Sistema de tobilleras electrónicas controla a 360 agresores en todo el país; ocho personas llevan a cabo el monitoreo

(EL PAIS)
A casi cinco años de su implementación, el sistema de tobilleras tiene alcance nacional y, durante este tiempo, el uso de los dispositivos se quintuplicó, pero apenas se resuelve su uso en alrededor de 2% de las denuncias. Ocho personas en una oficina, desde la Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe) hacen el seguimiento en todo el país. Aunque el sistema es exitoso, tiene un alcance minoritario, porque ninguno de los agresores de las 30 mujeres muertas por femicidio en 2017 llevaba una tobillera.
Para llevar el programa al Interior no bastó con destinar tobilleras; hubo que capacitar a fiscales, jueces y personal policial y técnico acerca del funcionamiento, los protocolos, los procedimientos y las prioridades del uso de los dispositivos, además de probar si la señal alcanzaba los últimos rincones y si en todos lados la respuesta policial podía ser lo suficientemente rápida. En 2016 el programa solo estaba en Montevideo, Canelones, San José y Maldonado. El último tirón de 2017 fue clave para cubrir el resto del territorio.
Solo en Montevideo se dispuso un centro de monitoreo, que es único en tanto desde sus computadoras se despachan todos los móviles y se controla todo el país.
La mayoría de los casos se concentran en Montevideo, con más de 250 tobilleras activas, y le siguen Canelones, con unas 70, y Maldonado con unas 10. El uso de tobilleras se quintuplicó en cinco años: se dispusieron en 97 casos en 2013, y en más de 530 casos en 2017. En promedio, se colocan por unos 180 días.
El subcomisario Alejandro Santellán, integrante de la Dimoe, reveló a El País que cada conjunto de dispositivos (es decir, la tobillera y los comunicadores que llevan el agresor y la víctima) ronda los U$S 8.700, lo que significa que comprar las 400 tobilleras que hoy tiene le costó al Ministerio unos U$S 3,5 millones en total.
“¿Pero cuánto vale una vida?”, se pregunta la directora de la división Políticas de Género, July Zabaleta. El ministerio se los compra a Surely S.A., que ganó la licitación y les provee también todo el sistema informático para el control. Sin embargo, el Ministerio del Interior creará una aplicación con botón de pánico para cuando no haya tobilleras.
TRES MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO
(SUBRAYADO)
Un niño de dos años falleció tras volcar el auto en el que viajaba junto a sus padres, en un accidente ocurrido en el kilómetro 55,500 de la ruta 8, cerca de Soca. El conductor, de 27 años, perdió el dominio del vehículo, impactó contra un mojón y volcó.
Una emergencia móvil que concurrió al llamado constató el fallecimiento del niño, mientras que sus padres fueron derivados a un centro asistencial. En tanto, en el kilómetro 94 de la ruta 11, un motociclista de 30 años falleció tras chocar de frente con un auto y se tratan de establecer las razones por las que el vehículo matriculado en Montevideo, que era conducido por una mujer de 39 años, chocó frontalmente con la moto, también matriculada en la capital.
En la rambla costanera de El Pinar, un hombre de 30 años caminaba por el lugar y al llegar a la calle Florianópolis fue embestido por un auto que circulaba en el mismo sentido hacia el este. La conductora del vehículo, de 41 años, se dio a la fuga sin asistir al peatón, que falleció en el lugar. La mujer fue detenida por la Policía en la ruta 10 luego del peaje del Arroyo Pando y está a disposición de la Fiscalía.
MAÑANA PARO DEL PIT CNT
(SUBRAYADO)
El Pit Cnt convocó a un paro general parcial mañana martes 9, en repudio a los asesinatos de trabajadores. En Rivera, el dirigente sindical Marcelo Silvera fue ultimado el martes 2 de un disparo en el pecho por otro camionero tras un entredicho en el tránsito. La Justicia dispuso la prisión preventiva por 90 días para el agresor. Un taxista fue asesinado el miércoles 3 durante un intento de rapiña en Montevideo y, por este caso, un adolescente de 14 años fue internado en el Inisa. El transporte interdepartamental realizará un paro de 24 horas, que afectará los servicios que salen de Tres Cruces y algunos servicios urbanos del Interior.
Con respecto a los urbanos y suburbanos, la Unión de Trabajadores del Transporte (Unott) se reúne este lunes para definir su posición, afirmó a Subrayado el dirigente Juan Arellano. En principio acompañarían pero no realizarían paro, informó La República.
La banca oficial dejará de atender al público a las 15 horas, mientras que en los bancos privados la paralización comenzará a las 16. En la salud, la Federación de Funcionarios de Salud Pública iniciará el paro a las 12, hasta el final de la jornada. En el resto de las dependencias del Estado, la mayoría iniciará el paro a las 14.
SISTEMA ÚNICO DE SEGURIDAD EN PLAYAS
(180.COM.UY)
El intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, dijo en entrevista con Verano en DelSol que la responsabilidad en la seguridad en las playas no debería pasar por las intendencias y que el país debería consolidar un sistema único de seguridad para las costas.
Pereyra dijo que “por la vía de las costumbres se fue transformando en que las intendencias se hicieran cargo” de la seguridad en las playas, y se han establecido modelos que se copian entre los departamentos.
El intendente justificó que Rocha tiene una propuesta turística, por lo que la seguridad de las costas no puede ser de jurisdicción municipal y justificó que no son responsabilidad de las intendencias la seguridad pública ni el control de incendios. Además, las playas son jurisdicción de Prefectura.
Pereyra reconoció que el servicio de guardavidas es imprescindible en la propuesta turística, y dijo que Rocha “año tras año ha venido mejorando sustancialmente la propuesta de servicio, pero se hace en función de las características del departamento”. Aseguró que la inversión de esta temporada para el servicio de guardavidas supera los 2.500.000 dólares, cifra menor que la de Canelones, que ronda los cuatro millones. De todas formas, Pereyra dijo que lo instrumentado en materia de seguridad de las playas para la temporada estival actual fue lo que se acordó con la Asociación de Guardavidas en el convenio que se firmó, aunque desde ese sector han planteado la necesidad de construir seis casetas más. El intendente indicó que no se puede poner una caseta cada 300 metros y que existen 56 puestos distribuidos en los diferentes balnearios que tienen concurrencia de veraneantes.