Más incertidumbre que celebración en la Industria

La reciente celebración del Día de la Industria en el Uruguay encuentra al sector con un escenario de incertidumbre, que no es de ahora sino que se viene arrastrando desde hace años, pero con situaciones que varían de un rubro a otro e incluso entre empresas de la misma área de actividad.
Existe sí una problemática común que involucra en mayor o menor medida a todo el empresariado, y que tiene que ver con los costos internos, por el valor de insumos, el costo de mano de obra y la elevada presión fiscal, que se debe trasladar a los precios para poder mantener la ecuación financiera.
El titular de la Cámara de Industrias, Washington Corallo, dijo en oportunidad de recordarse la fecha que para hacer frente al nuevo escenario en el que deberá moverse la industria nacional, es necesaria una serie de medidas, y en este sentido el dirigente gremial mencionó la necesidad de encarar una reforma educativa, que definió como “fundamental y prioritaria”.
Corallo consideró paralelamente que “habría que revisar” la legislación laboral existente en Uruguay, habida cuenta de que “fue pensada para una forma de trabajar ya obsoleta para muchos sectores y empresas”.
Con referencia al tipo de cambio subrayó que “somos conscientes de que parte del encarecimiento es producto de una situación internacional muy particular, con abundancia de dólares y altos precios. Pero por otro lado es por responsabilidades propias, por una política fiscal que llevó a que las tarifas públicas no estén alineadas a los costos sino a las necesidades de fondos crecientes del gobierno central”.
El dirigente empresarial indicó que las empresas públicas deberían cumplir su papel a la hora de “mejorar el camino competitivo” de la industria nacional, sin olvidar la necesidad de mejorar la “negociación comercial internacional”, y considerar que pese a que desde hace algunos meses se ven “pequeños síntomas de reactivación”, se produce y exporta menos que en 2013 y acotó que “la industria ha sido el sector más golpeado en los últimos años”.
Explicó que la principal característica de la situación actual, “que se arrastra desde hace varios años, es que padecemos de una importante presión en los costos, que en general no es posible trasladar a los precios, lo que afecta significativamente la rentabilidad”.
Pues de eso se trata en esencia, porque golpea directamente la salud económico financiera de emprendimientos que generan mano de obra, que tienen dificultades para exportar por los altos costos que erosionan la competitividad, pero que hace también a menudo imposible competir con productos similares de importación porque en otras latitudes se trabaja con otros costos, y no solo por el tamaño de su economía, sino que la energía eléctrica y los combustibles son más baratos, la presión fiscal es menor, cuentan con infraestructura adecuada, mejor logística, mayor flexibilidad laboral, mano de obra mejor preparada y sindicatos maduros a la hora de negociar, sin tanto “flechamiento” y con un gobierno neutral. Todo eso, además de mayor tecnología y menor cantidad de empleados que producen más, logra mayor productividad, un concepto que es mala palabra en el mundo sindical uruguayo, sobre todo en el caso de los funcionarios del Estado.
Como consecuencia en nuestro país se siguen perdiendo puestos de trabajo, principalmente en el sector industrial. Es que siguen cerrando emprendimientos, algunos de los cuales se han pretendido “rescatar” prendiéndole una vela al socialismo, al decir del expresidente José Mujica, mediante la gestión a través de cooperativas de trabajadores financiadas con recursos del Fondes, con el común denominador del fracaso en casi la totalidad de los casos, o que por diversas razones sobreviven a “toma de aire” a la espera de los millones de dólares temporalmente salvadores que el actual gobierno esté dispuesto a quemar.
Desde el sector privado es muy acotado el margen de maniobra posible, más allá de los ajustes y racionalización de las empresas, que lo hacen para poder sobrevivir, buscando nuevos mercados, reduciendo costos en la medida de lo posible y actuando con suma prudencia en la toma de personal –en caso de necesitarlo– ante la rigidez de las leyes laborales.
La cuotaparte del Estado en la racionalización del gasto público, el cuidado en el uso de los recursos, la mejora de la gestión y la productividad, es el gran elemento pendiente en la ecuación para poder sacar a la industria y al empresariado en general de este escenario indeseable. Es impostergable mitigar la incidencia de los costos mediante una adecuación de tarifas de la energía eléctrica y de los combustibles, además de cortar el drenaje de recursos por pérdidas en organismos estatales que deberían ser superavitarios o tener nivelada su situación financiera, para pesar menos sobre la economía de los contribuyentes y los sectores reales de la economía.
Pero una cosa es como deberían ser las cosas y otra la realidad que vivimos, porque en esta opereta que es el funcionamiento del Estado, éste, con sus gastos desmesurados, sigue requiriendo más y más recursos, que obtiene del trabajo del sector privado y de los sobrecostos que aplica a través de los precios administrativos de electricidad y derivados del petróleo, como claros ejemplos de esta voracidad fiscal.
Así, por un lado, el directorio de UTE y el Ministerio de Industria y Energía (MIEM) realizan actualmente simulaciones y escenarios buscando que los menores costos de generación de electricidad se vean reflejados en una baja de las tarifas, pero por otro el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto) demandan que las empresas públicas sigan facturando más para derivar esos recursos hacia Rentas Generales.
Precisamente el semanario Búsqueda informó este jueves que el ente energético había elevado una propuesta para reducir en un 5% las tarifas a partir de enero de 2018, mientras que el MEF consideraba en cambio un aumento del 7%, es decir, una brecha de 12 puntos porcentuales entre una alternativa y otra.
Mientras el Poder Ejecutivo termina de laudar una discusión técnica-política sobre un más que factible aumento en la tarifas de la energía eléctrica que regirá a partir de enero, el Ministerio de Economía –al igual que lo hizo sobre fines de 2016– le solicitó a UTE una partida de utilidades extra de unos U$S 140 millones, por encima de los U$S 80 millones iniciales proyectados al arranque de año.
Y por más que jerarcas del Poder ejecutivo aseguren que esta dicotomía no se ajusta exactamente a los términos del planteo, los hechos confirman que efectivamente se está dando este tironeo, y que nuevamente el cliente de UTE hará las veces del pato de la boda, tanto el de economía doméstica como el empresario, que seguirán pagando la energía más cara de la región y perdiendo competitividad y rentabilidad.
Es que con un déficit fiscal cercano al 4 por ciento del PBI, el margen de maniobra fiscal es muy comprometido, y es mucho más fácil apelar a recursos obtenidos de los sobreprecios en ancas del monopolio, que buscar alternativas más complejas pero genuinas. Mientras tanto, como bien señaló Corallo, la industria se perjudica por una política fiscal que lleva a que las tarifas públicas “no estén alineadas a los costos sino a las necesidades de fondos crecientes del gobierno central”, lo que expone en toda su crudeza la encerrona en que nos encontramos.