(PRESIDENCIA)
Según el Observatorio Geofísico de la Facultad de Ciencias, desde 1884 existen registros de movimientos sísmicos en el territorio, aunque siempre de baja o escasa intensidad. En la actualidad, hay una red de monitoreo que cubre todo el país, con tres sismógrafos y también siete acelerómetros, el último de los cuales fue instalado en diciembre en el predio de la estancia presidencial de Anchorena.
El director nacional del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Fernando Traversa, señaló que, como consecuencia de los últimos movimientos sísmicos notoriamente percibidos por la población en 2016 y 2017, se articuló un plan interinstitucional para reforzar el trabajo que ya realizaban el Observatorio Geofísico de la Facultad de Ciencias, la dirección nacional de Minería y Geología (Dinamige) y el Servicio Geográfico Militar.
“El objetivo es construir un espacio interinstitucional de seguimiento geofísico y geodésico a nivel nacional”, dijo a la Secretaría de Comunicación Institucional. Traversa destacó que el país está hoy mucho mejor preparado que lo que lo estaba un par de años atrás. La articulación con estas instituciones de los ministerios de Minería, Industria y Energía y de Defensa Nacional, así como de la Universidad de la República (UdelaR), permite no solo monitorear circunstanciales eventos sísmicos, sino actuar en caso de que sucedan, agregó.
“El Sinae está preparado para cuidar de las personas ante un eventual colapso de estructuras en el marco de un evento sísmico”, precisó. Según información proporcionada por la responsable del Observatorio Geofísico de la Facultad de Ciencias de la UdelaR, Leda Sánchez, en Uruguay se instalaron acelerómetros en Termas del Arapey, en el departamento de Salto; en Paso de los Toros y Tacuarembó, en el departamento homónimo; en Sarandí del Yí, en Durazno; en la ciudad de Treinta y Tres; en Santa Teresa, en Rocha; en Aiguá, en Maldonado; en Montevideo, y en Paraje Minuano, en el departamento de Colonia.
Los acelerómetros se encuentran en Palomas, en Salto; en la ciudad de Tacuarembó; en la Fortaleza del Cerro, en Montevideo, y en el predio de la estancia presidencial de Anchorena, en el departamento de Colonia.
ACCIONES DE EMPRESAS EN COFRES DE BALCEDO
(SUBRAYADO)
Continuaron las actuaciones judiciales por el caso del argentino Marcelo Balcedo, detenido en Playa Verde, Maldonado, a comienzos de año tras ser requerido por autoridades argentinas que lo investigan por presunto lavado de dinero en su país. El modo de vida del sindicalista y empresario de La Plata despertó sospechas en Uruguay, y la Fiscalía de Maldonado comenzó a investigarlo bajo la presunción de haber cometido los mismos delitos aquí: lavado de dinero e incluso tráfico de armas.
En el marco de esta investigación el jueves comenzó la apertura de los 11 cofres fort que Balcedo tenía en distintas instituciones financieras de Montevideo y Punta del Este, donde se encontraron más de 7 millones de dólares en efectivo. El fiscal Rodrigo Morosoli continuó con el operativo y según supo Subrayado –con base en fuentes vinculadas al caso– esta vez solo se encontraron documentos. Se trata de papeles de valor comercial, presumiblemente acciones de empresas, que serán analizados por la Fiscalía y los peritos judiciales para determinar su valor.
FARMACIAS VENDEN 3% DEL TOTAL CONSUMIDO
(TELEMUNDO- EL PAIS)
A seis meses de comenzar la venta de cannabis estatal en farmacias, se vendieron 512 kilogramos de la droga, y según informó El País hay 20.300 personas registradas para comprar por esta modalidad, quienes en promedio consumieron 25 gramos en seis meses.
Monitor Cannabis, grupo de investigación que depende de la Facultad de Ciencias Sociales, calcula que cada año en Uruguay se venden 17,3 toneladas de marihuana cada seis meses. Con esto, los 512 kilos vendidos corresponden a un 3% del total vendido. Actualmente hay doce farmacias que venden marihuana en todo el país, distribuidas en ocho departamentos. El Gobierno anunció a mediados de setiembre que se ajusta el decreto que determinaría que nuevos establecimientos vendan marihuana.
SANCIÓN PENAL TRAS RECHAZAR A ISRAELÍES
(EFE)
El dueño del hostel de Valizas que negó el alojamiento a dos personas israelíes fue declarado responsable de un acto de discriminación y espera ahora las consecuencias penales que la Justicia determine para su caso. El integrante de la Comisión Honoraria contra el Racismo, Xenofobia y Discriminación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), José Mignone, relató a Radio Carve que el organismo consideró el acto como discriminatorio por unanimidad, tras cinco horas de discusión.
Según contó Mignone, el investigado argumentó que el motivo del rechazo a hospedar a dos jóvenes israelíes en su hostel se debió a un comentario recibido en una ocasión anterior por otro huésped israelí, quien le dijo que, si él quisiera, podría matarlo en quince segundos. El hombre sintió miedo, pero incurrió “en un acto de discriminación por nacionalidad”, argumentó Mignone.
La investigación se está llevando a cabo también por la Justicia de Rocha, que tomó el caso luego de que se denunciara al hombre ante el Ministerio de Turismo y será el ente que se encargará de la resolución penal del delito. Mignone explicó que de la Justicia depende si utilizar o no el informe del caso que elaboró la Comisión contra el Racismo, como elemento de influencia en la sanción.
La Justicia “puede tomar o incluso puede pedir otra declaración ampliatoria de este informe”, explicó Mignone, pero aclaró que en la decisión penal del sujeto la comisión no tiene autoridad. “Eso solamente le corresponde a la parte penal”, concluyó.
FISCALÍA INVESTIGADOS REDES DE TRATA
(EL PAIS-SUBRAYADO)
El fiscal de Corte Jorge Díaz, confirmó que hay dos investigaciones en curso por eventuales tráfico y trata de personas en Uruguay, una de las cuales podría vincularse con el ingreso ilegal de cubanos a través de Cerro Largo, informó Subrayado.
Díaz recordó que los delitos de tráfico y trata de personas están tipificados en el ordenamiento jurídico uruguayo, desde la aprobación de la ley 18.250 de Migraciones, y diferenció el delito de tráfico, en el que se vulneran las leyes migratorias, de la trata de personas, que está considerado como de lesa humanidad. El fiscal Alejandro Machado comenzó el lunes una investigación por la presunta instalación en Cerro Largo de una red de tráfico de personas, en este caso hombres y mujeres de nacionalidad cubana.
La investigación comenzó luego de que en los últimos días de 2017 y los primeros 2018 ingresaran a Uruguay, por Cerro Largo, decenas de cubanos que luego pidieron asilo político en la ciudad de Río Branco. Llamó la atención de las autoridades que en todos los casos se vio a una persona cerca de ellos y por ese motivo se inició la investigación. Los cubanos llegarían a pagar hasta U$S 5.000 por ingresar a Uruguay.
El año pasado un ciudadano cubano de 75 años fue procesado con prisión por tráfico de personas. En 2016 y 2017 entraron a Uruguay 6.350 cubanos. En la localidad de Santa Rosa, Canelones, se concentraron 220, informó El País.