La rebaja de tarifas que se esfumó

  1. Con un “dos platos de sopa” ha respondido el Poder Ejecutivo al reclamo de la Confederación de Cámaras Empresariales de rebajar las tarifas de los servicios públicos, como UTE y los combustibles. El pedido apuntaba a mejorar la ecuación de costos y lograr un mejor perfil de competitividad para la exportación y contra los productos que vienen del exterior. A cambio, el gobierno anunció un aumento generalizado de tarifas desde el 1º de enero.
    Nada nuevo bajo el Sol, porque lejos de hacer las cosas de forma distinta a lo que criticaba de los partidos tradicionales, el partido de gobierno continuó con la línea de utilizar a las empresas públicas monopólicas como una fuente extra de recaudación tributaria para captar recursos para Rentas Generales. En tanto, en las áreas en que la gestión del Estado compite con los privados –excepto en Antel, que compite en el servicio de celulares y parcialmente en Internet–, el déficit es enorme, como ocurre con la producción de cemento de Ancap, donde el costo de producción es más caro y tiene el triple de operarios que la empresa privada.
    El 2018 no asoma como una excepción a esta regla. El gran embrollo radica en el déficit fiscal, que se ha situado sistemáticamente entre el 3,5 y el 4% del Producto Bruto Interno (PBI), mérito en gran medida de la gestión de José Mujica, en la que se potenciaron entuertos como el de Pluna, Ancap, el Fondes, la regasificadora, y prácticamente todo en lo que se metió a opinar y potenciar, con pérdidas que superaron por lejos los mil millones de dólares. El tercer gobierno de izquierda tuvo que salir a tapar agujeros para disimular la “herencia maldita” que le dejó el mujiquismo, tratando de disimular el fracaso del popular expresidente para no pisar cayos en la ya frágil interna partidaria.
    No es extrañar que para no seguir deteriorando las cuentas del Estado –de por sí muy preocupantes– el gobierno haya priorizado recaudar por sobre mejorar los instrumentos para los empresarios y aliviar la presión sobre la población.
    Igualmente, el ajuste resuelto por el gobierno causó cierta extrañeza en sectores del oficialismo y dio lugar a críticas de la oposición y de las gremiales empresariales. Sobre todo, teniendo en cuenta antecedentes inmediatos, como las expresiones del titular de Economía y Finanzas, Danilo Astori, sobre que “en poco tiempo puede bajar el precio del gasoil”, dichas durante una entrevista en El Espectador a principios de noviembre. En la ocasión, explicó que el gobierno haría los esfuerzos necesarios para poder bajar las tarifas.
    Ahora, a solo un mes de las declaraciones de Astori, se confirma el aumento del 4,8% para el gasoil; pero también sube la nafta un 9,8%, OSE y Antel 6,5% y UTE 3,2%, a partir del 1° de enero.
    En pocas palabras, el Poder Ejecutivo optó por cuidar el balance fiscal, que ya está demasiado comprometido –aunque eso ya se sabía– antes que aflojar la presión tributaria sobre los sectores reales de la economía y la población. Estos siguen afectados por el ajuste fiscal y tarifario de comienzos de este año, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que desde enero de 2017 está vigente un aumento del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
    Igualmente, pese a estos incrementos con fines recaudatorios, el déficit fiscal no ha aflojado más que una mínima fracción de punto del PBI, porque peso que se recauda, peso(s) que se gasta(n), y mal. Todo lo contrario de lo que se hace en los países desarrollados, donde si bien la presión tributaria es alta, se devuelve en servicios al ciudadano el dinero que aporta. Ahí radica la gran diferencia entre la burocracia, la desorganización y el gasto ineficiente, con los que hacen las cosas como se deben hacer, poniendo cuidado en dónde se pone cada peso que se saca al ciudadano.
    El caso de UTE es paradigmático, porque hace meses las autoridades del organismo encabezado por Gonzalo Casaravilla subrayaron que a través de las inversiones en energías renovables, como la eólica, se ha logrado abatir sustancialmente los costos y además ello se ha visto reforzado por buena disponibilidad de agua en los embalses hidroeléctricos.
    Sin embargo, ni el año pasado ni este el ente ha cumplido con los anuncios de rebajar tarifas, que siguen siendo las más altas de la región, simplemente porque hasta setiembre Rentas Generales se ha llevado unos 400 millones de dólares de la facturación de UTE y a fin de año llegaría a los 700 millones de dólares.
    Es decir, dinero que sale de los bolsillos de los clientes del organismo –los que pagan, obvio; no los cientos de miles de colgados que parasitan a la sociedad ni los subsidiados por el gobierno–, que abonan con sobrecostos las facturas para paliar el déficit fiscal, para el que ha incidido la capitalización de Ancap en 600 millones de dólares, más otras pérdidas. El costo del affaire Pluna es aún inestimable, con remate fraguado y su “garantía perfecta” en el BROU y todo, que tuvieron su consecuencia en el procesamiento de exjerarcas que, por favores políticos al expresidente José Mujica, desecharon la rigurosidad técnica que manifestaron aplicar hasta entonces.
    Hablando de consecuencias, las derivaciones de los incrementos de las tarifas no se limitan al costo adicional para clientes y usuarios directos, sino que –como es sabido– hay una reacción en cadena en el tema precios en la economía, que realimenta la inflación y arrastra a la vez reajustes salariales y de prestaciones. Con ello, genera más costos que repercuten en la competitividad y en el desenvolvimiento empresarial y doméstico. Por lo tanto, el déficit fiscal, el gasto desmesurado del Estado, dilapidar recursos como si brotaran de las piedras no es gratis para nadie, y termina afectando a todos, incluso al que no tiene auto ni moto, o no usa celular, teléfono ni Internet.