Alerta roja en la economía

Un indicativo que es reflejo de la situación y tendencia de la economía de un país es cómo se comporta el consumo doméstico, porque habla no solo de la disposición de las familias a la adquisición de bienes y servicios sino también de las expectativas, y ello hace eco en la situación de las empresas y economía en general.
Es que el complejo tramado de la economía se alimenta asimismo de expectativas que inciden en la realidad, por cuanto al agregar o sustraer demanda suma o resta dinero en circulación, y ello se nota en el dinamismo comercial y por ende en el esquema productivo de bienes y servicios.
Corresponde por lo tanto tener en cuenta el comportamiento de esta variable del consumo que mide el Instituto Nacional de Estadística (INE), con las reservas del caso en lo que refiere a las modalidades y estratos en que se constata esta demanda, porque incluye tanto los bienes duraderos como los de uso diario, así como el tipo de servicios y quiénes los demandan.
En este esquema, según un informe de El Observador, un dato positivo en el desempeño de la economía uruguaya en 2017 fue el rebote del consumo privado como motor para el dinamismo de la actividad. Sin embargo, dentro esos números globales hay realidades muy disímiles, porque los consumidores mantienen un sesgo más pesimista que optimista tanto sobre el desempeño de su economía personal como la del país, y las perspectivas para tomar mayor endeudamiento para el consumo futuro tienden a ser conservadoras.
Un elemento a evaluar en la demanda es tanto el poder adquisitivo de las familias como el nivel de precios en general, y para ello contribuye sustancialmente el dólar “planchado”, lo que más que menos contiene la inflación y a la vez es un factor formidable que influye en el valor depreciado de los bienes importados, entre ellos los automóviles. Hubo una expansión de 20% en las ventas de autos y utilitarios 0 kilómetro en 2017 que puso fin a una racha negativa de tres años.
Precisamente en este sector se tuvo como aliado un dólar desinflado que el año pasado bajó 2% frente al cierre de 2016, lo que indica que en términos reales la cotización bajó, en relación a la inflación.
El 2017 también se presentó en términos generales como favorable para el poder adquisitivo de los trabajadores, si se tiene en cuenta que la inflación se moderó sensiblemente el último año y cerró el 2017 en 6,55%, por primera vez dentro del rango meta de 3% a 7% definido por el Banco Central. Y como los salarios registraron a lo largo del año incrementos nominales superiores, el poder de compra de los asalariados cerró el año con una mejora de casi 3 puntos porcentuales por encima de la inflación, según la encuesta de Expectativas Económicas de El Observador.
Es decir que estos parámetros tendrían que evaluarse como una evolución positiva de la economía uruguaya, aunque con la contrapartida de una visión de cautela de los consumidores que impide otro “boom” del consumo como ocurrió hace poco tiempo.
Es que en este caso se aplica perfectamente el dicho de que no es oro todo lo que reluce, y no hace falta ser un experto en economía, sino palpitar diariamente la vida del país, para inferir que por ejemplo el mercado laboral continúa dando señales de alerta ante las dificultades para la creación de nuevos puestos de trabajo, así como el cierre o amenaza de bajar la cortina de fuentes laborales, en tanto el empleo que se logra por lo general es de baja calidad y generalmente zafral.
El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo al semanario Búsqueda que la pérdida de empleo está siendo “un problema importante de la economía uruguaya”, más allá del énfasis que las autoridades del equipo económico tienen para reducir el rojo de las cuentas públicas como objetivo macroeconómico.
Reconoció que existe una “insuficiencia” para crear puestos además de “desafíos” en la formación en nuevas actividades. Todo hace prever que los lineamientos salariales del Poder Ejecutivo para la última gran ronda de negociación salarial del gobierno –que se iniciara este semestre– tendrá como eje la preservación del empleo sobre una suba real de los ingresos de los trabajadores.
El punto es que el país sigue perdiendo competitividad y que el motor de la economía, el agro, se ha ido enlenteciendo y enfrenta una crisis de rentabilidad cuya demostración más rotunda es que los productores se encuentran movilizados porque sostienen que “el campo no da más”.
Ello ocurre cuando los precios de los productos del agro en el mercado internacional, si bien no están en un pico como se alcanzó en 2014, están más o menos en valores promedio o meseta. Mientras tanto han subido los costos internos, por efectos de la energía eléctrica, el gasoil, las cargas fiscales, y el dólar sigue “planchado” con estos insumos inflados, por lo que el productor percibe menos pesos, que son devorados por los costos de producción.
Mientras tanto el gobierno sigue sin acusar recibo de esta realidad, que es mucho más marcada en el Interior. Lo vemos en Paysandú, donde una industria tradicional como PILI atraviesa serias dificultades, y no están en mucho mejor situación otros sectores de actividad, como la citrícola, con un caso concreto en la salteña Caputto, que ha tenido que salir a vender campos y plantaciones para tratar de hacer frente a su endeudamiento.
Y no se trata de mala gestión ni de avatares inesperados, sino de la consecuencia de seguir pateando la pelota para adelante por el gobierno, que no ha “tenido tiempo” en la agenda para recibir a los productores rurales. Tal la mirada del cemento capitalino, que sigue sin querer entender al campo y todo lo que éste significa como sostén de la economía, como fuente de ingresos para mantener la burocracia y los miles y miles de funcionarios públicos que son, sin embargo, prioridad en tanto fuente de clientelismo político. Es pues de rigor que el equipo económico de gobierno se ponga las pilas y salga de la actitud autocomplaciente, de mirarse el ombligo desde Montevideo, y reconocer que estamos ante fragilidades manifiestas, principalmente en materia de inversión y empleo. Una cifra reveladora es que en los últimos tres años, la economía uruguaya perdió unos 30 mil puestos de trabajo, en tanto la tasa de ocupación en los 12 meses a octubre quedó en 57,9%, su menor nivel desde enero de 2009 y de la misma forma se acentúa el subempleo.
Pero lo peor es que esta tendencia no tiene signos de revertirse, porque el gobierno no tiene margen de maniobra pero tampoco de voluntad política para reanalizar las prioridades que se ha trazado, y sigue jugándose a conducir la economía con piloto automático, ajeno a la tormenta.