Postergar al agro, error que se paga caro

Con telón de fondo de un ministro del sector que a juicio de las entidades de productores agropecuarios está “desaparecido” mientras la rentabilidad de las actividades del agro va en picada, empresarios del campo de todo el país se han movilizado en una protesta dirigida al gobierno de Tabaré Vázquez, que ha tenido tiempo de reunirse con numerosas instituciones y personas de escasa representatividad pero no de hacerlo con las entidades agropecuarias que desde hace tiempo reclaman un encuentro con el jefe de Estado.
A grandes rasgos, este es el panorama que tenemos por ahora hasta el 23 de enero, cuando en Durazno podrían definirse acciones de protesta que decidirían los productores agropecuarios independientes, acompañados por empresarios de servicios al sector, como los transportistas.
Como diera cuenta EL TELEGRAFO, en la reciente asamblea realizada en la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú –que según los registros hechos al ingreso contaba con más de 500 personas– y los encuentros mantenidos anoche tanto en Paysandú como en Salto, se escucharon críticas al gobierno, quejas por el precio de los combustibles, y hasta algún discurso altamente “combativo”, pero que finalmente no se vieron reflejadas en ninguna resolución.
Entre otras alternativas, empero, los productores manejan la realización de un paro de actividades (con la no remisión de productos), que podría durar 72 horas pero sin corte de rutas, que es una de las posibles medidas a analizarse en Durazno.
Volviendo a las alternativas de la asamblea de la Exposición Feria, uno de los asambleístas propuso que aplaudieran quienes estaban de acuerdo con un paro “en los próximos diez días” y fue casi unánime el sonido de las palmas de los alrededor de 300 concurrentes que quedaban.
La convocatoria fue hecha por un grupo de productores agropecuarios sanduceros utilizando WhatsApp, y adhirieron representantes de varios departamentos, como Río Negro, Salto y Tacuarembó, de ciudades como Young, Paso de los Toros y Mercedes, pero también concurrieron de Colonia, San José, Florida, Soriano y Durazno.
Más de una veintena de asambleístas hicieron uso de la palabra, algunos planteando los problemas generales y los suyos propios, y otros proponiendo medidas. Una de las primeras fue tomar “medidas radicales”, hecha por un productor del sur, que propuso hacer sentir al país la situación del sector, en tanto también se propuso la utilización masiva de la tecnología digital por redes para difundir videos de cómo se trabaja en el campo y cuál es la realidad que se vive.
Asimismo, se reclamó una rebaja sustancial en el precio del gasoil, que es un aspecto considerado central en los costos de producción, junto a otros insumos.
En una problemática muy vasta, no solo se trata de costos y rentabilidad, sino que hay un escenario socioeconómico que no se puede soslayar, y que mal que pese a quienes en Montevideo se apoyan invariablemente en la dicotomía-campo ciudad, el país es agrodependiente. Y en la ciudad –aunque hay quienes insisten en negarlo, sobre todo en la capital– hay empresas que no podrían subsistir más de una semana si el agro se derrumba, y con ellas miles de empleos.
Es explicable entonces que más de un productor esté planteando que los reclamos también sean compartidos por empresarios de la ciudad, ya que o bien están vinculados a los productores, o en su defecto tienen algunos problemas en común, porque está de por medio el factor de falta de rentabilidad de las empresas, las altas cargas impositivas y de leyes sociales, el costo de la energía –tanto electricidad como los combustibles– y como factor preponderante para exacerbar costos y cargas, el tamaño, burocratización e ineficiencia del Estado.
No es porque sí, además, que hayan quedado por el camino, desaparecido o emigrado a las ciudades miles de pequeños productores rurales en los últimos años, a lo que se agrega la venta de tierras a extranjeros.
Pero en un resumen de los problemas que se han ido acentuando con el paso de los meses, surge claramente que el grueso de los sectores enfrenta problemas de rentabilidad por el aumento de costos y los precios internacionales que están lejos del pico registrado en 2014. El agro uruguayo enfrenta, en términos generales, una coyuntura adversa para lograr niveles de rentabilidad a corto plazo.
Los analistas consideran que además de la suba de costos como consecuencia del valor del gasoil, la electricidad o los salarios, hay que sumarle un descenso de los precios en los mercados internacionales y un dólar “planchado”.
El portal Objetiva de la consultora Deloitte realizó una síntesis de 2017 donde mostró que si bien los precios de las materias primas que Uruguay exporta registraron un repunte de 8% en promedio ese año, son casi 15% menores que hace tres años. El único que sale con un saldo positivo es la celulosa, cuya cotización en el mercado internacional subió 10% en 2017 y está hoy 2% por encima de 2014. Para el resto de los bienes agrícolas del país, el saldo es claramente negativo. Por ejemplo, el precio del trigo cayó 8% el año pasado y está 41% por debajo del boom de precios agrícolas de inicios de 2014.
Siguiendo con los granos, la soja se recuperó 16% en 2017 pero está 33% por debajo del umbral de tres años atrás. El caso de la leche en polvo es más contundente aún: aumentó 44% su valor en el mercado internacional en 2017 pero está 40% abajo de 2014.
Por otro lado, el anuario 2017 de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) analizó las características de los acuerdos salariales alcanzados en las distintas ramas del agro en la última ronda. “Con los ajustes acordados y los incorporados en rondas anteriores, se constata una evolución real de los salarios mínimos por categoría de los distintos subgrupos del agro por encima de la media de la economía, e incluso en algunos sectores por encima del ajuste real establecido para el salario mínimo nacional”, alertó.
Ahora, la capacidad de maniobra del Poder Ejecutivo respecto a los planteos –dejando de lado cual sea la real voluntad política– es realmente acotada, porque pensar en una baja de tarifas como el gasoil o la electricidad parece poco probable cuando el gobierno tiene como prioridad recomponer el déficit fiscal, que hoy se sitúa en el 3,3% del PBI y la meta es llevar el rojo de las cuentas públicas a 2,5% al final del período de gobierno.
Los precios internacionales, naturalmente, escapan a su control, pero la mayoría de los pronósticos globales apuntan a una estabilidad en los valores de las materias primas, por lo que no se avizora una mejoría que permita cambiar en el corto tiempo este panorama. En tanto controlar el dólar puede ser aún más caro, y si la moneda americana se aprecia con respecto al peso, el consumo se verá afectado y la disconformidad será mayor en otros sectores de la sociedad.
La respuesta pasa inexorablemente por establecer prioridades o decisiones políticas que actualmente tienen el eje en el desnivel crónico de las cuentas fiscales. Si no se baja el gasto del Estado o se aumenta la recaudación –o las dos cosas– para abatir el déficit, difícilmente el gobierno tenga alguna oportunidad de cambiar las cosas. Y las señales muestran que por el contrario, el gobierno apuesta a seguir expandiendo el gasto, de la mano de las minorías políticas de la que es rehén, que siempre encuentran una “buena razón” para enterrarnos un poco más.