(Por Daniel Hardy Coll) La Ley de Riego sigue enfrentando al sistema político con la Academia, los ambientalistas y algunos sectores de la sociedad civil. Así quedó demostrado durante un debate público organizado por la Comisión de Estudiantes por la Tierra y el Agua (Celta), de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay realizado el lunes 20 en el salón de actos de la Facultad de Ciencias.
Los disertantes invitados confirmaron en sus exposiciones la existencia de una grieta. Por un lado, estuvo el análisis contrario a la ley del Ing. Agr. Daniel Panario, doctor en Tecnología Ambiental y Gestión del Agua, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias y de la licenciada en Ciencias Políticas, Nancy Espasandín, miembro de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida.
Por la defensa de la ley, estuvo la Ing. Agr. Mariana Hill, impulsora desde el Poder Ejecutivo, como directora general de Recursos Naturales del MGAP y el senador del Partido Socialista (Frente Amplio) Ing. Agr. Yerú Pardiñas. Finalmente, acatando por disciplina partidaria, pero no convencido del todo, participó el Lic. Biol. Andrés Carvajales, integrante del sector Casa Grande de Constanza Moreira.
En junio de 2016, la cátedra de Limnología (rama de la ecología que estudia los ecosistemas acuáticos continentales) de la Facultad de Ciencias se pronunció en contra, argumentando textualmente en una carta hecha pública: “Este proyecto no considera el impacto ambiental de la construcción de represas a gran escala. La construcción de represas implica la pérdida de biodiversidad de flora y fauna. Además, esas construcciones aumentan el tiempo de residencia del agua, y con ello su temperatura y transparencia y esto puede llevar a que aumente el riesgo de que se desarrollen floraciones algales y de cianobacterias potencialmente tóxicas. Visto que no se trata de una acción puntual en un sitio, sino de una iniciativa a escala nacional, consideramos que es nuestro deber alertar sobre las eventuales consecuencias ambientales del referido proyecto”.
Por su parte, el Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República señaló en un documento que “la ley se fundamenta en conceptos erróneos respecto del funcionamiento de los cursos de agua, embalses y del ciclo hidrológico en general”. La Ley de Riego aprobada por el Parlamento, con respaldo de todos los partidos, abrió la posibilidad a los productores de asociarse para acceder a ese recurso, atraer inversiones e incrementar la producción agropecuaria del país, dándole estabilidad a los cultivos y certidumbre más allá del régimen de lluvias.
Daniel Panario
El Ing. Agr. Daniel Panario explicó que los “suelos ya están muy maltratados por los cultivos de eucaliptos y secano y con los embalses se verán más floraciones de algas y cianobacterias”. Agregó que “es un mito que el MGAP controle”. Panario acusó que es una ley que tiene nombre y apellido: Tabaré Aguerre, “porque la producción arrocera está tecleando y el ministro es productor arrocero”, dijo.
“La construcción de embalses debería tener en cuenta el ciclo hidrológico, la altura de las cuencas; deberían ser altas y no bajas”. Reflexionando sobre las opiniones de quienes fueron parte de este proceso, como Hill y Pardiñas, Panario opinó: “No me cierra lo que dicen, porque ¿quiénes van a invertir sin tener de garantía al Estado? Y cuando los empresarios dejen de pagar, pagaremos todos nosotros. Digamos bien claro que esta ley la hizo el ministro para bajar los costos de la producción de arroz y nada más. Eso de ir atrás arreglando los desastres ambientales que se provocan no me entra. Elevamos al Parlamento un documento extenso antes de la votación y jamás llamaron a la Academia”, precisó.
Inversión privada
La directora de Recursos Naturales del MGAP, Ing. Agr. Mariana Hill, señaló que esta ley no está basada en la inversión pública, sino exclusivamente en la privada. “Se trata de una planificación estratégica de cuencas con la modificación de algunos artículos de la ya existente Ley de Riego de 1997, para un fomento de la agricultura regada, porque hasta hoy lo único que se riega es el arroz, es decir unas 40.000 hectáreas”, señaló.
Dijo asimismo que, “en el mejor de los escenarios, llegaremos a las 300.000 hectáreas regadas, en el peor de los casos, a las 80.000 hectáreas. He trabajado mucho en esta ley y creo en ella aunque sé que hay mucho por hacer aún en la parte ambiental. Esta ley no modifica las potestades del Mvotma respecto del otorgamiento de usos privativos del agua ni cambia los requisitos para otorgar concesiones previstas en el Código de Aguas, ni las causales de caducidad y extinción de los mismos. Incorpora la conducción del agua a través de los cursos naturales, respeta los caudales establecidos en el permiso o concesión y su ejecución está sujeta a un programa de operación que prevenga posibles daños ambientales. Su naturaleza responde al negocio colectivo, se basará por votación de las mayorías, con estatutos, permitiendo el ingreso de nuevas voluntades y el egreso de las existentes”.
Sin embargo, el artículo 21 de la presente ley especifica que “solo cuando corresponda”, se solicitará “la autorización ambiental para la construcción de la represa, la aprobación del proyecto de obra, del plan de uso y manejo de suelos y de aguas”.
Inconstitucional
Por su parte, la Federación de Funcionarios de OSE, con el respaldo de la Comisión Nacional por la Defensa del Agua y la Vida, impulsarán una apelación ante la Suprema Corte de Justicia por entender que se trata de una ley inconstitucional. De no obtener su derogación, marcharán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y si tampoco prospera, impulsarán un referéndum popular. La información la brindó la doctora en Ciencias Políticas Nancy Espasandín, quien dijo no creer que la SCJ falle a favor de la sociedad civil.
“Incluso ya se presentó la inconstitucionalidad del Plan Nacional de Aguas porque, entre otras cosas, no se discutió con la ciudadanía. No se puede decir que sí se hizo, cuando solo veinte uruguayos integrados en Deciagua, sin conocimientos algunos en el tema, fueron elegidos al azar para dar su opinión en nombre de todos los uruguayos”.
Argumentó que “si en el plebiscito del 2004 el 64,7% de los votantes dijo ‘no’ a la privatización del agua y se incluyó en el artículo 47 de la Constitución y en la ley 18.610 que el agua queda en manos públicas, no podemos impulsar hoy lo contrario al voto popular”. Concluyó su oratoria especificando que esta ley es solo rentable para el agronegocio, los monocultivos y el secano. “¿Qué estudio demuestra que Uruguay necesita una Ley de Riego? ¿Dónde está ese estudio de que necesitamos agua?”, le preguntó a los presentes.
Yerú Pardiñas
“No hicimos nada contradictorio a lo votado en 2004, seguimos en la misma línea”, afirmó el senador Yerú Pardiñas. “Hemos votado esta ley con la misma convicción que tuvimos con el plebiscito de 2004 en defensa del agua. Con la ley, rescataremos el 10% del agua que corre; hoy solo rescatamos el 5%. Esta ley no transforma la 16.810, sino que es una adecuación, una profundización, donde se establece el impacto ambiental preliminar. Ayuda a darle calidad a la producción. No es lo mismo una vaca tomando agua sucia de un tajamar que una vaca que haya tomando agua de calidad. Durante dos años se debatió en Diputados y se recibieron a todos los que solicitaron ser recibidos”, aclaró.
El legislador de la Cámara Alta, sin embargo, aceptó que “debe existir un fuerte control social”, que “hay cuencas ya saturadas que no admiten un solo embalse más y otras con enormes limitaciones, como las cuencas del río Santa Lucía y de la laguna del Sauce en Maldonado”.
Deterioro
Si en algo coincidieron, fue en la mala calidad del agua. Mariana Hill afirmó que le preocupa el deterioro que se observa; el Ing. Terra expresó tener una “fuerte incertidumbre”, pero aclaró que cree que existe mucha capacidad de gestión para afrontar los problemas que se presenten. El senador Pardiñas se sumó a la aseveración de la jerarca del ministerio. Al igual que el delegado de Casa Grande, que dijo estar inquieto ante la mayor presión ambiental, aunque el sector de Constanza Moreira no estuvo de acuerdo, votaron por disciplina partidaria. Igual que los diputados de Liga Federal, Darío Pérez y Sergio Mier, y de la oposición de la senadora nacionalista, Carol Aviaga.
Hay en el territorio 1.226 represas para la producción agraria, para 200.000 hectáreas regadas. Y cinco represas para consumo humano, 18 y para uso industrial (Fuente: Plan Nacional de Aguas).
Estudiantes
Como en todas las conferencias organizadas por los estudiantes universitarios, una vez más fueron serios inquisidores de los panelistas. Preguntaron sobre los antecedentes de represas en el territorio y sus beneficios, acerca de la intensificación del modelo productivo del agronegocio, el crecimiento de la importación de Glifosato y otros plaguicidas en general. También criticaron actitudes de los disertantes en aspectos que nada tienen que ver con el debate.
