Durante décadas, y a partir de severas normas legales que castigan tanto a quienes se someten a un aborto clandestino como a los profesionales y el personal que participe en la intervención, en nuestro país decenas de mujeres al año –en números desconocidos por falta de registros y de denuncias– se exponían a grandes riesgos, que derivaban en muertes y severas infecciones, a veces invalidantes. Todo ello en el marco de una estructura legal y una sociedad sin respuestas en una problemática harto compleja por sus connotaciones.
El tratamiento y posterior aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2012 dio lugar a debates interminables, con argumentación de recibo por defensores de una y otra postura. Y cada parte ha tenido una cuota de razón. Es que el tema conlleva concepciones filosóficas, éticas, religiosas y morales, a partir del impacto traumático de interrumpir la formación de una vida humana, según desde donde se mire y sobre lo que no se ha puesto de acuerdo siquiera el mundo científico.
Pero no era posible seguir ignorando la realidad, que indicaba que por más ley punitiva, prohibiciones, condena social y severas consecuencias en la salud de la mujer –sobre todo de menores recursos– por caer en manos inescrupulosas, igualmente se seguían sucediendo interrupciones ilegales clandestinas del embarazo, con el agravante de que las circunstancias tan lamentables que llevan a este desenlace continúan vigentes pese al paso de los años.
Fue así que en el marco de una discusión transversal para toda la sociedad, por encima de partidos, y a la vez sin importar las adhesiones partidarias en el ciudadano común para los pronunciamientos a favor y en contra de la ley propuesta, se llegó a la instancia parlamentaria de su aprobación durante el gobierno anterior, porque en la primera administración de Tabaré Vázquez, por convicciones religiosas, éste había vetado una ley similar, pese a que la habían votado los legisladores de la coalición de izquierdas.
Es impensable –y la realidad lo ha demostrado— que la ley siquiera se aproxime a una solución para este tan intrincado como sensible tema, porque no hay soluciones buenas para un drama ya instalado que se da cuando las cosas llegan a una instancia traumática, y la víctima es presa de la desesperación, en la cruz de los caminos.
Aunque se ha puesto énfasis en la parte que legaliza el aborto en determinadas circunstancias y si se cumple una serie de pasos previos, la normativa incluye amplios capítulos al desarrollo de acciones educativas y de apoyo a embarazadas involuntarias, enmarcada en la faz preventiva de este tipo de situaciones.
Respecto al escenario que se ha dado a partir de la puesta en vigencia de la normativa y sus efectos, hay visiones contrapuestas o por lo menos no se coincide en la evaluación. Así, la ONG Mujer y Salud de Uruguay (MYSU) identificó una persistencia de los abortos clandestinos pese a que cada año más mujeres hacen uso de los servicios legales que se prestan en el país desde la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que despenalizó esta práctica en 2012.
Esta brecha entre las estimaciones previas a la ley y las cifras oficiales de abortos legales refleja una persistencia de la práctica clandestina, según indicó MYSU en su último Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva.
Los casos registrados aún “están muy por debajo de lo que se estimaba antes”, manifestó a EFE el investigador de MYSU y licenciado en Ciencia Política Santiago Puyol, quien agregó que “el restante podría corresponder a abortos clandestinos”.
Según datos del Ministerio de Salud Pública, entre el comienzo en 2013 de la aplicación de la Ley de IVE y 2016 se realizaron 34.589 interrupciones legales de embarazo en Uruguay, yendo cada año en aumento el número de mujeres que accedían a este sistema: 7.171 en 2013, 8.513 en 2014, 9.362 en 2015 y 9.719 en 2016.
Sin embargo, MYSU identificó “fugas” en el sistema que podrían “significar que muchas mujeres aún recurren al circuito clandestino para abortar”, según el documento.
Esta situación es determinada por una “multiplicidad de factores” como el temor de las mujeres a ser juzgadas, a que su decisión no sea respaldada o a que las intenten desestimular cuando llegan al servicio de salud”, evaluó Puyol, quien consideró además que la investigación constató una falta de conocimiento de la ley o de los servicios de aborto, dado que “no son bien promovidos” por “los proveedores de salud y el Ministerio de Salud Pública”.
Se agrega a ello la carencia de proveedores de salud que realicen las intervenciones o su concentración en las capitales de algunos departamentos, lo que implica que las mujeres deban trasladarse a lejanos centros asistenciales, teniendo así “dificultades” en el “acceso”, según el documento.
Paralelamente los datos constatan una notoria falta de profesionales, ginecólogos, psicólogos y asistentes sociales que “no siempre están disponibles”, en tanto la objeción de conciencia en especialistas, el no compartir ideológicamente la intervención del embarazo y negarse a realizarlo, es una de las razones posibles, según el investigador, para que las mujeres “decidan abortar por fuera del sistema”.
Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, los abortos en Uruguay se han ido incrementando desde que se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y el año pasado la cifra llegó a 9.719 procedimientos en todo el país, según un informe preliminar fechado en marzo.
En el 98,97% de los casos, el embarazo se interrumpió por “voluntad propia”, sostiene la cartera de Salud en su informe. Otro de los datos es que, habiendo realizado la consulta para abortar, 585 mujeres decidieron continuar con el embarazo.
De 810 fue el promedio mensual de interrupciones durante 2016, unos 200 más de lo que se registró en el año 2013, primer año en el que el Ministerio de Salud empezó a llevar las estadísticas de abortos legales realizados en Uruguay.
Respecto a la ubicación y los prestadores de salud en donde se realizaron las interrupciones de embarazo, el 57% de los casos tuvo lugar en Montevideo y el 43% en el Interior. En cuanto a los centros de salud, el 53% de los abortos correspondieron al sector público y el 47% al sector privado.
En realidad, no hay ni habrá ley de liberalización ni de prohibición, en el otro extremo, que enmarque legalmente respuestas mágicas respecto a la interrupción del embarazo, sino que deben redoblarse esfuerzos para evitar que se llegue a la instancia traumática, mediante la prevención y la educación.
Y como sostiene la ONG, debe darse una mayor difusión de la ley, promover políticas de salud sexual y reproductiva, garantizar los recursos para su implementación, ahondar en capacitación y fortalecer el sistema de registro de los casos de aborto, así como desarrollar un mecanismo de recepción de denuncias sobre el servicio, además de ir adecuando la ley para que las mujeres no se sientan desestimuladas por trámites engorrosos que desvirtúan el espíritu de la norma.
