Ante los casos de violencia extrema

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reconoció por primera vez que está de acuerdo con las cifras que manejó el Observatorio de Criminalidad y Violencia de la Fundación Propuestas (Fundapro), del Partido Colorado. Las estadísticas que presentó el abogado, docente universitario y director del observatorio, Guillermo Maciel, señalan un aumento del 58% de los homicidios con relación a igual mes del año pasado, con la ocurrencia de 248 hasta hace dos días.
Paralelamente, se contabilizaron 30 personas asesinadas en todo el país durante noviembre; de estos, 10 ocurrieron en el Interior y los restantes 20, en Montevideo. Allí se cuentan tres mujeres y tres niñas, con algunos casos en los que no se pudo comprobar el delito de femicidio y en otro el agresor acabó con su vida. Por lo tanto no pudo cumplir con la pena establecida en la nueva figura delictiva aprobada este año, tras el lobby efectuado por distintos grupos feministas.
A pesar de los datos Bonomi admitió un “pequeño” aumento en la cantidad que –en realidad– es un récord desde que se llevan registros y de soslayo hizo referencia a la violencia de algunos casos, particularmente el ocurrido en Malvín Norte, donde un hombre mató a su expareja y a la hija de ella, una niña de 8 años. Sobre este particular, los vecinos de la familia aseguraban que las situaciones de violencia “eran normales”, al tiempo que el secretario de Estado no lograba convencerse de que esta respuesta es más común de lo que él y los organizadores de las marchas suponen.
“Eran tan frecuentes las discusiones que prendía la radio”, contaba una vecina de la mujer asesinada y al ministro le sorprendió la reacción del vecindario. La naturalización de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones no debería llamar la atención porque está inserta en las comunidades de tal manera que se acepta, hasta con sorna. ¿O algunos hechos ya habituales ocurridos en la Junta Departamental de Paysandú –“la caja de resonancia de los problemas de la gente”– no se consideran como actos de violencia? Y justamente en ese lugar expuso el presidente de la Comisión de Lucha contra la Violencia Doméstica, Ricardo Fleitas, en la última sesión y en conmemoración del 25 de noviembre.
Sin embargo, se vuelven comunes los comentarios irónicos e hirientes que se hacen frente a los púlpitos, donde se recuerdan viejas rencillas y se traen a colación asuntos que nada tienen que ver con el momento. Después, se apuran a colocar crespones negros en su balconada y convocan a marchas contra la violencia. Lo mismo hacen los colectivos radicalizados con mensajes que no aportan a la tolerancia, sino todo lo contrario.
Además, se ha desacostumbrado el uso del argumento “ajuste de cuentas” para clasificar a los crímenes cometidos en contextos críticos y relacionados con el narcotráfico para apelar a “una guerra por territorio”, que produce un alto porcentaje de homicidios. Y si se compara con décadas anteriores, se confirma que entre 1980 y 1989 se cometían 147 homicidios anuales, según las estadísticas del Ministerio del Interior. O sea que el porcentaje de crecimiento ha resultado abismal (53% en los últimos 20 años) en un país que no ha variado sustantivamente el perfil de su población.
Tampoco se ha transformado la mirada que pesa sobre los resultados y algunos planteos se tornan reiterativos: “Hay que insistir en políticas de prevención social”, dijo Bonomi tras el asesinato de Valentina Walter, una niña de 9 años en Rivera. El ministro apeló al “desarrollo cultural” de las comunidades y su influencia en los casos de violencia doméstica extrema y de género. En tal sentido, recordó que cuando se discute el tema, no se invita a la ministra de Educación, María Julia Muñoz, para lograr un enfoque “más activo”. No obstante, en el medio nos perdimos varios capítulos conformados por una minimización continua y constante de hechos violentos y estadísticas que confrontaban –en vez de complementarse– con el persistente uso de los medios de comunicación para demostrar quién tenía el discurso más alto y, por supuesto, la razón.
Ahora que el tema se nos ha ido de las manos como sociedad, queremos bajarlo a tierra y se nos ocurren todas las formas posibles de hacerlo, sin reconocer que antes formamos parte de una arenga que teatralizaba los conflictos en los ámbitos parlamentarios (nacional y departamental).
El “mientras tanto” tan difícil de sobrellevar en Uruguay asiste a todo tipo de propuestas, que van desde la pena de muerte, cadena perpetua, castración química y una que resiste en los cajones del Legislativo bajo la iniciativa de establecer un “registro de abusadores”, desde hace aproximadamente 9 años. Esa reacción casi compulsiva de “cajonear” proyectos de ley –no importa de quién provenga– es también la respuesta a una naturalización instalada en nuestros legisladores, fundamentalmente cuando son mayoría y tienen el poder de otorgar a la ciudadanía una lectura propositiva de los temas que afligen a la sociedad.
Porque la academia ya está convencida de que los asesinos y abusadores de niños son personas perversas, de difícil rehabilitación y detección en su comunidad, con grandes dificultades para un autocontrol. Por eso, la devolución a la sociedad –una vez que cumplan sus penas– deberá resolverse bajo determinadas condiciones, de lo contrario, es inadmisible el razonamiento que brinda a las cárceles un enfoque de “rehabilitación”, porque ya sabemos que no lo hacen. A comienzos del año pasado, la Fiscalía General de la Nación creó la Unidad de Análisis y Contexto para investigar los fenómenos criminales. Así nos enteramos de que los autos se roban para ser desguazados o utilizados en otros robos o que los enfrentamientos entre bandas criminales presentaban un alto registro de homicidios. Pero estos temas de abuso sexual a niños y adolescentes bajo casos de violencia extrema no requieren de un mayor análisis, ni mucho menos de comparaciones con otros países de América o de elucubraciones basadas en el sistema, sino de resoluciones legislativas que aporten al registro de quienes cometen estos delitos y de un compromiso cultural que comenzará por nuestros representantes, a quienes les falta mucho aún para respetar una investidura que es prestada.