Días atrás visitó nuestro país el Director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, ocasión en la cual desarrolló una intensa agenda de reuniones con diversos actores del mundo laboral tanto en al ámbito público como privado. La estadía de la primera figura de la OIT estuvo marcada por la situación de la queja presentada en el año 2009 ante ese organismo internacional por las cámaras empresariales de nuestro país, las cuales ejercieron un derecho que le otorgan las normas internas de dicho organismo de naturaleza tripartita integrado por gobiernos, sindicalistas y empleadores.
Es importante recordar que en su momento el Comité de Libertad Sindical (CLS) de la OIT adoptó una resolución según la cual “el ejercicio del derecho de huelga y la ocupación del lugar del trabajo deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma”, por lo que solicitó al Gobierno uruguayo “que vele por el respeto de estos principios en las normas reglamentarias que se dicten y en la práctica”. El CLS pidió al Gobierno uruguayo que, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas, tome medidas para modificar la Ley de Negociación Colectiva, a efectos de dar curso a las conclusiones de ese Comité y de asegurar la plena conformidad con los principios de la negociación colectiva y los convenios ratificados por Uruguay en la materia. Luego de que las cámaras empresariales lograran este importante respaldo nada menos que de parte del Comité de Libertad Sindical, acordaron con el Gobierno uruguayo y con el Pit Cnt suspender la inclusión del caso ante la Comisión de Normas de OIT, en una clara muestra de buena voluntad y apertura al diálogo que no fue valorada ni correspondida por la central sindical. Como fue señalado por las propias cámaras empresariales, el gesto fue inútil ya que “no hubo negociación y, por tanto, no se llegó a ningún acuerdo, ni explícito ni implícito, sobre las observaciones de la OIT”.
Esa falta de voluntad de diálogo de los sindicalistas se hizo evidente en el transcurso del presente año, cuando el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), Marcelo Abdala, manifestó, en tono alarmista, que la queja presentada por empresarios ante la OIT era “un atentado al país” y que pondría a Uruguay “en una situación de incertidumbre en la que no debería estar”. Las declaraciones formuladas por el presidente del Pit Cnt, Fernando Pereira, fueron igualmente extremistas, ya que sostuvo que “la decisión empresarial es equivocada y coloca a Uruguay en un lugar en el que no debe estar, en una lista que acá se la denomina negra, de países observados por la violación de los convenios internacionales del trabajo fundamentales (…) Colocar en esa lista a Uruguay es un agravio pero además le genera dificultades y genera una imagen negativa de Uruguay”. La ligereza empleada por ambos dirigentes sindicales en sus afirmaciones (que incluyen la mención a una supuesta “lista negra” que no existe) y la “preocupación” que les generaría dicha queja, contrasta llamativamente con su falta de voluntad para lograr un acuerdo tripartito que evite los males que ellos mismos han anunciado.
En este contexto, la llegada de Guy Ryder al Uruguay supuso reavivar la discusión de una queja que se encuentra plenamente vigente y sigue su curso normal, a pesar de que no fue tratada en la asamblea de la OIT de este año como consecuencia de ese ámbito de diálogo tripartito que no ha conseguido avanzar por la cerrada negativa de los sindicalistas a modificar la Ley de Negociación Colectiva y a reconocer el derecho a trabajar de los empleados que no están sindicalizados o que, aun estándolo, no comparten esa medida específica de lucha. En efecto, en las últimas semanas y en forma previa a la visita de Ryder, la OIT emitió un documento en el cual, como lo señala el diario El Observador se afirma que debe respetarse el derecho de los trabajadores no huelguistas y de directivos de la empresa durante una ocupación. Esta posición de la OIT, que fue claramente rechazada por el Pit Cnt, fue calificada como “surrealista” por Fernando Pereira. En este contexto, Ryder reconoció la demora en lograr una solución para este problema y que la misma implica reformar la legislación uruguaya en materia de negociación colectiva y de ocupaciones de lugares de trabajo, tal como lo expresó claramente en sus declaraciones a la prensa: “Sigo pensando que estas son cuestiones que se pueden resolver con el diálogo. Entiendo que hay ciertas frustraciones porque el proceso ha sido largo. Pero esperamos alcanzar, con la buena voluntad de cada parte, una solución satisfactoria y asegurar que la legislación uruguaya sea conforme con los convenios de la OIT”.
A todo lo anterior se le suma algo que el Pit Cnt se ha cuidado de no mencionar en todo este debate y es que, en el año 1988, esa central sindical presentó ante la OIT una queja contra el Gobierno Uruguayo por entender que el mismo vulneraba sistemáticamente las normas de la OIT sobre protección de la libertad sindical y fomento de la negociación colectiva. La queja presentada por el Pit Cnt en 1987 fue identificada con el número 1.460. En esa ocasión al Pit Cnt no le pareció “un atentado al país” presentar esa queja ni tampoco creyó que estaba exponiendo a Uruguay a “una situación de incertidumbre” o generando “una imagen para el país” y poco le importó el ingreso del nuestro país a la mentada “lista negra”. ¿A qué se debe un cambio de actitud tan evidente del Pit Cnt? ¿Por qué lo que ayer era permitido y apoyado ahora se transforma en algo censurado y objeto de todo tipo de ataques? ¿Será por el hecho de que la denuncia fue presentada por las cámaras empresariales o para proteger a un gobierno “compañero” de una resolución desfavorable en la OIT? Lo cierto es que este doble criterio sostenido por el Pit Cnt deja en claro que cuando le convenía llevar adelante una queja ante la OIT lo hicieron sin ningún problema, pero ahora que ese organismo resolvió algo que no les gusta escuchar, han puesto manos a la obra para desacreditarlo y tratar de hacer fracasar la aplicación efectiva desea decisión. Una vez más queda en evidencia la forma en que se utilizan las instituciones cuando les sirve y son desacreditadas cuando el fallo es adverso, en un peligroso juego donde la democracia está en juego, porque estos actores no creen en la justicia, los derechos de las personas ni la propia democracia.
Mientras tanto, la tasa de desempleo oficial refleja niveles altos en todo el país, aunque todavía se mantiene lejos de la realidad, esa que marca la “sensación térmica” de miles de personas que han sido despedidos o se encuentran en seguro de paro, situaciones angustiantes que deben afrontar muchos sanduceros en la actualidad.
La queja empresarial ante la OIT y el doble discurso sindical
