En los últimos días se han registrado en la ciudad de Montevideo diversos robos a cajeros automáticos mediante aparatos explosivos de fabricación casera. Esta nueva práctica ha generado tanta preocupación que la Embajada de Estados Unidos en Uruguay pidió a sus ciudadanos que tengan cuidado cuando usen dichos cajeros debido a que los delincuentes “están usando dispositivos explosivos para realizar robos”.
Ante esta modalidad delictiva, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, intentó una vez más tapar el Sol con un dedo, y recurrió para ello a la lógica perversa según la cual, o bien las víctimas son culpables de los delitos o bien desconocen que esas mismas prácticas se llevan a cabo en otros países. En rueda de prensa el ministro expresó que esta situación “muchas veces sorprende más a quienes no saben que se está haciendo en otros lados” y que “se está haciendo en otros países hace tiempo”. En pocas palabras, para Bonomi lo sucedido no es tan malo ya que pasa en otros lugares, como si eso pudiera servir de consuelo. La actitud del Ministro no es nueva y demuestra no sólo su falta de capacidad para el cargo que le ha confiado el presidente de la República sino también la soberbia con la cual se ha desempeñado a lo largo de su mandato. Basta recordar que cuando la casa de la senadora Verónica Alonso fue asaltada, el ministro volvió a culpar a las víctimas, señalando que la legisladora no había tomado medidas de seguridad ya que, según tenía entendido, Alonso no estaba en el país y la ventana de uno de los cuartos estaba abierta. Los ejemplos de este discurso oficial en materia de seguridad abarcan muchas áreas y funciona bajo la lógica futbolera de “correr de lugar el arco para que se pueda hacer el gol”. Así pues, se nos quiere hacer creer que la solución para disminuir los robos es dejar los semáforos con luces intermitentes durante la noche, cuando en realidad lo que corresponde es combatir la delincuencia. En la lógica de Bonomi, si a una persona le roban un reloj, la cartera o un celular la culpa es de la víctima por ser propietaria de esos bienes y de salir con los mismos a la calle. A modo de ejemplo, sobre las pedreas en los accesos a Montevideo el ministro ha manifestado que “llaman poderosamente la atención” intentando con ello darle un origen político partidario a un hecho delictivo que él mismo no es capaz de prevenir ni reprimir. Sin importar del delito que se trate, Bonomi ha tratado siempre de trasladarlo fuera de su esfera de responsabilidad (descuidos de la víctima, la sociedad de consumo que motiva a los delincuentes a poseer bienes que no pueden comprar, etcétera) pero la gente no es tonta y por ello las encuestas dejan en claro que la seguridad es una preocupación prioritaria entre los uruguayos. Además de soberbio, el ministro es selectivo, ya que no formuló ninguna clase de comentarios irónicos cuando las víctimas de robos fueron importantes figuras frenteamplistas como sus compañeros Danilo Astori, Rafael Michelini, María Julia Muñoz o Raúl Sendic.
Lo cierto es que Bonomi y sus antecesores en el cargo han demostrado una actitud pasiva ante el delito, la cual no es causal ni caprichosa, sino que refleja el pensamiento marxista con el cual comulgan. El propio Carlos Marx, realizando un análisis economicista del fenómeno delictivo, al cual termina por realzar y considerar necesario para el desarrollo de los países, sostiene que: “El delincuente rompe la monotonía y el aplomo cotidiano de la vida burguesa. La preserva así del estancamiento y provoca esa tensión y ese desasosiego sin los que, hasta el acicate de la competencia, se embotaría. Impulsa con ello las fuerzas productivas. El crimen descarga al mercado de trabajo de una parte de la superpoblación sobrante, reduciendo así la competencia entre los trabajadores y poniendo coto hasta cierto punto a la baja del salario y, al mismo tiempo, la lucha contra la delincuencia absorbe a otra parte de la misma población. Por todas estas razones, el delincuente actúa como una de esas ‘compensaciones’ naturales que contribuyen a restablecer el equilibrio adecuado y abren toda una perspectiva de ramas ‘útiles’ de trabajo”. Como reflejo de esta forma de pensar, el exministro del Interior José Díaz, liberó entre el 30 de setiembre de 2005 y el 12 de mayo de 2006 a 756 reclusos (10,4% de las personas recluidas en aquel momento) en el marco la llamada Ley de Humanización del sistema carcelario. Muchos de estos presos que fueron liberados volvieron a cometer delitos, pero nadie, ni siquiera el propio Díaz, reconoció el error, pidió disculpas a las nuevas víctimas de esos liberados o respondió con su patrimonio personal por los daños y perjuicios causados por los mismos. Si bien existen opiniones calificadas en el sentido que el combate del delito exige medidas de largo plazo con un enfoque interdisciplinario que refuerce los vínculos familiares y las capacidades sociales y económicas de las personas más vulnerables, no es posible sentarse a esperar durante décadas a que tales esfuerzos rindan sus frutos. Se deben tomar medidas aquí y ahora, ante hechos concretos, dolorosos y preocupantes que cuestionan el propio Estado de Derecho.
Fruto de esa pasividad, el máximo jerarca del Ministerio del Interior se niega a ejercer con autoridad y en el marco de las leyes vigentes, las facultades para combate al delito que la Constitución Nacional les otorga. Como consecuencia de sus omisiones, y a pesar de la negativa sistemática de las autoridades nacionales, existen en todo el país zonas en las cuales varios servicios esenciales como la recolección de basura, los servicios de emergencia médico móvil o la propia policía han decidido no ingresar como forma de proteger a sus trabajadores. Estas “zonas liberadas” son un “secreto a voces” para cualquiera y constituyen una gravísima renuncia del Estado a ejercer uno de sus cometidos más elementales como lo es la defensa de seguridad de los ciudadanos y el mantenimiento del orden interno. Es por ello que el ministro Bonomi debe entender, de una vez por todas, que los uruguayos que no delinquen, se ganan la vida en forma honrada y muchas veces no tienen los medios económicos para instalar rejas o cámaras de seguridad o mudarse a un barrio más seguro, también son personas cuyos derechos humanos existen, se encuentran plenamente vigentes y deben ser respetados y protegidos.