En las últimas horas la ministra de Industria, Energía y Minería, Ing. Carolina Cosse, formuló reflexiones en torno al escenario energético y sobre todo a como se proyecta sobre el país la factura de electricidad del ente monopólico UTE, con la perspectiva de que el consumidor resulte beneficiario en alguna medida de los períodos de abundancia de producción.
La secretaria de Estado, de acuerdo con la crónica de El Observador, pretende que la tarifa de UTE sea variable en función de la demanda y los costos, e informó que su cartera envió a UTE “un documento de análisis de composición de la tarifa” eléctrica con el fin de intercambiar con el ente a partir del cambio de la matriz energética, inclusión social, alumbrado público y temas estacionales inherentes a la generación de energía.
Observó Cosse que “en algunos momentos hay mayor energía disponible que en otros, tanto en horarios del día como épocas del año, porque la mayor parte de la base es renovable. Hay momentos que llueve más o hay más viento que generan excedentes de energía y se puede pensar en estrategias (de tarifa) estacionales”.
Explicó que “el documento enviado a UTE busca abrir la cabeza a partir de todo lo que ha avanzado Uruguay con el cambio de su matriz energética en estos cuatro ejes para ver cómo encarar de forma diferente la construcción de las tarifas”, según dijo en rueda de prensa luego de disertar en el ciclo Desayunos Útiles, de Somos Uruguay. En tanto, con relación a la inclusión social, la ministra evaluó que “existen 70 mil familias con conexiones ilegales y, si se sigue el actual ritmo de inclusión, se demoraría 20 años para finalizar”. Además, sostuvo que para solucionar esta situación se debe trabajar de manera “más multidisciplinaria”.
Al hacer referencia al uso del Fondo de Estabilización Energética (FEE) dijo que “dejó una vez y media el mínimo necesario y se tomó una parte del excedente para infraestructura” que requiere el país. Si bien este fondo fue diseñado para atenuar subas de tarifas cuando se registran sequías, este martes el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que autoriza la transferencia de recursos económicos (unos U$S 173 millones) desde el FEE para utilizarlos en las obras de infraestructura que requiere el país, en particular para la vía férrea que deberá construirse para UPM.
La ministra explicó, sin embargo, que “este fondo no se calcula a la marchanta, tiene un prerrequisito de un mínimo y por debajo de este no se puede tocar”. De los U$S 300 millones que tiene el FEE, U$S 120 millones “son intocables porque así lo establece la norma”, había declarado Astori en junio a El Espectador.
Las expresiones de la ministra en el plano tarifario seguramente van en línea con lo que el usuario y los sectores reales de la economía desean escuchar, porque tanto en el hogar como en el mundo empresarial los costos de electricidad están muy por encima de la media de la región y figura entre los más caros del mundo, como es también el caso de los combustibles. Pero a la luz de la experiencia, tanto en los gobiernos de izquierda como en los de los partidos tradicionales, lo que se dice suele distar un abismo de lo que se hace, porque en el plano de las realizaciones han sobrado excusas para “explicar” por qué no se ha actuado de acuerdo a lo que se anunciara en su momento.
Y en el caso de UTE, el propio presidente del actual directorio del organismo, Gonzalo Casaravilla, en más de una oportunidad ha anunciado que el ente estaba en condiciones de bajar las tarifas teniendo en cuenta los costos de generación, que se han reducido significativamente por abundancia de agua en los embalses y la incorporación de parques eólicos que han permitido incrementar la base de generación a costos inferiores a lo que se venía haciendo.
Pero, del dicho al hecho hay un largo trecho, y mientras el máximo jerarca de UTE anunciaba lo que se podía e iba a hacer, desde el Ministerio de Economía y Finanzas, desde el Poder Ejecutivo, se dispuso que se incrementaran las tarifas, simplemente porque las arcas del Estado necesitaban los recursos provenientes de las ganancias de UTE para tratar de atenuar el déficit fiscal, que aún así continúa en el orden del 3,6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).
Es decir que el organismo ha estado en condiciones de reducir el impacto de los costos que impone sobre los hogares, sobre los productores, sobre el empresariado en general, pero la necesidad del Estado de hacer caja ha hecho que igualmente se optara por subir las tarifas, con su incidencia notoria en los costos y en los índices inflacionarios.
Encima, cuando se habla de echar mano al Fondo de Estabilización Energética para infraestructura que no tiene que ver con los objetivos del fondo, lo que se hace es borrar con el codo lo que se escribe con la mano, porque si se trata de estabilización, el propósito es precisamente dar seguridades al país de que luego de que se han pagado sobrecostos, como se sigue haciendo, ese dinero serviría para atenuar los precios a la hora de mayores costos de generación, por ejemplo por falta de agua en los embalses de los complejos hidroeléctricos.
Ergo, por mejores intenciones de que se impregnen los anuncios y reflexiones de la ministra de Industria y otros jerarcas, la experiencia y la realidad indican que el condicionamiento que implica el déficit fiscal por exceso de gastos del Estado es un escollo durísimo para estos “espacios” de sinceramiento en las tarifas.
Y al fin de cuentas, a la hora de tener que cumplir, siempre habrá un argumento a mano para “explicar” que quedará para más adelante hacer realidad la promesa de que al ciudadano le toquen alguna vez las maduras.
