El 2018 comenzó con un homicidio por día y esa cifra es imposible de revertir, incluso con explicaciones oficiales. El mes de enero confirma, nuevamente, ese registro y aunque desciendan las rapiñas un 15%, los asesinatos marcan una línea ascendente que no se puede tapar con un dedo. Incluso, las cifras pueden ser mayores si se toman en cuentan las muertes luego de las heridas, que no conforman las estadísticas por cuestiones de operatividad.
Como muestra alcanza con decir que en 2017 hubo 274 muertes violentas (más 13 justificadas por legítima defensa o en cumplimiento del deber suben a 287) y 30 femicidios y eso es un 5% más en comparación a 2016. Y eso sin contar los 16 presos asesinados en las cárceles. O para tener una idea comparativa: en Nueva York viven 8,5 millones de personas y registró 290 homicidios el año pasado.
Incluso dicho incremento se observa en los meses de verano por diversas variables como mayores conflictos, uso de alcohol o drogas y delitos de narcotráfico, facilitados por una menor presencia policial, ya que se requieren efectivos para las áreas turísticas y para otras tareas. Pero es justo cuando el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se va de vacaciones.
El secretario de Estado cree que la situación se debe a homicidios entre delincuentes y luchas de bandas por el territorio de la droga, cuyos casos se plantean bajo una difícil investigación porque no existen denuncias. Sin embargo, “la buena noticia es que baja el homicidio por razones de robo”, dijo Bonomi. El tema –el gran tema– es que esa violencia ya se trasladó a la sociedad bajo diversas modalidades y no únicamente en situaciones de robo.
“Hay que entender que cuando se empieza a matar tan fácil entre delincuentes, cada vez más se rompen los límites y después esa violencia que se produce entre delincuentes se puede usar contra la gente en los robos. Por eso es un problema preocupante, nos preocupa enormemente y se requiere un esfuerzo cada vez más grande”, agregó el ministro. Es claro que Bonomi no ha inventado nada con dicho análisis y que el resultado violento hace mella en una sociedad que, además, se siente insegura. El traspaso continuo de los límites y el nulo respeto a la vida crean estas condiciones y se transforman en condicionantes para dilucidar los casos que requieren urgencia.
Y como ejemplo, solo citaremos dos casos. El primero corresponde a un intento de rapiña ocurrido cuando dos delincuentes enfrentaron a un hombre y una mujer con armas de fuego. El hombre resultó ser un policía que disparó a uno de los delincuentes y el otro resultó detenido. A través de la investigación, a cargo del Fiscal Gustavo Zubía, se solicitó prisión preventiva para este último.
La jueza no dio lugar al pedido y resolvió arresto domiciliario hasta que se le coloque una tobillera electrónica. Sin embargo, el rapiñero está colgado de la red de suministro y hasta que no tenga la regularización de UTE, no le pueden colocar el dispositivo porque la energía eléctrica es necesaria para recargar la batería que dura unas seis horas. Es así que lo vigilan 24 horas con un policía en la puerta de su casa para que no escape, al menos hasta febrero cuando se levante la feria judicial.
O el último caso, ocurrido el sábado de tarde, cuando un hombre le disparó a otro con una escopeta y lo hirió de gravedad en el abdomen, luego se atrincheró en su casa y resistió su entrega a la Policía a pesar de las labores de un negociador. Para que el fiscal obtenga una orden de allanamiento debe encontrar un juez que le firme la solicitud, por lo tanto dos horas después –aunque la jueza fue expeditiva– los efectivos lograron ingresar en la casa pero el agresor se había fugado. Y a eso ya lo había alertado Zubía: “la burocrática lentitud del sistema termina beneficiando al delincuente”, porque “si la orden de detención se obtuviera más rápido, este hombre no se le escapaba a la Policía”.
Incluso se puede citar al joven de 18 años que intentó robarle el vehículo a punta de pistola a una policía que realizaba la vigilancia frente a la casa del subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez. Al final, resultó gravemente herido pero estaba requerido por homicidio y rapiña. O sea, a su edad era un asesino que andaba suelto.
Entonces, combatir a una delincuencia pesada y con visiones estratégicas bastante desarrolladas –como las bandas que asaltan cajeros automáticos o remesas y resultan todas impunes– con formalismos y correcciones, seguirá demostrando que los “buenos” llegan tarde y mal, al tiempo que los “malos” ganarán con mayores oportunidades. Al revés de lo que ocurre en las películas.
El hecho es que si se hiciera la misma lectura lineal que hace Bonomi, no podríamos explicar por qué el 66% de los asesinados carece de antecedentes. A menos que tomemos al pie de la letra las declaraciones del subsecretario, Jorge Vázquez, efectuadas en 2014, cuando aseguró que “si no están vinculados a la delincuencia, narcotráfico y carecen de problemas familiares importantes, tengan la seguridad de que nadie los va a matar”.
A pesar de los análisis sesudos, preocupa que la mayoría de las muertes en el primer semestre de 2017 correspondieran a personas entre 20 y 29 años, incluso menores a ese rango. En varias ocasiones el ministerio alertó sobre el uso de las armas, que tienen prevalencia en el 65% de los casos de homicidios y eso no solamente lo confirman las crónicas. Como también se confirma el disímil esclarecimiento de algunos casos, pero por ahora el país sigue de vacaciones.
“Tengan la seguridad de que nadie los va a matar”
