Un problema sanitario

Que los directores de los hospitales públicos eran y son nombrados en relación a las cuotas políticas, o sea, “a dedo” o por acomodo, es una práctica que lleva muchos años y varias administraciones. Por lo tanto, obsta abundar en detalles. El acceso por mérito político a un cargo gerencial, donde se manejan gestiones, monitoreos y resultados continuos, nunca dejó de ejercerse en Uruguay, a pesar de los compromisos asumidos en las campañas electorales que ostentan –como si fuese una prédica fundacional– al concurso público como la única manera de demostrar competencias y saberes.
Eso, además de otros lugares, no ha ocurrido en ASSE. El gran tema es que unos se enojan cuando se lo demuestran y otros lo descubren como si fuera una práctica de los últimos quince años. Es, en todo caso, muy difícil de encontrar el equilibrio discursivo para no subestimar al espectador y que el referente político resulte un interlocutor válido al momento de emitir el mensaje.
ASSE es, paralelamente, uno de los organismos que ha logrado satisfacción entre los usuarios, sin dejar de mencionar que la tercerización y privatización de algunos servicios –o complementariedad como les gusta llamar a las autoridades– es el fiel de esa balanza, sin la cual no habría una respuesta positiva en determinados casos de urgencia. Porque aquí también hay que hablar de la escasez de recursos humanos en determinadas áreas y servicios, a pesar de las inversiones presentadas junto a los denominados “compromisos de gestión”, logrados –en ocasiones– con cursos de capacitación orientados a funcionarios que resuelven con sentido práctico lo que no reza la teoría.
No hay problema con judicializar las gestiones públicas, si se presentan (y constatan) irregularidades. Acá, nuevamente, el problema se encuentra en la raíz de las excusas (a menudo agresiones) que se esgrimen para explicar lo que no está claro. Si “a la gente le importa poco que un servicio se licite o se haga por compra directa”, entonces se deberá aclarar y comparar las inversiones efectuadas en ambos casos, antes que resaltar con enjundia la conformidad del usuario con un servicio público que recibe atención privada. Si eso fuera así, en realidad la Constitución y las leyes no establecerían procedimientos para compras, adquisiciones y licitaciones de las empresas públicas.
O los directores que contratan sus propias ambulancias, sin llamados a precios ni licitaciones, o los contratos irregulares de personal médico y no médico en dependencias estatales que percibieron salarios por encima de otros hospitales de Salud Pública y que elevan presupuestos varias veces más de lo razonable, sin optimizar los recursos humanos ni económicos.
Estas revelaciones se encuentran bajo investigación de una comisión parlamentaria. Sin embargo, nunca deberá permear el mal humor ni los ataques a la prensa o el ocultamiento de la información, ante un panorama de incertidumbre porque la Justicia aún no se expidió. Incluso son cuestiones que deberán dirimirse antes de poner en práctica la denominada “segunda reforma de la salud”, que quedó en manos de la fuerza política encabezada por Javier Miranda y un grupo selecto. Por tanto, es otra lectura clara que debe darse a esta decisión presidencial.
No obstante, es condenable la persecución política ejercida sobre funcionarios que se animaron a hablar y señalar esas irregularidades, con prácticas que claramente corresponden a otras épocas y socavan la tan mentada tolerancia y transparencia que ondea en algunas banderas, cuando esas cualidades se exigen a otros pero duele y transforma cuando nos toca a “nosotros”. Por eso, el paso siguiente –generalmente– es la descalificación y las actitudes poco proactivas, mientras el esquema diagramado ya preveía algunas resoluciones que se adoptaron después. Si todo fuera incuestionable, no hubieran existido separaciones de cargos ante las irregularidades salariales y por la contratación de diversos servicios, que recibían ganancias a menudo por encima de las retribuciones personales del director de un nosocomio.
Y en medio de estas discusiones se encuentra el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que ha cumplido una década, sin apuntar a la prevención y promoción de la salud para bajar la atención en los hospitales, o sea en el tercer nivel. Tampoco es integrado, en tanto existan localidades del Interior sin ambulancias para los traslados, cuyos usuarios dependen de vehículos (y personal) del Ministerio del Interior. Y si hablamos de un incremento en los recursos destinados a la mejora de servicios, bien vale saber las razones por las cuales se debe apelar a campañas de solidaridad, o al arreglo de maquinaria que tendrá corta vida útil.
Incluso al hablar de integración, también desde el Interior nos cuestionaremos el tiempo de prédica que debió realizarse para lograr servicios de medicina altamente especializada o las diferencias en la cantidad de especialistas que persisten entre centros hospitalarios instalados en la capital o zona metropolitana con relación al resto del país. Por dicha razón, en nuestro ámbito hay tanto tiempo de espera para acceder a un servicio de oftalmología, que lleva años sin solucionarse, al igual que en otras ciudades, cuando hablamos de un país que se extiende en poco más de 176.000 kilómetros cuadrados.
Entonces el objetivo no es meramente “incluir a los excluidos” sino cumplir con las metas que se encuentran estrechamente ligadas a la calidad de vida de los usuarios, sin tener la necesidad de apelar excesivamente a la memoria porque definitivamente tanto los tiempos, como la tecnología, sociedades y necesidades se transforman bajo una vorágine que en el mundo entero se plantea así. Solo una vocación “ombliguista” se atreverá a presentarlo fuera de contexto con la falsa oposición de pasado versus presente.