Entre el amiguismo y la soberbia

Si hay un cuestionamiento que puede formularse a la decisión del presidente Tabaré Vázquez de cesar a la cúpula de ASSE, empezando por su presidenta Susana Muñiz, es que ha sido en extremo tardía, porque si bien la gota que desbordó el vaso, o el factor que colmó la paciencia del mandatario, fue la contratación como secretaria, de la nuera de 18 años de un director, por un sueldo de 57.000 pesos, se ha venido arrastrando una serie de hechos irregulares, combinado con un problema de gestión flagrante, pese al aumento de recursos presupuestales.

En suma, Vázquez, como ya lo había hecho en otras oportunidades, por razones políticas había estado ignorando desde hacía mucho tiempo los reclamos de la oposición respecto a lo que estaba pasando en ASSE, por problemas notorios a partir de la tarea de los jerarcas designados por el partido de gobierno, y decidió cortar solo a las cansadas, cuando el escándalo ya no se podía seguir tapando con excusas.

La destitución del directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) llegó luego de una serie de irregularidades advertidas en los medios de comunicación y en el Parlamento que ya habían puesto en la mira a los jerarcas del ente en varias oportunidades y que llevaron a que se conformara una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. La contratación de empresas privadas pertenecientes a directores de hospitales, aumentos abusivos en gastos de publicidad y la contratación de médicos con dinero que tenía otro destino, entre otros, fueron los hechos más señalados.

Ha transcurrido por lo tanto mucho, demasiado tiempo, desde las denuncias –todas sólidas y a la vista– y los escándalos que salpicaban la gestión en ASSE. Recién cuando se supo públicamente que el número dos de Muñiz, el vicepresidente Mauricio Ardus, había contratado a la novia de su hijo como secretaria por un sueldo de $57.000, las presiones fueron demasiado fuertes y el presidente decidió descabezar la cúpula se ASSE cesando tanto a Ardus (socialista), como así también a Muñiz (Partido Comunista) y al vocal Jorge Rodríguez Rienzi (MPP).

A su vez Vázquez decidió designar como sucesor de Muñiz al exsenador Marcos Carámbula, aliado del Partido Comunista, lo que indica que el mandatario lejos de apostar a la nueva guardia y la renovación, ha optado por un dirigente de larga trayectoria política en la izquierda y el Frente Amplio.

Ya horas antes de la decisión de Vázquez, sectores como el PCU y el MPP (los sectores a los que pertenecen Muñiz y Rodríguez Rienzi) habían pedido la renuncia de Ardus y, según fuentes consultadas por El Observador, Vázquez quiso enviar una señal dentro del Frente Amplio para frenar la puja interna y reafirmar su voz de mando.

Pero, más allá de lo episódico y la flagrancia de este episodio de “acomodos” dentro de una fuerza política que cuando estaba en la oposición criticaba ácidamente estas prácticas, nos encontramos con que no solo se ha hecho lo mismo que se criticaba, sino que a la vez hay una manifiesta hipocresía y se barre debajo de la alfombra hasta que resulta imposible caminar sobre ella sin tropezar, por la magnitud de los hechos que se pretende justificar ante la opinión pública.

Y los imputados, los cesados cuando las cosas ya no dan más y se caen por su propio peso, lejos de reconocer errores y proporcionar por lo menos insumos para que quienes les sucedan no tropiecen con la misma piedra, aducen que fueron objeto de “conspiraciones de la derecha”.

Así, Muñiz, en su justificación de la renuncia tras habérsele pedido el cargo, en un grupo de WhatsApp que nuclea a unos 200 frenteamplistas (entre dirigentes del gobierno y militantes), envió un corto mensaje manifestando su posición. “Tranquilos. Sí, de verdad no sabía lo que había hecho el compañero, pero bueno, no deja de ser mi responsabilidad y el proyecto político está por encima de las personas”, y además redactó una carta dirigida a Vázquez, en la que afirmó que en sus casi tres años al frente del organismo “ha habido claros avances” aunque “no ha sido posible cumplir con todos los objetivos, en parte por dificultades propias sumada a una campaña de la derecha descarnada y desleal destinada a desarticular el Sistema Nacional Integrado de Salud”.

El próximo presidente de ASSE, Marcos Carámbula, precisamente es precedido de cuestionamientos desde diversos sectores porque se indica que durante su gestión en la Intendencia de Canelones acomodó en cargos jerárquicos a varios familiares, y este precedente es por lo menos inquietante, si es que no ha cambiado las “mañas”.

Pero sobre todo, más allá de lo episódico y los amiguismos personales y políticos que la izquierda ha puesto de manifiesto de la misma forma y a veces en forma más acentuada que los partidos tradicionales, queda pendiente el gran tema, que es el de la gestión dentro del Estado.

La hipocresía es además un factor agravante, porque se ha pretendido dorar la píldora ante la opinión pública, cuando se menciona que se utiliza el concurso en lugar de las designaciones directas, como en las administraciones de los partidos tradicionales, cuando en muchos casos el concurso es solo una fachada y a la hora de nombrar a quienes han quedado tras las sucesivas selecciones, el que obtiene el cargo es quien recibe el “dedazo” según se le antoja al jerarca que finalmente decide.

En el Partido Comunista mucho menos se está en condiciones de arrojar la primera piedra, pese a que su secretario general Juan Castillo disparó artillería pesada contra Arduz: la ministra de Desarrollo social, Marina Arismendi, de este partido, contrató directamente en el ministerio a su yerno, que “es un buen muchacho”, entre otras designaciones directas, solo por mencionar un caso.

Y además, desde el punto de vista estructural, la gestión del gobierno de la coalición de izquierda sigue dividida en compartimientos estancos, porque cada sector o partido tiene su propio feudo de acción, en tal o cual ministerio y/o empresa estatal, y los cargos de dirección solo se distribuyen entre quienes pertenecen a la fracción, por lo que lejos de elegir a quienes tienen la mayor capacidad para ejercer un cargo, provengan de donde provengan, la prioridad es la ideología o el amiguismo.

Es decir, nada nuevo bajo el Sol, porque la gestión en el Estado, donde se debe cuidar los recursos que con gran esfuerzo aportamos todos los uruguayos, se subordina a lo discrecional, a la voluntad y disposición del jerarca de turno.

Encima, suele imponerse la soberbia por sobre la humildad y el deber republicano, y a la hora de corregir los desvíos, priman los intereses sectoriales y partidarios, la ideología, el cuidado de la chacra y medir los costos políticos, y terminan insultando en la cara a la ciudadanía, a la que tratan de estúpida con sus justificaciones absurdas.