Asociación de Magistrados respaldó al juez del caso Gerardo Álvarez. En un comunicado, la gremial de jueces critica la “reacción corporativa” que generó el caso y recuerda que todas las instituciones gubernamentales y de otra índole deben respetar y acatar la independencia del Poder Judicial, mediante el acatamiento de principios de las Naciones Unidas. En la misiva, se agrega que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el Derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas.
