Luego de tres meses de campaña, el 0,11% de los perros portan dispositivo obligatorio y postergaron fiscalizaciones

(EL PAIS)
El avance de la leishmaniasis, que se ha extendido desde Salto a Bella Unión y Tacuarembó, las iniciativas para prohibir las carreras de galgos, las denuncias de muertes de ganado por ataques de jaurías, y la obligación de implantar microchips a los perros marcaron la agenda canina de 2017.
El pasado 1° de octubre se anunció la entrada en vigor del Registro Nacional de Animales de Compañía. Para colocarles el chip obligatorio a los perros, la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba) habilitó a empresas importadoras del dispositivo, diseñó el sistema de identificación e instruyó a veterinarios. Pero en razón de que fue elegido un microchip de 23 dígitos, lo que supone un diseño exclusivo para Uruguay, ahora nadie sabe qué pasará con más de 50.000 perros ya identificados con el microchip de 15 dígitos que tenía el sistema anterior. El cambio resuelto provocó otras situaciones singulares, como ser la renuncia por parte de la Intendencia de Florida a una donación de miles de microchips de 15 dígitos que le había hecho China.
Durante tres meses, la Cotryba solo ha ingresado al registro 2.000 perros, es decir que ha colocado microchips al 0,11% de los perros con dueño. Ante esa realidad, la Cotryba debió anunciar una postergación, sin fecha prevista, de la fiscalización y control del nuevo registro, actividad que estaba prevista a partir del 1° de enero. Hasta el momento no existe una relación, ni ninguna propuesta de unificación, entre el nuevo registro conocido como Renac y el Registro de Patente de Perros que lleva adelante la Comisión Nacional de Zoonosis, motivo por el cual los dueños o tenedores de canes se enfrentan a un doble registro y por tanto a una doble aportación. Ante todo esto, hay quienes cuestionan la gestión de la Cotryba al punto que hablan de “un gran fracaso”, por ejemplo el doctor y diputado nacionalista Gastón Cossia.
“La Cotryba conduce y gestiona una política que no cuenta con el apoyo de la población ni de los sectores de la sociedad involucrados”, afirmó Cossia a El País. “En tres meses solo se ha logrado identificar al 4% de los caninos que ya tenían colocado un microchip con anterioridad al 1° de octubre de 2017; una cifra ínfima si se tiene en cuenta que en Uruguay hay más de 1.745.000 perros”. Cossia sostiene que se ha promovido falta de confianza y descrédito de las personas que tienen perros, porque las autoridades de la Cotryba carecen de formación y capacitación específica en la temática, porque no hay un liderazgo ni una conducción veterinaria, lo cual conduce a marchas y contramarchas constantes. Cossia indica que “la cédula canina que otorga el Renac no tiene ningún valor sanitario. Los servicios veterinarios oficiales no exigen esa inscripción con el correspondiente microchip identificatorio para ninguna instancia oficial, sean exposiciones, ferias, remates, exportación o salida del país”. El representante nacional critica severamente otras incongruencias normativas, por ejemplo la posibilidad de que un perro sea capturado en la vía pública, esterilizado, identificado con un microchip y a las 48 horas devuelto a la vía pública.
“Esto es imposible dado que para identificarlo es necesario que exista una persona física que sea su tenedora responsable”, enfatizó Cossia. Tampoco asoma razonable que no se haya establecido la oportunidad para que cientos de instituciones públicas y privadas puedan registrar sus animales, ya sean refugios, criaderos, protectoras de animales, planteles militares, planteles de policía, asociaciones y fundaciones de perros guía.
FISCAL PIDIÓ PENA MÁXIMA DE 45 AÑOS
(EL PAIS)
Una pena máxima de 45 años de prisión pidió el fiscal de Homicidios, Juan Gómez, para el homicida de la niña Brissa González (12), Williams Pintos Pinto. “Sostenemos que la sociedad no merece estar expuesta a sujetos cuya conducta estamos analizando. Esa es la pretensión de la Fiscalía”, dijo Gómez a El País.
El representante del Ministerio Público solicitó una pena de penitenciaría de 30 años a Pintos Pinto por los delitos de privación de libertad en reiteración real con un delito de homicidio muy especialmente agravado. Además, planteó que a la pena solicitada se le sume medidas eliminatorias, las que van de uno a 15 años. Gómez advirtió en la acusación que el extaxista debía cumplir 15 años de medidas eliminatorias y, por ende, no recibir beneficios de reducciones de pena por trabajo o estudio, es decir que de prosperar la acusación de la Fiscalía, Pintos Pinto quedará encarcelado durante 45 años. Hoy el acusado de matar a Brissa González tiene 35 años, según surgió en la audiencia de formalización del juicio realizada el 23 de noviembre pasado.
JUDICIALES DECIDIRÁN CON VOTO SECRETO
(EL PAIS)
La asamblea de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay decidió por 557 votos en 785 presentes someter a una votación secreta la aceptación de la fórmula que el gobierno y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) le propuso al gremio para cerrar un acuerdo que deje atrás definitivamente el viejo reclamo por el “enganche” aprobado, pero no efectivizado, de las remuneraciones de los trabajadores con las de los ministros de la SCJ y de Estado. La propuesta fue realizada por los asambleístas Sandino Schiavone, Pablo Elizalde y Graciela Panizza. Schiavone dijo a El País que de esta forma “se dan más garantías y más tiempo de reflexión para que no se decida al calor de una discusión asamblearia”.
La intención del sindicato es que la votación se realice antes de fin de año y que cada trabajador se pronuncie en su lugar de residencia “para que el tema se dilucide en uno u otro sentido”, señaló el sindicalista. La propuesta del gobierno supone una mejora del 20% para los trabajadores con respecto a la que fue rechazada en febrero pasado, dijo Schiavone. Entre la adecuación salarial (18,8%) que incluye la propuesta del gobierno y el pago de la deuda acumulada, el Estado realizaría una erogación en dos cuotas por alrededor de U$S 50 millones. U$S 20 millones irían a la adecuación y el resto a la deuda acumulada. La fórmula abarca tanto a trabajadores con sentencia favorable como a aquellos que no la tienen. Schiavone dijo que su percepción es que “la gran mayoría” de los trabajadores son proclives a aceptarla.